Apodados de buitres argentinos, decenas de pequeños inversionistas esperan recuperar algo de la confianza y de los ahorros que invirtieron en bonos soberanos de su país.

El 24 de julio los representantes del gobierno argentino sostuvieron a una decisiva reunión con Daniel Pollack, designado por el juez Thomas Griesa como mediador entre el Estado argentino y los fondos buitre que reclaman el pago íntegro de los bonos soberanos en su poder.

Se ha hecho una investigación exhaustiva sobre quiénes son los holdouts, esos fondos que compraron a “precio vil” los bonos de la deuda argentina y luego demandaron al Estado para cobrar el total. Poco se ha dicho de los pequeños tenedores de bonos, argentinos que creyeron en su país y éste los defraudó. Es en general gente mayor, que no quiere pasar malos ratos. A la mayoría les cuesta dar la cara, por temor a que los “escrachen” o a que les manden la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) para revisar su situación fiscal.

AméricaEconomía logró conversar con dos de ellos. Estas son sus historias.

María Elena

María Elena del Corral es hija de inmigrantes españoles. Vivió dos años en California en los años 60, regresó a Argentina y trabajó 42 años como secretaria en puestos de confianza.

Hoy tiene 77 años, reside en el barrio de Palermo y asiste a talleres de pintura. Hasta ahí la historia de cualquier jubilada. Sin embargo, en 1998, cuando aún vivía con su anciana madre, la empresa suiza donde trabajaba (una importadora de cereales) les ofreció a todos los trabajadores una jubilación anticipada consistente en un bono.

Con 61 años creyó tener la oportunidad de asegurar su futuro y el de su madre y fue a al banco (hoy el Superville) para pedir consejo. “Me recomendaron estos bonos de la deuda externa, el interés era de lo menos arriesgado posible”, recuerda. Juntando la bonificación más el fondo de retiro invirtió US$65.000 en bonos, y todo anduvo bien, hasta finales del 2001.

Los años pasaban, y madre e hija seguían viviendo de la pensión de su padre y de la jubilación de María Elena. Vino el default y la madre de María Elena comenzó a tener problemas de salud: “Por muchos años, es decir, hasta el 2009, cuando murió mi madre a los 96 años, me hubiera gustado contratar a una enfermera para que la cuidara, en vez de eso fui yo quien la cuidó. Gracias a Dios tuve buena salud para eso”.

En 2004 María Elena, en vista de que ya se le hacía muy difícil solventar los gastos, decidió escribirle una carta al Presidente Néstor Kirchner preguntándole si podía hacerse una excepción y contar con un dinero mensual: “Nos contestaron que no, porque habíamos optado por legislación extranjera”. María Elena no recuerda bien cómo fue que aceptó la legislación estadounidense. Hoy ella es uno de los 13 bonistas que están incluidos en el juicio de Thomas Griesa, por lo que tiene esperanzas.

Respecto de los canjes, es asertiva: “El primero creo que tenía una quita del 65% y el otro era aún peor”. Pero los años siguen pasando y si bien cree que el dinero no hace la felicidad, sí ayuda a mantener la tranquilidad. María Elena quiere tener el dinero suficiente por si se enferma. “Jamás hice una trampa, trabajé toda mi vida y no quiero ser una carga para mi familia”, afirma. Para quienes la tratan de buitre o de ser antiargentina, ella recuerda que cuando hizo esa inversión confió en su país y en sus autoridades, pero además todos le decían que el dinero estaba seguro porque se trataba de deuda soberana. “A veces recuerdo el día en que hice esa inversión y me digo por qué no me quedé encerrada en el baño”.

Si bien María Elena está cansada de esta situación, hoy se ve más confiada que hace unos años, o mejor dicho esperanzada por el juicio que se lleva en Estados Unidos. De Griesa opina que es “un señor muy culto, muy preparado. Por eso espero un arreglo entre las partes, que nadie salga realmente perjudicado”. Aclara que no está especulando, y que sólo quiere que le devuelvan su dinero. Aparte de su salud, ella se preocupa por las cuatro sobrinas, las que necesitan de una educación universitaria.

María Elena del Corral habla rápido; no quiere llegar tarde a su taller de pintura. Tal vez le hace mal recordar el desamparo que vivió: “El bonista raso, como yo, lo único que puede hacer es rogar a Dios. Quiero mucho a mi país, pero me he sentido totalmente desamparada por el Estado argentino”.

Tampoco quiere hacerse ilusiones. Ver para creer. Lo único que quiere es no vivir lo mismo que su madre, vivir sus últimos años con los cuidados mínimos.

Horacio

Horacio Vázquez tiene 57 años, es ingeniero, hincha de Racing, está casado con una contadora y desempleado hace casi 15 años. A simple vista Horacio tiene los mismos problemas que cualquier argentino, pero su historia es más complicada. A fines de 2000, y en vista de una fuerte campaña que hizo el gobierno de esos años, decidió invertir US$70.000 en bonos del Tesoro argentino. Antes de desembolsar el dinero averiguó que los fondos de pensión invertían en esos bonos; parecía una inversión segura y con un rédito a mediano plazo.
Pero vino el 2001 y a Horacio y a su esposa les “secuestraron” sus cuatro cuentas bancarias. Vivían en carne propia lo que se conoció como el “corralito”. Y como los males siempre vienen juntos, perdió su trabajo. La calamidad se consumó con el default. Salió a reclamar por sus derechos: iba junto a otros afectados por el “corralito” a Plaza de Mayo, exponiéndose a los golpes de la policía de civil. La experiencia le sirvió para conocer gente. Así fue como a fines de 2002 ingresó a una asociación de víctimas del default, en la que sólo alcanzó a estar seis meses, porque casi junto con la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, él formó la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (ADAPD) con el fin de defender tanto a ahorristas como a bonistas.

En un barcito del barrio de Belgrano, frente a una taza de café, Horacio recuerda todo eso, con menos pelo y más años. En medio de la charla lo llama su padre y él contesta. Luego retoma y lanza una piedra: “Para mí el default fue un golpe de Estado que dieron un grupo de gobernadores para licuar su deuda”. No se explica cómo, por un lado, se licuaron las deudas y, por el otro, se cancelaron los bonos a los bancos. “Hubo un tratamiento para las instituciones financieras y otro para los ahorristas”, concluye.

Hace más de 10 años ADAPD tenía todos los papeles en regla y, como no había otra organización reconocida que luchara por los intereses de los bonistas, sostuvo reuniones con autoridades como el secretario de Finanzas de la época, Guillermo Nielsen, e incluso en representación de ADAPD propuso una forma de pago a los más de 700 bonistas que representaba. Sin embargo, un año más tarde, en 2005, se imponía el canje con un modelo de quita: “Cuando se vino ese canje nosotros dijimos que eso no nos convenía. Juntamos dinero, hicimos unos afiches y los pegamos por el centro”, recuerda.

Con lo que no contaban era que la Corte Suprema, en un fallo muy ambiguo, transformara el canje de voluntario en obligatorio, al menos para todos aquellos que estaban regidos por la legislación argentina. Esto debilitó a la asociación, quedando sólo los que tenían bonos que se regían por la legislación estadounidense. Él es uno de ellos.

Cuando vino el canje del 2010, Horacio se dio cuenta de que el gobierno estaba ofreciendo mucho menos que en el 2005, por lo que decidió no entrar: “Cuando estás a mitad del río, tenés que nadar hasta la otra orilla”, afirma. Y nadar a la otra orilla era esperar hasta que se cumpliera el fallo que la justicia estadounidense dictó en su favor en 2006, luego de tres años de juicio.

A diferencia de María Elena, Horacio no aparece entre los 13 bonistas privados argentinos incluidos en el caso que lleva el juez Thomas, Griesa, a quien considera permisivo con el gobierno, pues “le permitió hacer dos canjes”. Aun así tiene fe en la negociación entre el Estado y los holdouts.

Para este bonista, la actitud del gobierno argentino ha sido “criminal hacia nuestro pueblo”. De haber solucionado el problema de aquellos que quedaron fuera de los dos canjes, Argentina hubiera tenido acceso a créditos internacionales a una tasa muy baja. Precisamente lo que ha intentado hacer el ministro de Economía, Axel Kicillof, cerrando acuerdos con el Club de París, el Ciadi y Repsol. De ahí que le incomode un poco, cuando buena parte de la prensa oficialista lo ha tratado de “buitre argentino”.

Horacio está muy cansado, ya no quiere mirar hacia el pasado, hacia la inversión que hizo hace casi 15 años, al juicio que le ganó al Estado ni a los trabajos esporádicos que ha tenido durante todo este tiempo. Hoy quiere mirar al futuro, a través de los ventanales por donde se observa el tráfico de Avenida Cabildo, con ese ir y venir de las callecitas del barrio de Belgrano y de todo Buenos Aires. Cuando llega la cuenta, todo ese futuro parece desmoronarse.