El gobierno argentino quiere que al menos algunos componentes de los autos eléctricos los fabrique la industria local.

En junio de 2009, el gobierno argentino le prestó algo más de US$ 66 millones a la filial local de General Motors, cuya empresa madre, en ese momento, estaba quebrada. En noviembre de 2010, la compañía devolvió el préstamo y en junio de este año, en una mezcla feliz de publicidad y agradecimiento personalizado, le llevó a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, un flamante Chevrolet Volt. Se trataba de un visita de cortesía para decirle que así se convertía en la primera mandataria de la región en conducir ese vehículo eléctrico. En la conferencia de prensa posterior Sergio Rocha, presidente y director ejecutivo de General Motors para Argentina, Uruguay y Paraguay, anunció inversiones por casi US$ 150 millones y la ocupante de la Casa Rosada le pidió a Rocha que considerara la fabricación de baterías de litio en Argentina. “Estamos dispuestos a realizar una inversión para explotar nuestras reservas de litio y convertirnos en proveedores de baterías para los coches eléctricos”, declaró.

Hay muchos empresarios locales de acuerdo. “Hasta el 2004 el precio de la tonelada de carbonato de litio no superaba los US$ 2.500; en cambio, hoy el precio es de US$ 6.000 la tonelada”, dice Sergio Echebarrena, presidente de Capipe (Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro Energética).

Pero hay un problema con las baterías para automóviles de litio-ion: “Tienen un precio de mercado de US$ 20.000” y se necesitan alrededor de 15 kg de carbonato de litio para fabricarla”, dice Echebarrena. “Es decir, menos de US$ 15. ¿Qué nos conviene? ¿Producir y exportar litio?”, se pregunta.

Echebarrena recuerda que “sólo tres empresas controlan casi el 80% de la producción del mineral en el mundo”. Mientras que “producir baterías implica un entramado productivo complejo de proveedores de tecnologías”. En otras palabras, mucho más nutrido.

La estrategia incipiente del gobierno argentino, al parecer, consiste en ofrecer rebajas del 35% al 2% en el arancel de importación de autos eléctricos y apoyo crediticio, a cambio de que las automotrices fabriquen parte de la tecnología en suelo local. Algo consistente con su estrategia industrial.