Los tres principales candidatos presidenciales brasileños afinan sus propuestas para el comienzo oficial de la campaña. Con sus matices, todos buscarán proponer cambios que no afecten los programas sociales.

Tras el Mundial, que no fue precisamente una fiesta para los brasileños, comienza la campaña presidencial. Para los equipos de los candidatos es el momento de pensar y actuar, pues el 19 de agosto comienza el horario electoral gratuito en TV abierta y hay un solo consenso global: todos hablarán de cambio.

Según las últimas encuestas, entre 70% y 80% de los brasileños desea cambios sustantivos en el país. En este contexto los candidatos y sus equipos tienen claro que llegó la hora de mostrar sus cartas. En el último mes tres de los principales candidatos oficializaron sus respectivas candidaturas sin mayor debate interno: la presidenta Dilma Rousseff (PT), Aécio Neves (PSDB) y Eduardo Campos (PSB). En sus eventos de entronización aprovecharon de mostrar los equipos que diseñarán sus programas de gobierno. El desafío para todos ellos es claro: diferenciación. Algo no tan fácil de lograr con una pauta dominada por un conjunto de temas que afectan a todo el país: corrupción, violencia y malos servicios públicos.

La presidenta prometió en su campaña de 2010 hacer cambios “urgentes”, pero durante la discusión efectiva de esos cambios poco tuvo que decir, dada su condición de candidata del continuismo. En medio de las protestas de junio del año pasado la presidenta apareció en red nacional proponiendo una reforma política mediante un improvisado plebiscito, lo que provocó chistes en las redes sociales e indignación en el mundo político. Hoy se limita a decir que estos cambios son necesarios y que sólo se lograrán con el apoyo de la población.

En contraste, Aécio Neves es un defensor entusiasta de la reforma tributaria. Como Fernando Henrique Cardoso y José Serra, Neves es un “tucano”, lo que significa contar con el apoyo de una parte importante de los empresarios. Por ello defiende la simplificación del engorroso sistema hacendario brasileño y promover mediante esta vía el crecimiento económico. Sobre la reforma política ha sido menos concreto.

Por su parte, el socialista-centrista Eduardo Campos, que fue hasta hace poco aliado del gobierno, defiende una reforma tributaria más moderada, en sintonía con su compañera de chapa, la ecologista Marina Silva. “Seré el primer presidente que no aumentará los tributos”, prometió durante el acto de lanzamiento de campaña, el pasado 28 de junio. “Vamos a salvar a los municipios de la encrucijada en que los colocó Dilma".

La presencia de Marina Silva y de la llamada Red por la Sostenibilidad en su candidatura le ha restado a Campos apoyo empresarial, especialmente por la insistencia de ésta en impuestos verdes y medidas de apoyo a la innovación y a las empresas pequeñas y medianas, fórmula que el empresariado más conservador y con mayor flujo de capital tiene recelo de discutir.

Austeridad con populismo

Pero si hay algo en lo que coinciden las dos candidaturas opositoras son las críticas a la política económica intervencionista de Dilma y a su correlato, alta inflación y elevadas tasas de interés, que se han combinado con el ciclo económico internacional para un año de crecimiento económico escuálido. Neves es partidario de reducir el gasto público y, con ello, bajar la inflación a un 4,5% en el lapso de dos años.

Campos va por el mismo camino y propone un ajuste en las cuentas fiscales mediante la reducción de cargos y la modernización del sistema de compras públicas. Ambos, Neves y Campos, garantizan que es posible reducir el imponente costo de la máquina estatal mediante medidas administrativas, como achicar o fundir ministerios. La propuesta no le traerá el apoyo de los cientos de miles de funcionarios públicos del país, pero tiene asidero: el gasto público total se ha mantenido, con vaivenes, en torno a 21% del PIB (en México es 12%) mientras que la deuda pública representa un 56,8% del producto. “Defiendo que tengamos una política fiscal mucho más austera de lo que es ahora”, ha dicho Neves.

La sintonía opositora en estos temas llevó a la presidenta a preparar un discurso de defensa. Durante la convención de su partido en junio insistió en la tesis de que su gobierno ha hecho todo lo que está en sus manos para controlar el alza de los precios. Para enfrentar las críticas -el IPC anualizado rompió el techo de 6% y hay proyecciones pesimistas que lo sitúan en un 6,5% para fines de año- Dilma hizo un análisis que abarca el período de gobierno de Lula y el de ella. “Fue el período más largo de baja inflación en la historia del país”, dijo refiriéndose a los 11 años de gestión del PT.

Para Rousseff, las promesas de sus adversarios no tienen asidero en la realidad del país. “Nosotros creamos las condiciones para defender los grandes resultados de un ciclo extraordinario”, dijo durante esa ocasión. “Y tenemos la fuerza para anunciar un nuevo ciclo de desarrollo”.

Donde hay consenso transversal entre los tres principales candidatos es en los programas sociales. Habilitados durante la era PT, cuentan con un apoyo transversal en la población y tocarlos estaría lejos de dar rédito electoral. De ahí una situación que resulta paradójica: Neves y Campos no sólo elogian programas como Bolsa Familia y Mi Casa Mi Vida, sino que han prometido que invertirán aún más en ellos. Para el gobierno, el desafío es convencer al electorado de que estos programas peligran con las candidaturas opositoras.

Neves llegó incluso a proponer una ampliación del popular programa de transferencias condicionadas Bolsa Familia, manteniendo durante seis meses dentro de la planilla de pagos a padres de familia que hayan superado la renta mensual máxima. Será uno de los ejes de campaña de los tucanos durante las franjas de radio y televisión.

Campos se la ha jugado más por la retórica para enfrentar los “rumores” que según él ha esparcido el PT en torno a los programas. “Basta de política rastrera”, declaró en un evento reciente. “En nuestro gobierno vamos a acabar con la corrupción. Nuestro gobierno va a mantener Mi Casa mi Vida y va a mantener la estabilidad económica”.

Así las cosas, equilibrar propuestas de cambio con mantener programas que el ciudadano valora (y que fueron creados durante los gobiernos del PT) es un desafío no menor para la oposición. Más aún cuando ningún político cuenta con un capital de credibilidad ante una ciudadanía que se ha cansado de oír historias de corrupción, despilfarro y abusos administrativos. Muchos brasileños ganan 13 salarios al año, pero los congresistas ganan 15. Cada diputado y senador puede tener entre 25 y 50 colaboradores a sueldo de la corporación, con lo que la planilla de empleados llega a US$3.000 millones anuales. Muchos congresistas suman su dieta a jubilaciones por cargos anteriores, como el ex presidente José Sarney, que fue gobernador y juez en su estado natal de Maranhão, con lo cual gana más de US$ 30.000 al mes.

Y así, mientras los brasileños dan vuelta la página del traumático Mundial de Fútbol, los publicistas y creativos de campaña afinan sus guiones para seducir al electorado. No hay experto que dude de una buena campaña televisiva para ganar las elecciones. Y para ello es crucial sacar partido del tiempo asignado. La ley contempla dos franjas de propaganda de 25 minutos en TV y radio, tres veces a la semana. Un tercio, o sea 8 minutos, se reparte equitativamente entre los candidatos, pero el resto es proporcional al tamaño de sus bancadas en el Parlamento. Por ello Dilma contará con un 45%del horario total. ¿Aprovechará la ventaja o la dilapidará como el seleccionado de fútbol que se dejó aplastar por Alemania?