Los rumores de estatización de YPF crean turbulencias, pero el gobierno argentino lo que quiere es inversión acelerada para recuperar el autoabastecimiento.
Como aves migratorias de papel que siempre vuelven, durante el aniversario de la guerra de las Malvinas, en Buenos Aires han aparecido los característicos carteles que reivindican su soberanía sobre el archipiélago. La novedad, este año, es que uno incluye la demanda de que YPF, el brazo local de Repsol-YPF, sea estatizada. Como el horizonte en que humo hay no pocas veces oculta un fuego que se expande, la visita sorpresiva a Argentina del presidente de Repsol, Antonio Brufau, fue vista como parte de un juego de tira y afloja, donde el objetivo de las autoridades argentinas es presionar con fuerza a la compañía para que acelere e intensifique sus inversiones en gas y petróleo no convencionales, de manera de volver a reequilibrar la balanza energética y, así, mantener su superávit comercial y de cuenta corriente, esencial al modelo económico kirchnerista.
Cuestión de precios. Sin duda una nacionalización sería un golpe duro de tragar para Repsol: YPF es su buque insignia y representa el 57% de su negocio. Pero los expertos lo consideran muy improbable. “No contemplamos la nacionalización de YPF como posible en este momento”, dice Jorge González, analista de Repsol del Banco Sabadell de España. Y no es para menos si se tiene en cuenta que “la compañía está valorada en aproximadamente U$S 16.000 millones”, agrega. Por otro lado, para desarrollar zonas no convencionales, Argentina “va a requerir de socios extranjeros con un mejor acceso al mercado de capitales y tecnología aplicada a la exploración y producción de hidrocarburos”, puntualiza. Álvaro Navarro, analista de Repsol del Grupo Cimd de España, también desestima una posible nacionalización de la petrolera, dado que “la balanza energética argentina requiere de inversiones para detener el declive de la producción de hidrocarburos. Y el gobierno argentino no tiene la capacidad de hacerlo con mayor eficiencia”. De hecho, YPF va a ampliar sus inversiones en Argentina en más de U$S 2.400 millones anuales en los próximos años.
Para González, de Banco Sabadell, lo que sucede es que “el gobierno argentino quiere que las compañías inviertan, pero todavía no se atreve a subir los precios internos de la manera que sean rentables para éstas”. Argentina es un importador neto de recursos energéticos y el incremento del precio del gas cada vez es mayor. El analista detalla que en Argentina se pagan U$S 2,5 por millón de BTU (Unidad Térmica Británica) de gas, pero está importando a más de U$S 14 dólares (y por el gas que le compra a Bolivia, Argentina paga US$10,2 por millón de BTU). “Es necesario subir los precios internos si se requieren inversiones”, agrega.
En la provincia de Neuquén la visión es diferente. “A diciembre de 2010, la mayor productora de hidrocarburos de la provincia, Repsol-YPF, tenía un incumplimiento de inversión de aproximadamente unos US$ 1.300 millones”, dicen los voceros del oficialista Frente para la Victoria, el bloque político de referentes locales oficialistas, representados por la senadora Nancy Parrilli, el diputado Alberto Ciampini y el político local del Movimiento Popular Neuquino Jorge Tobares. Los tres quieren que el gobierno central derive recursos para que la empresa de energía provincial explote pozos gasíferos. Corren a Cristina Kirchner “por izquierda”, pero su discurso no parece viable. Según González, la realidad muestra que hay una de cal y otra de arena: es cierto que hay compañías que “han invertido muy poco y merecen un tirón de orejas”, pero si se quiere que se invierta en gas, los argentinos “van a tener que desarrollar un programa de precios de gas paralelo que, al final, va a tener que ser trasferido al consumidor”.
¿Mucho ruido, pocas nueces? Juan Carlos Martínez, responsable del informe Inversiones Españolas en Latinoamérica, del Instituto de la Empresa de Madrid (IE), cree que detrás del conflicto lo que hay es “un afán recaudatorio, y (el gobierno) presiona a YPF como cuando se quedó con el dinero de las AFJP, para subsanar como sea, los importantes desequilibrios que tiene en su economía”. Para el experto el mensaje enviado a la petrolera Repsol a través de YPF “es populista, chavista y no seduce en nada a los inversores”. González disiente en cierto aspecto: “con o sin Cristina Kirchner, absolutamente todos los gobiernos ven en los hidrocarburos una fuente importante de ingresos para sus presupuestos públicos a través del incremento de tasas e impuestos”.
Pero en el largo plazo todo podría ser una tormenta en un vaso de agua. “Si esto hubiera sucedido en Inglaterra, casi podría asegurar que ninguna empresa española hubiera dicho nada ni se hubiera generado tanta polémica en torno de esta situación”, explica el profesor Julimar da Silva, catedrático de Economía Aplicada del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). “Los países emergentes tienen cada vez mayor capacidad de intervención en este tipo de situaciones, porque no les queda otra que regular para evitar los abusos del poder económico y cuando lo hacen son tachados de populistas”, dice.
Sólo números. Que el asunto es más de “caja” antes que de ideología lo señala el hecho de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sancionó con dureza a YPF por el impago de una deuda tributaria que asciende a los U$S 8 millones. Se prohibió a la petrolera cualquier tipo de exportación de combustible y la importación de los insumos necesarios para su funcionamiento hasta que regularice sus cuentas con Hacienda. E YPF no está sola en esto. Hay más de 300 empresas exportadoras que no han saldado sus cuentas con el fisco, aunque no han sido sancionadas tan duramente como la petrolera.
No obstante, el verdadero problema de fondo reside en el deseo de las autoridades argentinas de recuperar a paso redoblado el autoabastecimiento tradicional. Para ello también se usa como herramienta de presión sobre las petroleras a los gobernadores de las provincias argentinas que poseen petróleo. En un informe presentado por la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), éstos advirtieron que podrían quitarles algunas concesiones de explotación a las compañías si no elevan sus niveles de producción e inversión para estabilizar el autoabastecimiento. En vistas a ello, fijarán “inversiones mínimas necesarias” para llegar a “las metas que maximicen los volúmenes de producción sustentable por yacimiento”.
Que la sangre no llegará al río puede anticiparse gracias a dos datos: los yacimientos gigantes de gas y petróleo ahora explotables con la técnica del “fracking” y el management local de YPF en manos de la familia Eskenazi, de buena relación con las autoridades. La energía está. Hay que ponerse de acuerdo para sacarla. “El problema de YPF en la producción ha venido más por el declive natural de los yacimientos convencionales que por las inversiones en los últimos cuatro años. Y se ha visto agravado por las huelgas en el sur del país”, reseña González, para quien la clave del asunto está en los precios que fija el gobierno. “Para que las empresas se animen a invertir más, los precios deben ser más rentables”, afirma.
