La formación de grupos de autodefensa frente al narcotráfico y la delincuencia se expande por México. Muchos temen que derive en grupos paramilitares de distinto signo.

Bruno Valerio asegura que las autodefensas en el estado mexicano de Guerrero no son un levantamiento armado, ni están en contra del Estado. Ellos –dice– son meras víctimas de las políticas públicas y la clase política. Los números le dan la razón.

Guerrero junto con Oaxaca y Chiapas son las entidades con menor Índice de Desarrollo Humano; algunos de sus municipios se ubican a la par de los del África subsahariana, y además son víctimas de la delincuencia, el secuestro, la extorsión y la impunidad. Por eso salieron en enero con sus escopetas y armas de caza para detener a 40 presuntos delincuentes: “gente que se porta mal”, les dicen.

Bruno Plácido Valerio tiene el gesto adusto y el cuerpo compacto. Se parece a Manny Pacquiao, pero con una diferencia: al filipino, ex campeón mundial de boxeo, se le ve en las fotos la piel suave, mientras que a Valerio, más bajito, se le nota el sol del campo. El mexicano también es un peleador nato, aunque lo suyo no es deporte. Desde hace varios años dirige la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), agrupación que le debe su nombre al primer guerrillero de América, Vicente Guerrero. Pero Valerio insiste que su movimiento pretende reestablecer el Estado de Derecho y devolverle la dignidad al ciudadano. Incluso asegura que la etapa de autodefensa ya se ha terminado.

La mecha de estos movimientos, sin embargo, ha prendido en otras partes del país. En Michoacán, donde operan los llamados Caballeros Templarios (herederos de la truculenta banda conocida como La Familia), aparecieron a finales de febrero otros grupos menos “inocentes”. Encapuchados, armados con pistolas Petro Beretta y fusiles de asalto AK-47 y R-15, desarmaron a los policías municipales y los “relevaron” en su puesto. Desde entonces los pobladores se hacen cargo de la seguridad y afirman estar en contacto con el ejército y la policía federal para entregarles a quienes detengan.

Estas comunidades basan su accionar en el artículo segundo de la Constitución mexicana, que reconoce la multiculturalidad y el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Pero este derecho tiene límites, explica Jorge Gutiérrez, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Uno es el artículo 17 de la carta magna que prohíbe la justicia por propia mano.

USOS Y COSTUMBRES

Para Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las autodefensas “constituyen una situación peligrosa para la gobernabilidad”.

El problema, para los ciudadanos, radica en la sensación de indefensión y en las omisiones que hace el Estado en temas de seguridad. De acuerdo al más reciente reporte de Transparencia Internacional sobre corrupción policiaca, México ocupa el lugar 105 de 176 países.

Según diversos medios de comunicación, en la actualidad las policías comunitarias ya operan en ocho estados. Unos 20 grupos están en Guerrero, tres en Morelos, uno en Jalisco, dos en el estado de México, al igual que en Veracruz, Oaxaca y Chihuahua. En Michoacán se habla de un aproximado de 40 grupos organizados. El caso más famoso es el de los habitantes de Cherán: en 2011 dictaron toque de queda para proteger a sus ciudadanos de narcotraficantes, talamontes y secuestradores, y se quejan que desde noviembre pasado las autoridades no han vuelto a dialogar con ellos.

Cherán está un paso adelante de la UPOEG. Sus miembros decretaron un régimen de usos y costumbres tradicionales para definir su sistema de justicia, con un consejo mayor y una serie de consejos operativos en temas de justicia, gestión barrial y del agua, radio xomunitaria, etc. Algo que, según Bruno Valerio, buscaron hacer sus comunidades en una asamblea comunitaria que se celebró a fines de febrero.

GUARDIA BLANCA

En el caso de Guerrero existen al menos tres variables que explican el fenómeno. La primera es la incapacidad del Estado mexicano y de las autoridades locales para proteger a la población. La segunda es la geografía y la violenta historia local. Y la tercera es que Guerrero lidera la producción de marihuana y amapola, según explica Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico y director del portal Méxicoseguridad.com.

Este especialista en temas de seguridad advierte del riesgo de que caciques locales o grupos criminales construyan guardias blancas o grupos paramilitares. “En Colombia el Estado certificó a las autodefensas y éstas terminaron por traicionarlos a todos”, afirma.

En otras palabras, existe una delgada línea que separa el derecho a la seguridad con la formación de grupos paramilitares patrocinados por el poder económico local. Rodríguez Sánchez Lara propone capacitar a las policías comunitarias, pero también someterlas a la ley federal de seguridad y a los controles de confianza que se aplican al resto de las policías del país.

La discusión sobre el tema ha ido tomando fuerza, y de hecho ha provocado encontrones virulentos entre representantes de distintos niveles del Estado. Un ejemplo reciente fue el intercambio de insultos entre el izquierdista gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el coordinador de los diputados del partido gobernante, Manlio Fabio Beltrones. “Manlio se quedó anclado en el pasado, se quedó hace 30 años; seguramente que las expresiones que tuvo responden a su vocación represora, recuerden nada más dónde se formó”, afirmó Aguirre en referencia al paso de su contendor priista por los servicios de inteligencia del país, en la época de la guerra sucia contra la guerrilla y cuando éstos eran más bien una policía política.

La respuesta de Manlio fue similar en el tono descalificador: “Yo no personalizo ninguna discusión, primero me voy a enterar si estaba sobrio [Ángel Aguirre], para saber en qué condiciones pudo emitir una declaración tan irresponsable”, señaló, para luego insistir en que, de propagarse de manera irresponsable, las guardias comunitarias podrían lastimar el Estado de Derecho: “Lo que habría que preguntarse en todos estos lugares es si se respeta el Estado de Derecho, si estamos cumpliendo con nuestras obligaciones o solamente eludiendo nuestras responsabilidades”, señaló.

De dicha discusión se enteró Bruno Plácido Valerio por la televisión. Estábamos juntos en un modesto restaurante esperando que nos sirvieran la sopa. “Manlio cree que todos ganamos su sueldo y la forma en que él vive es la de todo el país”, señaló.