El gobierno argentino inicia el año electoral intentando controlar dos frentes relacionados: las negociaciones salariales y la inflación.
Marzo en Argentina no sólo es el mes donde los chicos empiezan las clases ni donde las familias hacen más gastos, sino también cuando se cierran muchas paritarias, esto es, las negociaciones por el aumento de los salarios por sector. Para muchos es la primera señal inflacionaria del año.
Salvo excepciones, como la de los trabajadores públicos, son acuerdos entre trabajadores y empresarios. Para el gobierno lo ideal es que los distintos aumentos no superen el 20%, ya que este año hay elecciones parlamentarias y la inflación es un problema grande: al punto que el gobierno decretó un congelamiento en los precios de los supermercados por dos meses, hasta el próximo 1 de abril. Pero el tiempo pasa y ya hay paritarias que han cerrado: los parlamentarios se aprobaron un incremento del 21,8% (el año pasado lo habían hecho en un 100%) y los aceiteros cerraron en 20%.
INDICADOR LÍDER
Pablo Tigani, gerente general de la Consultora Hacer, discrepa con esta idea de que el alza de los salarios sea una señal inflacionaria para 2013. Para él es importante “para que no se potencie la misma y termine perjudicando a quienes supuestamente deberían ser los beneficiarios”. Su afirmación hace recordar las palabras de la presidenta Cristina Frenández, cuando subió hace un mes el mínimo no imponible, el mal llamado “impuesto al salario”, a US$ 1.680 para solteros y a US$ 2.310 para casados con dos hijos, y dijo que la discusión de los salarios no podía ser para el 17% de los trabajadores que aún seguirían pagando ese impuesto, sino para la mayoría.
Para Carlos Melconian, cabeza de la lista parlamentaria del opositor PRO, el manejo que ha tenido el gobierno nacional, en el sentido de ponerles un tope del 20% a los incrementos de los salarios, no es nada nuevo, ya que es el segundo año consecutivo que lo hace. Melconian afirma que con este techo “el gobierno ignora lo que está sucediendo con la suba de los precios en el consumo interno. Sin embargo, no lo ignora completamente, porque ya el año pasado pidió 18% de techo y ya vemos lo que fue la inflación el año pasado [cerca del 25% según cifras no oficiales, cerca del 11% según el INDEC]”. Para este economista, el gobierno crea una ilusión, porque efectivamente se pueden cerrar alzas de un 20%, “pero con bonos y otras compensaciones termina siendo muy sobre lo acordado”. En este sentido los docentes, quizá el sector más grande del fisco, con más de 600.000 trabajadores, son para Carlos Melconian un leading indicator, y parece que llegar a un acuerdo con el gremio no será tarea fácil: en la provincia de Córdoba, por ejemplo, se aprobó un aumento de un 26% y el gobernador, José Manuel de la Sota, es un enemigo del gobierno. Ya algunos sectores privados, como los bancarios, no aceptaron el 20%. Por otro lado, a mediados de febrero, el Ministerio de Educación de la Nación cerró las paritarias con los docentes en 22%.
Para el economista Agustín D’Atellis, de La Gran Makro, el aumento de los salarios hay que mirarlo desde una perspectiva más amplia, “desde una política económica nacional que apunta a controlar alzas en los precios sin acudir a la receta del ajuste propuesta por algunos sectores y algunos economistas de perfil ortodoxo”. Para D’Atellis, trabajar en las negociaciones paritarias fijando un techo “quita presión a los precios a la vez que permite a la economía continuar transitando la senda del crecimiento, sin generar pérdidas de empleo”. Pero además advierte que, al observar los datos de los últimos años, “la economía ha crecido a tasas altas, pero también ha mejorado sustancialmente la distribución del ingreso, logrando incrementar fuertemente la participación del salario en el ingreso total”.
Pero el optimismo del gobierno, como se ha visto en los últimos años, no es compartido por todos. Gustavo Genoni, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, coincide con Melconian en la importancia de la negociación con los docentes, ya que el gobierno pone de manifiesto que busca limitar el aumento de salarios de la misma forma que busca controlar los precios de algunos bienes: “El gobierno interpreta que la mayoría de los empresarios y trabajadores deben limitar sus ambiciones y ofrecer la misma cantidad de bienes y trabajo a cambio de precios limitados, mientras el Estado sigue emitiendo dinero en forma desmedida”. Para Genoni, el gobierno de Cristina Fernández quiere que el gasto público crezca, pero la inflación se lo impide. Desde este punto, “la puja redistributiva ya no se da entre empresarios y trabajadores, sino entre los beneficiarios de las transferencias del gobierno y el resto de los trabajadores y empresarios de la economía”.
Ciertos economistas más heterodoxos están seguros de que tras opiniones como las de Melconian existe una intención de desestabilizar al gobierno, creando la sensación de crisis económica y pérdida de rumbo que, para Pablo Tigani, “no existe”. Para este economista, “el gobierno ha demostrado tener astucia y hoy además acumula mucho poder; no es fácil empujarle el carro”.
Si bien Cristina Fernández ha demostrado estar empoderada, sus medidas económicas en el último tiempo han sido cuestionadas e incluso, en algunos casos y en algunos medios, vapuleadas.
PLANCHADOS, PLANCHADOS
Casi al mismo tiempo que el FMI aplicaba una moción de censura a Argentina por la falta de credibilidad de las estadísticas de inflación, el gobierno anunció en simultáneo un nuevo IPC nacional (que reemplazará al IPC del Gran Buenos Aires) y el congelamiento de precios en los supermercados entre el 1 de febrero y el 1 de abril. Los medios y economistas de oposición comenzaron a hablar de control de precios. Desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) señalaron a AméricaEconomía que no tenían nada que decir al respecto, que ellos sólo medían la inflación.
En esto curiosamente también concuerda el economista Carlos Melconian, para quien existe cero vinculación entre la “sanción” del FMI y las medidas tomadas por el gobierno, pues “el FMI es ignorado en un 100% de parte de las autoridades”. Melconian explica el congelamiento de los precios por una constante que ya se venía dando otros años: en diciembre y enero se constataron alzas importantes en los precios. Para este economista y figura del PRO, como 2013 es un año eleccionario y el gobierno parece estar decidido a no tomar ninguna “medida antiinflacionaria seria” hasta después de las elecciones, “estamos en un escenario en donde, mientras el congelamiento más se lo tomen en broma, más están preparando el ajuste postelectoral, sea cual sea el resultado”.
Si bien el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani, y miembro de la mesa chica de la Confederación General del Trabajo oficialista (CGT de Antonio Caló), aún no se habla de ajuste postelectoral, señaló que esta medida tendría escaso efecto y bromeó con que los empresarios subían los precios ante la inminencia de las paritarias y luego volvían a subirlos cuando se firmaban los acuerdos.
A medida que iban pasando los días los medios opositores fueron acusando al gobierno no sólo de lo artificiosa que era esta “política”, sino también de “atacar la libertad de expresión” y buscar “el ahogo de los medios independientes” al prohibir a los supermercados y a las cadenas de electrodomésticos promocionar sus ofertas en esos medios. La subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila Colombo, salió entonces a aclarar que tal prohibición no existía y acusó a Clarín de “instalar la idea de desabastecimiento, al incitar que la gente vaya a comprar con temor”.
Tanto las autoridades de gobierno como las organizaciones de defensa del consumidor han negado constantemente este desabastecimiento. Sin embargo, Gustavo Genoni, de la Universidad Torcuato Di Tella, augura que esta situación podría darse, ya que el congelamiento de precios lleva a largo plazo al desabastecimiento de los productos “planchados” y a su sustitución por otros más caros: “En un sistema de propiedad privada las empresas producen más de aquello cuyo precio relativo sube y menos de aquello cuyo precio relativo baja. Así, cuando los gobiernos, que obviamente no tienen capacidad de fiscalizar los precios de todos los productos, fijan los de algunos bienes y no los de otros, los productos de precio pautado tienden a desaparecer de las góndolas y ser reemplazados por similares de precio más alto”.
También hay otras opiniones, como la de Andrés Asiain, de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche, para quien el congelamiento de precios guarda relación con el aumento de salarios: “Me parece que los acuerdos de precios con las grandes cadenas de supermercados buscan atenuar los aumentos de precios para lograr un contexto de paritarias”. Para este economista, el objetivo es que lograr “incrementos nominales de salarios pueda tener un efecto real similar al de los años anteriores (donde los salarios le ganaron levemente al incremento de los precios), mejorando de este modo la distribución del ingreso y evitando acelerar la inflación”.
El congelamiento ya está dando señales. Por un lado, los supermercados están ahorrando dinero al no promocionar sus ofertas en los medios nacionales, pero por otro el Centro de Investigación de Finanzas de la Torcuato Di Tella, a través de su Encuesta de Expectativas de Inflación de febrero, dio 33% de inflación para el 2013, lo que significa que la medida no estaría teniendo efecto, al menos en la cabeza de la gente. Otros especialistas, como Daniel Vardé, la consultora Deloitte, plantearon la posibilidad de que el congelamiento se convirtiera en una política económica.
¿Qué pasará entonces? Lo cierto es que la incertidumbre cunde y sólo resta esperar.
