Una nueva ley estadounidense podría obligar a empresas como Chevron o Exxon a informar todos los pagos que realizan a gobiernos extranjeros. ¿Estarán dispuestos los gobiernos como el argentino a seguir haciendo negocios con ellas?

La contabilidad no es precisamente una profesión para hacerse famoso. A veces algún contador comparece al banquillo de los acusados o pasa a la historia, como Frank J. Wilson, el agente del Departamento del Tesoro estadounidense que logró llevar a Al Capone ante una corte federal por fraude tributario.

En su libro Perfectly Legal (2003), el periodista investigativo David Johnson sostiene que Chevron, la segunda mayor petrolera estadounidense, eludió impuestos por unos US$ 3.250 millones a través de un complejo esquema de precios que involucraba una filial en Indonesia. Por su parte, ExxonMobil se vio envuelta en el llamado “Kazakhgate”, un escándalo de corrupción que involucró a ejecutivos de la compañía y altos funcionarios de una ex república soviética rica en petróleo.

La contabilidad de las grandes empresas de recursos naturales estánnuevamente en el centro de la controversia con motivo de la sección 1504 de la Ley Dodd-Frank, la mayor reforma del sector financiero desde la Gran Depresión y la legislación estrella del presidente Obama para controlar los excesos de Wall Street. De un lado están las empresas de petróleo y gas, que la critican duramente a través de sus asociaciones y lobbies, y del otro, las ONG pro transparencia. En medio está la venerable SEC -agencia federal que intenta patrullar el mundo financiero- a la que ambos bandos acusan de hacer mucho o muy poco.

Queremos datos. Las memorias anuales de Chevron o Exxon contienen torrentes de información acerca de negocios upstream o downstream, flujos de efectivo, amortizaciones de capital, etc. Poco o nada de lo que pagan en África, Asia o América Latina por concepto de impuestos, royalties o licencias, pero sobre todo los “gastos asociados”, un área gris donde caben muchas cosas que las empresas preferirían no divulgar.

El texto de la sección 1504 se basa en el argumento de que la falta de transparencia también genera zonas oscuras sobre el quehacer de las empresas, además de poner en riesgo la gobernabilidad de los países y la estabilidad del sistema en su conjunto. La normativa pide “una divulgación corporativa específica”, indicando una relación entre pagos a gobiernos extranjeros y proyectos concretos. Algo que en la industria causa escalofríos.

“Se está imponiendo una carga a las empresas que no genera más transparencia, y además les reporta una desventaja competitiva en el mercado”, dijo Grant Aldonas al programa radial Energy Tomorrow, producido por el Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés).

Para Aldonas, un consultor que fue además subsecretario de Comercio  durante el primer gobierno de George W. Bush, la nueva legislación impondrá también costos vinculados a crear nuevos estándares contables. Por su parte, Misty McGowen, directora de relaciones federales de la AIP, sintetizó la postura del lobby petrolero en el blog The Hill: “Urgimos a la SEC a corregir los aspectos anticompetitivos de su propuesta”.

Aunque la Ley Dodd-Frank entrega una fecha exacta para que la SEC defina conceptos tales como ‘proyectos’ y ‘gastos asociados’, la agencia se atrasó más de un año, dejando que el proceso siga abierto y, por ende, susceptible a presiones de detractores y partidarios.

Estos últimos conforman una larga lista de ONG, inversionistas institucionales como los poderosos fondos de pensiones canadienses, o voces individuales como el multimillonario George Soros. Sólo una empresa minera figura en este grupo, la estadounidense Newmont Mining, con sede en Denver, Colorado, y una importante presencia en México y Perú, donde tiene el 51% de la minera Yanacocha.

El núcleo duro de apoyo a la sección 1504 es la coalición Publish what you pay, encabezada por OXFAM. Después enviar una carta donde le dan 30 días a la SEC para programar una reunión que defina las reglas de la sección, entablaron un juicio en mayo de 2012 que busca obligar a la SEC a sesionar y finiquitar el tema, sin incluir las excepciones que piden las grandes petroleras.

Este tipo de batallas en los pasillos de las oficinas federales son el día a día en Washington D.C. Los adversarios de la sección 1504 argumentan que ésta las dejará en una clara desventaja ante las empresas públicas/estatales de países como Rusia y China. “Los gobiernos no están obligados a invitar a Chevron o a Exxon a sus licitaciones si no se sienten cómodos con lo que estas empresas están obligadas a informar”, dice Aldonas.

Exagera, pues la petrolera china Sinpec cotiza en Wall Street, al igual que YPF. Se quejan también del alto gasto que significaría informar sobre cada detalle, y por ello se oponen a que los pagos sean relacionados con proyectos específicos. El lobby anti 1504 prefiere -si es que hay que hacerlo- una cifra global por país. Insisten también en que ya existen otras leyes y regulaciones. Citan, por ejemplo, la Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), un esfuerzo multilateral. Y a nivel estadounidense, el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que exige revelar posibles coimas a funcionarios públicos de otros países. Esta de más decir que son pocas las empresas que voluntariamente han entregado tal información. De los 200 casos investigados por coimas y corrupción desde 2008, menos de 20 corporaciones han entregado información que las incrimina.

En enero de 2012 la API envió una carta a la SEC amenazando con un posible juicio porque las reglas de la sección 1504 ‘desafían una orden ejecutiva’ que requiere un previo análisis de costo-beneficio de las agencias federales en sus regulaciones. Para los voceros de API estarían en peligro “miles de millones de capital invertido”.

Quizá la primera gran prueba de la sección 1504, si la SEC finalmente la despacha en su versión íntegra (algo que está por verse), sean los yacimientos de shale gas de Vaca Muerta, en Argentina. En los próximos meses comenzará la competencia entre las grandes petroleras internacionales por asociarse a la nueva YPF estatizada para su explotación. Y se verá si un gobierno como el de Cristina Fernández considerará para ello a empresas como Exxon o Chevron. ¿Serán invitadas a una licitación si una ley federal las obliga a divulgar más información que sus rivales chinos, rusos o franceses? Pronto lo sabremos.