La expropiación de YPF recorrió Iberoamérica como un sismo y sus réplicas definirán tanto el futuro petrolero de Argentina como el de Repsol.
“Nadie va a llorar por Repsol”. Lo dice, en Buenos Aires, Jorge Lavagna, hombre acostumbrado a ríos de lágrimas y funerales de envergadura. Como ex ministro de Economía inmediato al default argentino, sabe lo que son las decisiones duras. Hoy es un opositor al gobierno de Cristina Fernández, pero concuerda con la nacionalización de la petrolera: “Repsol no cumplió con sus compromisos de inversión. No se pueden distribuir dividendos entre 80% y 90%. Eso dejó a la compañía sin capacidad para invertir en el país”.
Muchos se sorprenderán con la opinión del ponderado y prudente Lavagna. La decisión de la Casa Rosada de expropiar el 51% de las acciones de YPF, la filial local de la compañía española, fue como un rayo que dividió al mundo en dos. Y no sólo entre españoles y argentinos, o economistas ortodoxos y heterodoxos. No pocos proveedores españoles de Repsol o compañías petroleras texanas se alegraron, mientras funcionarios públicos mexicanos, colombianos y chilenos se enfurecieron. Sin embargo, más allá de pasiones, credos e intereses, la lección de lo ocurrido es que los intereses de las compañías multinacionales de commodities no siempre coinciden con los de los Estados en que operan, menos en un contexto de mercados de altos precios y escasez creciente. Simplemente sus metas son distintas.
¿Qué ocurrirá en el futuro, luego de los hechos consumados? Si no hay acuerdo de buenos oficios, con relativa certeza el Estado argentino ganará en los tribunales locales y será derrotado en el Ciadi. Además Repsol deberá tener mucho cuidado con el manejo de sus pasivos; la nueva YPF argentina obtendrá más inversiones de las esperadas (con socios que evitarán el acoso judicial de la española creando sociedades locales) y Antonio Brufau, el CEO de la compañía, perderá la cabeza y no será llorado.
Imprudencia. Para muchos, parte esencial del problema reside en que Antonio Brufau pecó de arrogante. No hizo lugar a lo obvio: Cristina Fernández no iba a sacrificar su superávit comercial para permitir que Argentina se convirtiese en un importador estructural de hidrocarburos. La idea, que corre sotto voce en España, se grita en Argentina. “Su actitud (la de Brufau) ha sido muy arrogante, como la de un virrey en la época de la colonia. Se pensó que Argentina era África. Se creyó más poderoso que el Estado y que el gobierno”, opina el ingeniero e investigador Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios del Futuro, ex consultor de la ONU en temas energéticos y uno de los expertos más consultados en temáticas de energía en América del Sur.
Pero no se trata únicamente de una ceguera personal. “Repsol era un pez pequeño que se comió a un pez grande”, recuerda. Así, “antes de la compra de YPF, en el 98, era sólo una pequeña refinadora. Compró YPF adquiriendo una gran deuda que le exigió una ingeniería financiera que implicó un elevado pago de dividendos y la dejó sin recursos para invertir en exploración. Esta es la realidad de Repsol en Argentina y no otra”, dice Bronstein.
Cuando los españoles tomaron el control, YPF representaba el 42% de la producción nacional de petróleo. Hoy está en el 34%, en tanto que en la gasífera pasó del 35% al 23%. Esta situación ha llevado a que “este año el país tenga que importar combustible por alrededor de US$12.000 ó US$14.000 millones, cuando hace un año era de 3.000 mil millones”, resume Lavagna, para quien “la producción de Repsol empezó a caer ininterrumpidamente desde hace unos años hasta ahora mientras otras empresas incrementaron su inversión y producción”.
En España muchos trinan. Aunque la descripción previa fuera la acertada, el modo de actuar del gobierno argentino resulta desproporcionado: “La expropiación ha sido agresiva, repentina e inesperada y ha dejado a Repsol sin ninguna compensación”, sentencia Álvaro Navarro, analista que sigue a Repsol desde el Grupo Cimd.
La joya. Por una parte, Repsol debe convencer de que la mutilación sufrida no es ni grave ni mortal, en busca de evitar la desconfianza de los inversores. Por otra, tampoco debe minimizar su impacto en exceso, de modo que no pueda pelear una compensación que aminore el daño. Se trata de un equilibrio dificultoso. El negocio de YPF representaba algo más del 50% de la producción total de hidrocarburos de Repsol y cerca del 40% de sus reservas. Repsol tenía el 57,43% de la propiedad de YPF, la que cerró el pasado año con un beneficio de explotación de 1.231 millones de euros, lo que constituye el 25% del total de la compañía. En 2011, según datos de la empresa, alcanzó una producción total de 495.000 bep/día, lo que supone un peso de YPF en Repsol superior al 50%. Sin embargo, al inaugurar la nueva refinería en Cartagena, Brufau dijo creer que sin YPF el beneficio de Repsol “será igual o mayor” y que Repsol es “mucho más” que el negocio de Argentina.
Aunque lo primero parece un bluff, lo último sí es cierto. “La renta que le proveyó YPF le sirvió para iniciarse en el negocio del upstream en diversas partes de mundo. Desinvirtió en Argentina y priorizó el desarrollo en otras partes”, dice Bronstein. Para Lavagna, que Repsol haya hecho lo que hizo es responsabilidad de las autoridades argentinas: “Cuando Repsol tomó a YPF era una refinadora y distribuidora y sin capital, sin experiencia en la exploración y producción y sin tecnología, al igual que la filial local, el Grupo Petersen; en esto radica la política errónea del gobierno en materia energética”.
“YPF era la joya de la corona” de Repsol, indica el economista de la Universidad de Chile y ex ministro de Planificación y Cooperación de ese país, Roberto Pizarro. “Sus utilidades, que promediaron US$858 millones anuales en el periodo 1997-2002, pasaron a US$1.434 millones anuales entre 2003-2011. Con rentabilidades de retorno sobre patrimonio neto y retorno sobre activos con crecimiento espectacular: promedios anuales entre 1997 y 2002 de 11,5% y 9,8%, respectivamente, mientras que entre 2003 y 2011, estos indicadores fueron 21,6% y 19,9% respectivamente”. De esta forma, estima, “estas rentabilidades son manifiestamente superiores a las de Repsol en el resto del mundo (10% y 6%, respectivamente). Las ventas de YPF pasaron de US$5.837 millones en 2003 a US$12.425 millones anuales en 2011”, agrega.
Toda esta geografía de cifras es y será objeto de polémica al intentar valuar la empresa para compensar la expropiación. El gobierno argentino ha dicho que no pagará los US$15.000 millones en los que Brufau ha valorado YPF. Y Repsol posee una cierta cojera en este aspecto del debate, dado que “encabeza el listado de empresas del IBEX 35 como la que más sociedades tiene en paraísos fiscales (45 en total, según el Observatorio de la Responsabilidad Corporativa en España), explica Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. “Repsol utiliza paraísos fiscales para tratar de tener aquí la menor carga fiscal posible”, agrega.
Por su parte, Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de Argentina, cree que se deben “auditar las concesiones y sólo después de eso se puede saber el valor de la empresa”. El actual director de Instituto Argentino de Energía, no piensa que la nacionalización de por sí asegure ningún éxito. Se necesitan “inversiones anuales por una cifra entre tres y cuatro veces más altas que las ganancias de YPF”. Lapeña especula que podrían no llegar a Argentina precisamente por el miedo en los inversores que genera la expropiación. Daniel Montamat, también ex secretario de Energía, dijo -en el debate de la ley de expropiación en el Senado argentino- que sólo la provincia de Neuquén “necesitará de US$5.000 a US$6.000 millones anuales” en inversiones para extraer su petróleo y gas de esquisto. Así, las cifras oscilan entre US$3.500 y US$6.000 millones.
No obstante, se puede predecir que las inversiones no serán un problema este año y el próximo. El Estado y los bancos argentinos pueden invertir de US$2.000 a US$3.000 millones sin desfondarse. ¿El resto? Se habla mucho de Sinopec –con la que según el Financial Times, Repsol mantenía contactos para venderle YPF a espaldas del gobierno argentino–, pero están más a mano compañías como Petrobras, Medanito, Conoco Phillips y Apache, que ya operan o están por operar en Argentina. En Madrid, Navarro coincide parcialmente: “El negocio es de alto riesgo. Habrá inversiones, pero no creo que en el corto plazo”.
Para Lavagna, pronto el eje de la discusión pasará de cuánto hay que pagar, a cómo será el manejo del sector de los hidrocarburos en el nuevo escenario. “El futuro tiene más que ver con las reglas que se impongan de ahora en más y no con el pasado. El negocio petrolero se mueve en zonas de alto riesgo. En Estados Unidos, muchas compañías ya mostraron su alegría porque Repsol no será su intermediaria para entrar en Vaca Muerta y China parece mostrar la misma satisfacción, y eso que está asociada a Repsol en Brasil”, dice.
Juicio. Pero Argentina tiene un obstáculo antes de cantar victoria total. Desde 1994 adhirió al Ciadi (Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones, ICSID por sus siglas en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial que ayuda a constituir tribunales arbitrales internacionales que dirimen las controversias entre las sociedades transnacionales y los Estados. Éstos, al aceptar esta jurisdicción para dirimir conflictos con empresas privadas, renuncian a una prerrogativa fundamental de la soberanía, como es la competencia territorial de sus tribunales nacionales. En América Latina no son parte del Ciadi Brasil, Cuba, Haití, México y la República Dominicana. En mayo de 2007 Bolivia se retiró, Ecuador lo hizo el año pasado y en enero de éste, Venezuela. “Al momento Argentina no se ha retirado y debería hacerlo sin demora para afrontar en mejores condiciones el litigio con Repsol”, explica el jurista Alejandro Teitelbum. Antes de ir al Ciadi, tendrá una gracia de 18 meses en que Repsol puede acudir a los tribunales argentinos, según se acordó al privatizar YPF. Pero después, en especial si la indemnización es baja, la expectativa es favorable a los españoles.
Pero es posible que Brufau no vea ese momento. Por el momento, su continuidad al frente de la compañía no está en discusión. Navarro (del Grupo Cimd) entiende que “si el principal accionista, que es Caixa Banc, les respalda a él y a sus consejeros, seguirá allí, aunque hay personas con amplia capacidad de gestión para sucederle”. En contra le juegan el que, tanto lo sucedido con Argentina como la dureza con la que Repsol y Brufau trataron a sus socios Sacyr/Pemex hace pocos meses, ha extendido cierto imaginario alrededor de la multinacional: “que muestra una nula capacidad para negociar y eso no cae bien”, indica una fuente del mercado en España. Pero si sobrevive enfrentará el dilema de vender o conservar el 6,45% que todavía Repsol posee en YPF. El valor eventual de ese “resto” será un barómetro del éxito o fracaso de la expropiación.
