¿Invertiría usted en un país de violencia extrema, baja productividad y con un déficit fiscal pavoroso? Un grupo de empresas colombianas lo está haciendo.
A mediados de 2011 el colombiano Alex Ortiz voló de Bogotá a Tegucigalpa. Al salir del Aeropuerto Toncontín tuvo que abrirse paso a través de una telaraña de franquicias de comida rápida que llenan la capital hondureña. Su hotel estaba rodeado por de barrancas y casuchas.
Ortiz es ingeniero y tiene 54 años. Fue líder sindical y en 2008 fundó la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional (UTEN), una agrupación que difería de las políticas radicales de otras organizaciones en su país. La UTEN promovía un sindicalismo propositivo y con visión empresarial; entre 2008 y 2010, bajo el liderazgo de Ortiz, firmó contratos de operación con la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios para hacerse cargo de centrales eléctricas en Cauca y Amazonas, ambas intervenidas y en proceso de liquidación. Estos contratos siguen vigentes y le dieron a UTEN una experiencia de gestión que Ortiz propuso llevar fuera del país.
Después de aquel primer viaje prospectivo Ortiz siguió viajando a Tegucigalpa, afinando una propuesta financiera para que UTEN se hiciese cargo de la deprimida Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la generadora, transmisora y distribuidora nacional de energía eléctrica de Honduras. Una apuesta arriesgada, por decir lo menos. Según Raf Flores, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), la ENEE tiene una deuda de US$650 millones y sus pérdidas, que en 2010 fueron de un 21%, hoy están en casi un 40%.
“Las pérdidas se han agravado a causa de la falta de inversión en las redes de distribución y transmisión del sistema interconectado nacional de esa empresa”, dice Flores.
En octubre pasado el subgerente de la ENEE, Leonardo Deras, señaló que 350.000 hondureños están colgados a la red y no pagan por el servicio. Ortiz va más allá: “La tecnología es muy vieja y el Estado no ha invertido casi nada en la ENEE, dado que la deuda nacional come todo lo posible desde la inversión pública”, afirma. “Eso es un saco roto que hay que arreglar desde el fondo”.
Todo es lento
Honduras es uno de los países más pobres de América Latina. El déficit fiscal proyectado para este año es del 6% y la deuda pública representa casi 70% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que pone en duda hasta los mejores planes de inversión. Según el índice Doing Business del Banco Mundial, Honduras se ubica en el lugar 127 a nivel mundial para hacer negocios. En cuanto a proteger a los inversionistas y hacer cumplir los contratos, está en los lugares 170 y 182, respectivamente.
Como si fuera poco, Honduras tiene la tasa más alta de homicidios a nivel mundial. Según Alden Rivera, ministro de Desarrollo Económico en Honduras, “perdimos entre 2009 y 2010 casi US$1.000 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) a causa de la inestabilidad política, la crisis financiera internacional y la inseguridad”.
Hugo Noé, economista hondureño del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que tanto la inseguridad como la falta de mano de obra capacitada en Honduras han resultado en que 61% de la inversión extranjera en Centroamérica esté destinada a Panamá y Costa Rica.
En este contexto la entrada de un inversionista extranjero a ENEE es vista como un elemento crucial para ir disminuyendo el déficit fiscal, tanto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que envió una delegación a Honduras a principios de septiembre, como por el Banco Central de Honduras (BCH).
En septiembre de 2013 Ortiz, a nombre de la UTEN, hizo una oferta por US$325 millones por la empresa. Pero después de casi un año, el negocio aún no se concreta y sigue atrapado en los recovecos de la burocracia hondureña.
Gozando el riesgo
La UTEN no es el único ejemplo de inversión colombiana en Honduras. En 2012 Davivienda, el tercer banco más grande de Colombia, pagó más de US$830 millones por los activos del banco británico HSBC en Costa Rica, El Salvador y Honduras. Del total, US$150 millones fueron destinados a Honduras.
La cementera Argos, por su parte, entró en Honduras comprando la compañía francesa Lafarge por US$306 millones en septiembre del 2013.
“Las compañías colombianas han elegido los sectores de alta rentabilidad en Honduras recogiendo los activos de las europeas que necesitaban recaudar capital a raíz de la crisis financiera global”, dice Noé, de Icefi. “Ellos sí saben gozar el riesgo”.
Sin embargo, operaciones como la de Davivienda y Argos se dan en un contexto centroamericano, donde Honduras es un eslabón marginal del portafolio de activos.
“Honduras es un alto riesgo para los bancos colombianos, pues están limitados por el ambiente operacional”, dice Felipe Carvallo, analista sénior de Moody´s. “Los que ya están allá tienen una presencia muy limitada; la de Davivienda es la más alta, con aproximadamente el 10% de sus activos en el país”.
El plan de UTEN para transformar la sangría de la eléctrica hondureña en utilidades no tiene nada de extraordinario: subir tarifas, despedir trabajadores. Ortiz explica que la ENEE tiene más de 5.000 empleados y sólo necesita la quinta parte. “Aquí (en Colombia) nuestras empresas se manejan con 95% de técnicos y sólo entre 5% y el 10% de administrativos; en Honduras es al revés”.
El ejecutivo afirma que hay gente que va sólo a marcar y recibir el cheque, y que se dan casos de realismo mágico, de trabajadores que nadie conoce y que tienen en casa un reloj tarjetero.
El plan de la UTEN incluye reducir la planta a 1.000 empleados en ocho años, planteamiento radical para una organización sindical. De hecho su socio en la oferta para dirigir ENEE es nada menos que el Sindicato Nacional de la Energía Eléctrica de Honduras (STENEE), cuyo presidente, Miguel Aguilar, reconoce que “el modelo financiero implicará aumentar las tarifas por el 5% y renegociar la deuda tanto con los bancos líderes como con los generadores de energía térmica”.
Y aquí radica uno de los eslabones débiles del negocio: durante años la falta de inversión pública implicó que ENEE fuera siendo desplazada del negocio de la generación por operadores privados como Nacional de Ingenieros, Envasa y el Grupo Terra. Éstos representan hoy el 63% de la generación eléctrica, mientras que ENEE se quedó bailando con la fea: llevarles electricidad a los hondureños, y cobrarles.
Quién manda
Entres los puntos de la discordia está el 51%. Ortiz y UTEN apuestan al control mayoritario de la compañía y a poner colombianos en los puestos clave. “Si no nos dan las herramientas técnicas y administrativas para cambiar absolutamente todo y tener el control, no metemos ni un solo dólar allá”, dice Ortiz.
Aguilar, del sindicato hondureño, explica que es también un tema de cifras. “El gobierno no puede cerrar el negocio hasta que lleguen a acuerdo con bancos y otros inversionistas; buscan una inversión encima de los US$800 millones”, dice. “Y no han podido convencer a la UTEN de invertir los US$500 millones que faltan”.
Ortiz ve un tema político y presiones de los diputados para evitar que el control de ENEE quede en manos de un operador privado extranjero. Y deja entrever que hay otro actor de por medio: la empresa privada local. “El Estado no acepta nuestra oferta dado que buscan el 51% de las acciones de la ENEE”, dice.
Después de tres años Ortiz se declara desmotivado y perdiendo el impulso de sus inversionistas (a quienes no identifica). “Nadie te va a guardar US$300 millones durante dos o tres años sentado allí perdiendo plata y no haciendo nada”, dice. Aun así tiene programado volver a Tegucigalpa hacia finales del año y, si su contraparte Aguilar tiene razón, el gobierno debería haber ya cerrado el negocio a mediados de noviembre. Si más encima Honduras recibe el apoyo del FMI, el escenario para este y otros inversionistas colombianos podría cambiar.
