España dejó de ser la tierra prometida para miles de latinoamericanos. Pero regresar no es fácil y no todos los gobiernos lo perciben como un problema.

“¿Qué más da mi apellido?”, pregunta Susana, una uruguaya nacida en Montevideo, mientras aguarda en la puerta de un edificio que se haga la hora para subir por una “cama caliente” (que se alquila en una casa de familia sólo para dormir por un par de horas). Susana es profesora de literatura y llegó en 2002 a Barcelona, donde trabajó en una guardería y luego como camarera; y desde hace unos meses, en un bar de comida rápida en Madrid. “Estoy juntando para poder regresar, pero se me hace cada vez más difícil”, explica con voz atragantada.

La historia de Susana no es  única. Cientos de  trabajadores latinoamericanos sufren los embates de la feroz crisis ibérica que ya arrincona a 5,7 millones de desocupados con una tasa de desempleo que afecta a un cuarto de la población económicamente activa.  

En julio pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó el informe Las perspectivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde advierte que un 36% de la población no tiene trabajo. El número que se encuentra en situación de pobreza es una incógnita para las ONG, las que derivan los casos más graves a la Organización Mundial para las Migraciones (OIM)o a la Cruz Roja. Éstas operan los llamados planes de Retorno Voluntario, financiados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España.

Por las buenas. Según cifras oficiales, en agosto pasado había un total de 677.086 latinoamericanos trabajando legalmente en España, un 20% menos que en agosto de 2009. Las mayores caídas corresponden a los colombianos, ecuatorianos y peruanos.

Muchos han regresado normalmente a sus países. El problema son aquellos que no cuentan con los recursos para hacerlo. En julio pasado, la OIM, con sede en España, impulsó y gestionó el retorno de 177 chilenos en situación de extrema vulnerabilidad. La ministra chilena del Trabajo, Evelyn Matthei, se comprometió a colaborar como agente de coordinación en la reintegración de los retornados.

“Estos trabajadores adhieren al plan de Retorno Voluntario de la OIM, financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, que dota a cada integrante de la familia que retorna con 450 euros y el billete de avión”, explica Eva Valdés, de OIM. Para ello, las personas tienen que cumplir una serie de requisitos como, “contar con cinco años de residencia en España, estar desempleados y carecer de ingresos económicos”, agrega.  

Hace menos de un mes, el consulado argentino en España se vio obligado a repatriar a una familia que le pidió asistencia sin éxito durante un año, quedó en la calle y se vio obligada a ocupar dos casas para no perder la custodia de sus ocho hijos. La familia de la uruguaya Andrea Garrone y del argentino Raúl Maneiro tuvo que ventilar su caso en los medios y pidió ayuda a Cristina Kirchner con una bandera sobre la que suplicaron: “Cristina, ayúdanos a volver”. Los medios argentinos se hicieron eco del tema y la presidenta dispuso de inmediato la ayuda para su retorno. Garrone y Maneiro quedaron desocupados hace dos años, luego que los echaran del vivero en el que trabajaban desde que llegaron a España en 2002.

Las listas de espera del Plan de Retorno Voluntario se alargan y no hay recursos para retornar a todos. “A mi hermana se la llevó una ONG, porque estaba muy enferma; yo, en cambio, sigo aquí, y no sé si mañana iré a la calle”, cuenta Liliana Atanasio, una kinesióloga argentina que aún vive en la casa de su ex pareja y está desocupada. Atanasio acudió a la Cruz Roja para pedir asistencia de retorno “y me pusieron en lista de espera. También recurrí al consulado argentino de Vigo, pero allí me dijeron que no podían ayudarme”, cuenta.

Los colectivos cuyos inmigrantes más se han acogido al retorno voluntario son los que llevan menor tiempo de residencia en España, tienen mayor cantidad de miembros en situación administrativa irregular y menor acceso al mercado laboral. Por el contrario, los que más arraigo tienen son conocedores del sistema, del mercado y de distintas redes de apoyo.

El retorno de los inmigrantes ha implicado también una caída de las remesas hacia América Latina. Según cifras de la consultora española Remesas.org, basadas a su vez en las del Banco de España, los ecuatorianos remesaron € 1.284 millones en 2007 contra € 938 millones en 2011. Los colombianos, por su parte, remesaron € 1.286 millones en 2011, prácticamente la misma cifra que 2010. Las caídas las lideran los peruanos, con un 10%. La cifra global se ha estabilizado en torno a los € 7.200 millones.

Tarea de Estado. Bolivianos y argentinos, por su parte, encabezan las estadísticas del retorno voluntario. 1.242 argentinos fueron asistidos entre fines de 2009 y 2011 por el Programa de Retorno Voluntario de Atención Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, que es aplicable únicamente a inmigrantes extracomunitarios que se encuentren “en situación de especial vulnerabilidad comprobable a través de los Servicios Sociales de su zona de residencia u ONG especializada”. Y aún no se tienen las cifras de los primeros seis meses de 2012 cuando la crisis española atraviesa su peor etapa, ni se cuantifican los que aguardan en las listas de espera con la ilusión de recibir ayuda para el retorno.

“La situación es muy dura y empeora debido a la crisis”, asegura Yolanda Villavicencio, presidenta de la ONG AESCO y la primera diputada latinoamericana por la Asamblea de Madrid, que ha logrado retornar a 1.200 inmigrantes ecuatorianos, peruanos, colombianos y bolivianos.

Independientemente del programa español, Paraguay y Ecuador también están retornando a su gente. En las  universidades españolas, los planes de retorno asistido de estos dos países son estudiados como referentes ejemplares. Incluyen el traslado de enseres, muebles, e incluso, asesoramiento y ayudas para reinserción social en el país de origen y también la repatriación de ciudadanos muertos. Hace pocas semanas Colombia promulgó su Ley de Retorno.

Hay otros gobiernos más duros. Uruguay exige a sus ciudadanos que devuelvan el dinero de los pasajes que se les facilita para retornar y las ONG chilenas y argentinas reclaman la urgente intervención de sus respectivos  gobiernos a través de una política estructural de retorno, y no de ayudas aisladas. “Se necesita delinear políticas públicas que favorezcan el retorno digno y un compromiso político que permita diagramar un plan de asistencia integral”, dice Alberto Velozo, de la Federación de Asociaciones Argentinas en España y Europa (FEDEAR).

Víctor Sáez Barriga, presidente de la Asociación Violeta Parra, ve con buenos ojos la colaboración ofrecida por la ministra Matthei, pero señala que no alcanza. “Aún son muchos los chilenos que quedan desamparados aquí a la espera de una ayuda y la situación se agrava día a día”, dice.