Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.

El boom de la industria de reproducción asistida lleva ya décadas con una curva con tendencia pronunciada hacia arriba, y es la hora que opera sin una supervisión y regulación adecuada en México.

Bueno, lo más correcto sería decir que carece realmente de regulación, algo muy delicado en un ámbito que tiene que ver sencillamente con la gestación y procreación, es decir, con nacimientos de nuevas vidas humanas. La Cofepris que lleva Julio Sánchez y Tepoz es la que da los permisos como a cualquier otro establecimiento de servicios médicos, pero no existe un reglamento específico para las especializadas en técnicas de reproducción, que cada vez son más.

En primera instancia es muy loable la labor de estas clínicas que apoyan a las parejas con dificultades para embarazarse, las cuales han ido incrementándose debido a varias razones, entre ellas, pero no la única, que se ha ido posponiendo la edad en que las mujeres deciden tener familia (resultado esto de una falta de conciencia en la sociedad por tener un andamiaje de reconocimiento y facilitación al crucial papel de la maternidad y paternidad, lo cual es tema para otra columna).

Es muy importante que se defina en la ley, bajo las convicciones bioéticas que como país acordemos, cuál es el modo en que deben operar las clínicas de reproducción asistida, y un reglamento muy claro donde se establezca qué sí está permitido y qué no.

Si permanecemos en una ausencia absoluta de marco legal en este aspecto, lo más peligroso es que funcionen bajo la máxima de “lo que no está prohibido está permitido”. Hay cadenas reconocidas internacionalmente que operan en México y aseguran hacerlo bajo condiciones éticas, profesionales y de eficiencia médica, pero no se sabe cómo están operando pequeñas e innumerables clínicas en los estados de la República, donde por cierto la Cofepris ha clausurado varias; en particular en el estado de Tabasco, donde se ha intentado reglamentar pero con muchos huecos.

Entre lo que es obligado definir, por ejemplo, está la maternidad subrogada, que implica el préstamo de vientre o el uso de óvulos donados. Y si se llega a permitir, cómo evitar que sea manejado como negocio y que derive en un mercado oscuro de renta de vientres maternos o venta de óvulos, lo cual sería aberrante en un escenario de delincuencia organizada que lamentablemente penetra en todos los ámbitos con elevada ganancia.

Otro aspecto fundamental es el seguimiento que debe darse a los nacidos bajo técnicas de reproducción; esto, dados los indicios de que pueden ser más susceptibles de ciertas enfermedades respecto de los nacidos bajo embarazo natural.

El doctor Juan Luis Alcázar, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, abordó el tema hace unos días en México, invitado por la Red Latinoamericana de Abogados y Early Institute, un think tank autónomo e interdisciplinario de profesionales mexicanos dedicados al análisis y diseño de propuestas para proteger a la niñez y a su familia.

El doctor Alcázar nos mencionó que aunque falta hacer más investigación se han detectado problemas de alteraciones congénitas, estructurales a nivel corazón, neurológico e intestinal, y empiezan a surgir datos de alteraciones cromosómicas que afectan a varones conforme seguimiento hecho a adolescentes nacidos bajo técnicas de reproducción asistida. Algunos médicos hablan también de posibles trastornos psiquiátricos en el espectro autista.

No se trata de ser alarmistas, pero si el Congreso mexicano analiza las iniciativas para regular este sector, y ya está cerca de llegar a un consenso, los legisladores deben tener la sensibilidad de escuchar a todas las partes, no sólo las de la industria interesada, sino también las que hablan de los riesgos.