Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.

Sería interesante y paradójico que durante el próximo sexenio la cooperación público-privada se despliegue con todo en el sector salud.

Y es que no se ve de qué otra forma pueda hacerle el gobierno entrante para, en un escenario de máxima austeridad, alcanzar el objetivo fundamental de proteger y garantizar el derecho a la salud en igualdad de condiciones para todos los mexicanos, como establece el proyecto de nación de Morena, el partido de donde surgen las autoridades que gobernarán el país en los siguientes seis años.

Los recursos presupuestales de por sí siempre insuficientes, se tendrán que complementar. Máxime si el  esquema que regirá será de ajuste y cinturón apretado, la alternativa factible es que el Estado asuma su responsabilidad de prestar los servicios de atención a la salud con recursos públicos y/o privados; y si no es con deuda tendrá que ser con capital privado complementando los limitados recursos públicos.

Evidentemente la privatización de instituciones no es la solución, pero es un hecho que en los últimos años se le ha ido perdiendo el miedo a la participación de la iniciativa privada que gradualmente ha incursionado bajo diversos esquemas en las instituciones públicas de salud con resultados positivos.

Es el caso de los servicios integrales que distintas empresas prestan en las salas quirúrgicas de la mayoría de los hospitales de especialidades del ISSSTE; e igual ya empiezan a operar en el IMSS, hospitales de Pemex y de las Fuerzas Armadas. Particularmente se ha recurrido a ese esquema de servicios integrales para el funcionamiento de salas de hemodinamia o cardiología que hoy funcionan con equipos de avanzada tecnología operados por el personal de cada institución pero que son propiedad de empresas privadas.

De acuerdo con directivos de hospitales públicos, la experiencia les ha enseñado que termina siendo desventajoso detentar la propiedad de los equipos, pues ya se sabe que en pocos años se convertirán en obsoletos, y actualizarlos implica enormes inversiones. Mejor, bajo el esquema de servicios integrales, con el compromiso de pago constante de insumos y bajo comodato, la empresa prestadora del servicio se compromete a mantenerlos actualizados.

Eso sí, el expertís de su manejo se queda en el personal de las instituciones quienes se capacitan para operar dichos equipos.

Otro esquema que podría extenderse en los siguientes años es el de las Asociaciones Público Privadas (APPs). El ISSSTE es el que más ha recurrido a ellas con la construcción programada de 4 hospitales. De hecho ya tiene uno operando bajo este esquema, inaugurado en mayo pasado. Se trata de una clínica hospital en la ciudad de Mérida, Yucatán, construida con capital privado bajo un convenio a 25 años con reglas puestas por la institución. Y hay otros tres programados bajo el mismo modelo de APP: Uno en Tabasco y dos en la ciudad de México, en Tláhuac y en Tlatelolco.

Se supone que este tipo de convenios entre otras cosas obliga al concesionario a dar mantenimiento y actualizar los equipos cada determinado tiempo, y al término de los 25 años, lo tienen que entregar al Estado equipado con tecnología de última generación.

Otro esquema de participación privada es la subrogación la cual abordaremos en otra ocasión. El punto más importante es garantizar que el beneficiado sea ante todo el paciente o derechohabiente.