Por Fernando Leanes, representante de la OPS/OMS en Bolivia.
El acceso a la salud previsto en el Sistema Único de Salud (SUS) es un anhelo de décadas de ciudadanos desprotegidos y del sector en Bolivia. El efecto buscado por la modificación de la Ley 475 es que la atención gratuita se dé de manera progresiva de acuerdo con el reglamento específico que producirá e irá actualizando el Ministerio de Salud. Previo al debate parlamentario, se produjeron tres textos significativos: los 44 mandatos resultado de los Encuentros por la Salud y la Vida de octubre de 2018; las observaciones del Colegio Médico de Bolivia y el documento Sistema Boliviano de Salud “Nuestra Salud” presentado por el Colegio Médico de La Paz y de autoría de destacadísimos salubristas. Destacamos coincidencias, necesidad de analizar aspectos de corto plazo y la necesidad urgente de diálogo y trabajo mancomunado.
Consideramos que no hay posiciones contrapuestas y que predominan las coincidencias. La norma promulgada elimina el obstáculo legal al acceso a servicios de salud a un 51% de los bolivianos y es complementaria o coincidente con los principios y recomendaciones esenciales de los textos citados. Con satisfacción observamos que la ley y las propuestas se alinean al mandato constitucional boliviano y a los principios de salud universal y atención primaria de salud que la OPS/OMS promueve: priorizan el fortalecimiento del primer nivel de atención, la participación familiar y comunitaria, la interculturalidad, la promoción y la prevención. Respecto del financiamiento, los expertos de OPS/OMS ratifican que la propuesta del Ministerio está dentro de márgenes de efectividad y prudencia y que las distintas propuestas confluyen a futuro.
El análisis debe abordar también la implementación concreta. Los expertos de la OPS/OMS consideran que los gobiernos, en los tres niveles, y otros actores deberían analizar mecanismos para mejorar la gestión, la eficacia y la eficiencia del gasto, “más salud por el dinero”. El total de recursos previstos es razonable, el reto está en distribuirlos de modo que se evite faltantes en algunos establecimientos o jurisdicciones, y/o sobrantes en otros, esto requiere de un trabajo mancomunado entre autoridades y gestores. Las dificultades que de manera notoria y recurrente se presentan en una decena de servicios en establecimientos de tercer nivel: esperas excesivas y atención ineficaz y hasta deshumana, no deberían ser razón para negar el derecho a la atención en los 6.000 puntos de atención que tiene el país. Es la oportunidad para fortalecer la gestión de los establecimientos y las redes de salud. El trabajo de redes integradas debería favorecerse por la gratuidad, por el fortalecimiento del primer nivel y por el aprovechamiento de hospitales municipales que, si se les provee de medios y recursos, se ha visto que pueden incrementar su capacidad.
El diálogo y el trabajo mancomunado son imprescindibles para facilitar la implementación y evitar que se vulneren derechos. Hay una coincidencia esencial en la lograr salud “por todos y para todos”. Los debates respecto del SUS hasta el momento son esencialmente respecto a macropolíticas que podrían confluir a medio plazo. La urgencia de la implementación requiere también del análisis de retos inminentes vinculados a la progresividad de incorporación de servicios conforme prioridades y factibilidad. Requerirá de un continuo monitoreo y corrección de asimetrías. La falta de diálogo puede además derivar en conflictos y en la interrupción de servicios esenciales que vulneran el derecho de acceso a la salud y a la vida, como ha ocurrido en el pasado en Bolivia y en otros países.
Desde nuestra visión, ésta es una oportunidad histórica de una política de Estado en salud que avance hacia el acceso y la cobertura universal en salud y que no deje a nadie atrás. La responsabilidad es de todos.
