Perú carece actualmente de la infraestructura necesaria para evolucionar a un estatus de país desarrollado. El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, elaborado por el Gobierno peruano en 2019, señala la brecha de infraestructura de acceso básico en Perú, que ronda los US$ 98.000 millones, consecuencia de una escasa inversión en infraestructura pública en el sector educativo, salud, saneamiento y agua potable, entre otros. Además, según estadísticas publicadas por TTR, el país figura entre aquellos países con menor cantidad de transacciones de M&A en la región en lo que va del año.
Por este motivo, se debería poner especial énfasis en generar mecanismos que incentiven y promocionen la licitación de nuevos proyectos de infraestructura que acoten esa brecha, así como generar incentivos que permitan que un inversionista pueda adquirir un proyecto en construcción u operación, y que nos pongan a la altura de otros países de la región en cuanto al número de operaciones. De esa manera, se generarían las condiciones de inversión necesarias para que el número de postores y proyectos en cartera de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) se incremente, junto con el número de operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) en los diversos sectores.
El país sufre las consecuencias de una severa crisis política que genera desconfianza en la ciudadanía y desincentiva el ingreso de nuevas inversiones extranjeras. Por ello, es de vital importancia que se otorguen las flexibilidades necesarias para evitar que restricciones contractuales a la libre disposición de las acciones de las concesionarias limiten el mercado de M&A en el sector de infraestructura.
Existen ejemplos recientes de restricciones en el área de la salud, cuyas falencias y escasos recursos fueron puestos en evidencia durante la pandemia del COVID-19. Actualmente, Proinversión administra la licitación de dos proyectos de inversión en el área de salud en Piura y Ancash. Los proyectos de contratos de concesión de ambos establecen, por ejemplo, restricciones a la libre disposición de la participación mínima de las entidades concesionarias, entendida como el porcentaje de acciones que el socio estratégico (el accionista que cumple los requisitos de experiencia de la licitación) deberá mantener en la sociedad durante el plazo de vigencia de la concesión.
Las restricciones que limitan la transferencia usualmente se refieren a la limitación de la participación mínima a terceros que acrediten el cumplimiento de aquellos requisitos técnicos establecidos en las bases de cada licitación, y la transferencia de la participación mínima luego de cinco años desde la suscripción del acta de verificación y aceptación de obras y equipamiento de cada proyecto. Estas restricciones configuran una limitación a que el inversionista propietario de la participación mínima pueda transferir acciones a un tercero en el marco de una operación de M&A sin que medie justificación alguna. Una solución para ello es que los contratos permitan la libre transferencia de ambas restricciones en la medida que un tercero adquiriente cuente con mejor respaldo financiero y mayor experiencia técnica que le permita ejecutar de una mejor manera las obligaciones bajo los referidos contratos de concesión.
De igual manera, en el sector educación ꟷque fue duramente afectado por la pandemia del COVID-19ꟷ, Proinversión adjudicó en marzo de 2022 un proyecto para nuevos colegios de alto rendimiento en las regiones de Pasco, Huancavelica y Cusco. El contrato correspondiente a la concesión establece una restricción similar a la mencionada en el párrafo anterior, pues el respectivo socio estratégico del proyecto no podrá transferir su participación mínima a favor de un nuevo socio estratégico hasta dentro de cinco años contados desde la firma del acta de inicio de la operación del proyecto.
Es necesario que se den mejores términos y condiciones a nivel contractual que permitan la transferencia de las acciones estableciendo condiciones que podrían mejorar los contratos que están en el mercado, fijando criterios de transferibilidad de las acciones que en todo momento requieran al adquiriente tener mejores condiciones técnicas y económicas que el vendedor. Ello será en beneficio del servicio prestado a través de estos contratos.
El país necesita infraestructura que esté a la altura de las necesidades de la población y por ello es importante fomentar apropiadas condiciones contractuales en aras de que las operaciones de M&A de las sociedades concesionarias de proyectos de infraestructura locales se lleven a cabo con un mayor dinamismo.
