La citación de los excomandantes FARC se produce en momentos en que se desconoce el paradero de varios dirigentes de la desmovilizada guerrilla, en medio de rumores de que habrían abandonado el acuerdo de paz.
Bogotá.- El tribunal colombiano encargado de investigar y sancionar a los responsables de crímenes en el conflicto armado interno llamó el jueves a 31 exjefes de la desmovilizada guerrilla de las FARC a rendir cuentas sobre sus procesos de reintegración a la sociedad y a ratificar su compromiso con el proceso de paz.
La citación de los excomandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se produce en momentos en que se desconoce el paradero de varios dirigentes de la desmovilizada guerrilla, en medio de rumores de que habrían abandonado el acuerdo de paz.
Los citados, entre quienes figuran Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez, que abandonaron las zonas de reintegración y se desconoce su paradero, además de reconocidos excomandantes como Rodrigo Londoño, deberán entregar en un plazo de 10 días a la Justicia Especial para la Paz (JEP) un informe individual, personalmente o a través de sus abogados.
"En ese informe, los comparecientes deben reiterar su compromiso con el proceso de paz, describir detalladamente las actividades que han desarrollado en el marco de su reintegración a la vida civil y relatar si han realizado labores humanitarias relativas a la ubicación de restos", dijo la JEP en un comunicado.
El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos firmó en 2016 un acuerdo de paz con las FARC para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado unos 260.000 muertos.
Bajo los términos del acuerdo, unos 12.000 integrantes del grupo rebelde, incluidos más de 6.000 excombatientes, abandonaron las armas y conformaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como parte de su reintegración a la sociedad.
A los excombatientes se les otorgó amnistía y ayuda financiera en virtud del acuerdo, pero se espera que los excomandantes sean juzgados en la JEP por presuntos crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos, por lo que deberían cumplir condenas alternativas si son declarados culpables.