El enfoque no intervencionista de la administración de Obama había allanado el camino para que un número creciente de estados legalizara el consumo de cannabis e impulsara la industria multimillonaria.
A solo días de que negocios en California comenzaran a vender marihuana para uso recreativo a principios de 2018, el gobierno federal realizó un cambio de política que generó incertidumbre sobre el futuro del cannabis legal y provocó fuertes reacciones de funcionarios del estado, y en todo el país.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anuló el jueves 4 una norma de la era Obama con la cual se desalentó a los fiscales federales a tomar medidas enérgicas contra la venta y el consumo de marihuana. Sessions envió un memo ordenando a los fiscales que hicieran cumplir las leyes federales sobre la marihuana para "desbaratar organizaciones criminales, hacer frente a la creciente crisis de drogas y frustrar los delitos violentos en todo el país".
El enfoque no intervencionista de la administración Obama había allanado el camino para que un número creciente de estados legalizara el consumo de cannabis e impulsara la industria multimillonaria de la marihuana.
La líder minoritaria de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata de California), dijo en un tweet que la decisión de Sessions era "vergonzosa" y un insulto al proceso democrático.
El vicegobernador de California, Gavin Newsom, expresó por la misma vía que Sessions había "duplicado destructivamente la fallida, costosa y racialmente discriminatoria guerra contra las drogas, ignorando los hechos y la lógica, y pisoteando la voluntad de los votantes de California". Newsom se comprometió a "buscar todas las opciones" para proteger nuestras reformas y nuestros derechos".
El anuncio del fiscal general no aclaró si los fiscales presentarán cargos federales contra empresas de marihuana o si intentarán interrumpir el negocio, que se encuentra en un proceso de rápida expansión. A pesar de la nueva política, California continuará entregando licencias a las empresas que quieran vender marihuana para uso recreativo. Lori Ajax, directora de la nueva Oficina de Control de Cannabis del estado, dijo que planea defender la ley de California y continuar los esfuerzos para implementar regulaciones tanto para la marihuana medicinal como recreativa.
"Esperamos que el gobierno federal respete los derechos de los estados y los votos de millones de personas en todo Estados Unidos. Y si no lo hacen, el Congreso debería actuar", dijo Ajax.
Cualquier esfuerzo para hacer cumplir la ley federal podría socavar las regulaciones sobre la marihuana que California diseñó cuidadosamente, y abrir la puerta a un mercado ilícito, advirtió Josh Drayton, vocero de la Asociación de la Industria del Cannabis de California, que representa a 400 negocios relacionados con la hierba. "Hemos trabajado muy duro durante los últimos años para regular esta industria", dijo. "Permitir que el gobierno federal se interponga... va a afectar la seguridad y la salud pública de los electores".
Los efectos de la marihuana sobre la salud y su legalización son temas ampliamente debatidos. Los defensores dicen que el cannabis puede aliviar el dolor, las náuseas relacionadas con la quimioterapia para los pacientes con cáncer y estimular el apetito de los pacientes con SIDA, argumentos que han ayudado a los estados a permitir la marihuana con fines medicinales.
Pero los críticos citan un aumento en las visitas a la sala de emergencias y el manejo deficiente en los estados donde el uso recreativo de la marihuana es legal. Además, la marihuana puede afectar la función cognitiva, y las personas que la usan a largo plazo pueden sufrir una enfermedad desconocida, que causa dolor abdominal extremo y vómitos.
Drayton dijo que las empresas "están tratando de no entrar en pánico" por el cambio de política anunciado por Sessions. MedMen, que opera tiendas de marihuana en Nueva York y California, experimentó un fuerte aumento en el negocio en California con el inicio de las ventas recreativas, según dijo Daniel Yi, vocero de la compañía. Agregó que la "realidad en los lugares" no ha cambiado con el anuncio federal. "Ha creado más incertidumbre, pero no ha generado la certeza de que habrá una represión".
Las leyes estatales y federales han estado en conflicto con la marihuana por muchos años. Sigue siendo ilegal según el Acta de Sustancias Controladas, a pesar del hecho de que muchos estados han despenalizado sustancialmente su uso. Ocho estados y Washington, DC han legalizado la marihuana con fines recreativos, aunque el Distrito de Columbia sigue prohibiendo las ventas. Un total de 29 estados han legalizado la marihuana para uso médico.
Es poco probable que el giro del gobierno federal hacia una postura más estricta sobre la marihuana tenga un gran impacto en los estados que la legalizaron, opinó Robert Mikos, profesor de derecho en la Universidad de Vanderbilt y experto en leyes de drogas y federalismo. Esto se debe a que Sessions dejó el tema en manos de los abogados del país, quienes deben decidir si persiguen a la industria de la marihuana. Mikos dijo que muchos abogados estadounidenses se mostrarán reacios a reprimir las reformas populares a la marihuana, especialmente si tienen planes de postularse para un cargo superior.
También pueden dudar en redirigir fondos de otras prioridades clave, incluida la crisis de opioides, agregó.
Mark A.R. Kleiman, profesor de la Universidad de Nueva York, coincide en que, a pesar del anuncio del jueves 4, las cosas no cambiarán mucho. El gobierno federal simplemente carece de recursos para suprimir la producción y el consumo de cannabis, dijo Kleiman, coautor del libro "Legalización de la marihuana: lo que todos deben saber".
La decisión de Sessions no fue una sorpresa para nadie, ya que ha sido un abierto crítico de la legalización de la marihuana. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha dicho en el pasado que depende de los estados. El jueves, su secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, dijo que la medida del Departamento de Justicia "simplemente da a los fiscales las herramientas para encargarse de los distribuidores a gran escala y hacer cumplir la ley federal".
Los opositores a la marihuana legal dijeron que el cambio federal podría frenar el crecimiento de la industria y el marketing masivo.
"Es un buen día para la salud pública", dijo Kevin Sabet, profesor asistente de psiquiatría en la Universidad de Florida. Sabet dijo que la política de Sessions no está dirigida a usuarios individuales sino a la industria de la marihuana en general.
Los gobernadores de varios estados en los que la marihuana es legal emitieron declaraciones diciendo que la nueva política de Sessions desestimó la voluntad de los votantes y los comprometió a defender sus leyes estatales.
El gobernador demócrata de Washington, Jay Inslee, dijo que el estado tiene un sistema bien regulado que mantiene alejados a los "elementos criminales". "Defenderemos enérgicamente las leyes de nuestro estado contra infracciones indebidas", dijo.
La gobernadora de Oregon, Kate Brown, también demócrata, dijo que los votantes en su estado lo tenían claro cuando decidieron legalizar la marihuana, y que el gobierno federal no debería interponerse en su camino.
"Mi personal y las agencias estatales están trabajando para evaluar los informes de la decisión del Procurador General y lucharán para continuar el compromiso de Oregon con un mercado de marihuana recreativo, seguro y próspero", informó Brown.
En Alaska, el gobernador independiente Bill Walker, dijo en una declaración que estaba decepcionado por el memo del jueves y aseguró que sigue comprometido a "mantener los derechos soberanos de nuestro estado para administrar nuestros propios asuntos mientras se protegen los intereses federales".
"Continuaré trabajando con el Departamento de Justicia de los EE.UU. y nuestra delegación en el Congreso para evitar que los federales se excedan en Alaska", dijo.
El gobernador de Colorado, el demócrata John Hickenlooper, dijo que su estado ha creado un sistema integral de regulación y aplicación que prioriza la salud y seguridad pública. "Estamos expandiendo los esfuerzos para eliminar el mercado negro y mantener la marihuana fuera de las manos de menores y delincuentes", dijo. "La decisión de hoy no altera la fuerza de nuestra determinación en esas áreas, ni cambia mis responsabilidades constitucionales".
La marihuana es la sustancia ilícita más comúnmente utilizada en los Estados Unidos, y la tendencia de los estados a eludir su prohibición a favor de imponer impuestos y regularla refleja un gran cambio cultural hacia una mayor aceptación. Eso podría hacer que sea aún más difícil para el gobierno federal hacer cumplir sus leyes, dijo Kleiman.
"La prohibición del cannabis ha terminado", dijo. "Estamos donde estábamos con el alcohol en 1930".
Una encuesta de Gallup de finales del año pasado descubrió que el 64% de los estadounidenses cree que el cannabis debería ser legal. Una encuesta realizada en febrero por la Universidad de Quinnipiac halló que el 71% de los votantes de Estados Unidos quiere que el gobierno federal respete las leyes estatales sobre la marihuana. En esa encuesta, la mayoría de republicanos, demócratas, independientes, y grupos de todas las edades, coincidieron en que los federales no deberían hacer cumplir la prohibición en los estados que legalizaron la marihuana.
