Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista. 

El 2016 fue intensivo en lo que toca a la industria de la salud, que vivió este año en medio de severos recortes de presupuesto público con todo y los reclamos y súplicas para evitarlo.

Hubo cambios importantes en la compra consolidada para el 2017 que superó 50.000 millones de pesos mexicanos(US$ 2.410 millones)  y fue la primera en forma encabezada por Mikel Arriola como director general del IMSS. Entre ellos, la salida definitiva de Veracruz —emproblemado desde el 2014— y otras instituciones hospitalarias que no pagaban; en la tablita estuvo el Estado de México, que no puede decir que carece de recursos, pero al final evitó ser sacado del juego.

Las distribuidoras tuvieron un papel protagónico en distintas situaciones. Hubo diversas acusaciones entre unas y otras, donde lo que rigió por abajo del agua fue más bien el creciente dominio de las principales cadenas de farmacias y los ataques de las cadenas de autoservicio como Walmart, que prácticamente quisiera desaparecer a este sector especializado de distribución.

Nadro, la líder del sector, fue acusada de vincularse con Marzam, a partir de que Marina Matarazzo, esposa del presidente de Nadro, Pablo Escandón, fue señalada en los Panama Papers como participante en la compra de Marzam.

En esta columna confiamos en la palabra de la señora Matarazzo y sus abogados, en el sentido de que no hubo tal adquisición; la investigación de la Cofece aún continúa, y de igual manera la del SAT que aún no emite reporte al respecto.

En este escenario, la Cofece como autoridad antimonopolios decidió entrar con todo a investigar la industria de medicamentos, y este año abrió siete distintos procedimientos para estudiar toda la cadena: fabricantes, distribuidoras y de venta al detalle; es decir, las farmacias y masivos puntos de venta al consumidor como cadenas de farmacias y autoservicios.

En el ámbito de la industria farmacéutica, hubo hechos importantes: la Cofepris dio su venia para que en México se empezaran a producir genéricos del antiviral oseltamivir. Los tres registros para genéricos de Tamiflu —el antiviral de Roche que fue señalado en el 2015 por no haber entrado suficiente a México para atender un brote de influenza— fueron Liomont, Neolpharma y Serral.

Otra autorización que destaca fue la de la vacuna contra el dengue, obtenida por Sanofi, siendo México el primer país que la otorgó, lo cual fue algo sin precedentes.

Mención aparte merece el conflicto legal entre la israelí Teva y los hermanos Espinosa, exdueños de Rimsa. La demanda presentada por Teva en la Corte de Nueva York sigue en curso y ya conoceremos el curso de los hechos, pero en tanto, aquí en México el titular de Cofepris, Julio Sánchez y Tepoz, se adelantó al mostrarse confiado de que no habrá mayor problema, aunque el análisis del laboratorio responsable CCAyAC aún no concluye.

No podemos dejar de mencionar el avance en la legalización del uso médico de la marihuana o específicamente de su sustancia activa. Después de autorizar los permisos individuales de importación de fármacos con cannabis, de los cuales la Cofepris dio casi 140 este año, el Senado aprobó la iniciativa presentada por el presidente Peña Nieto para permitir la importación abierta de medicamentos con cannabis. Está por verse que la Cámara de Diputados la respalde, y si se establece un programa integral que dé orden y estructura a la futura industria de la marihuana.

Por su lado, el sector de dispositivos médicos fue ganando terreno en la mira de las autoridades de Economía que ya detectaron el alto potencial de generación de empleos y exportaciones (con un superávit de casi US$ 4.000 millones) y que debe impulsarse con mayor fuerza.