El 7 de septiembre de 2017 un potente terremoto de magnitud 8.2 golpeó el sureste del país. Doce días más tarde otro de 7.1 de magnitud azotó el centro del país, incluida Ciudad de México, dejando unos 370 muertos, miles de heridos y millonarias pérdidas.

Ciudad de México.- Guadalupe Padilla sigue preguntándose cuándo podrá volver al apartamento donde vivió por 30 años y que hoy está inhabitable tras un potente terremoto que sacudió la capital mexicana hace un año.

Desde el sismo, la guardia de seguridad de 60 años vive en un improvisado cuarto de madera frente al multifamiliar Tlalpan, donde está su departamento en un conjunto de edificios de clase media baja, situado en el sur de Ciudad de México, donde unas 500 familias perdieron su hogar.

“Nos quieren chingar (estafar)”, se quejó Padilla, mostrando a Reuters el borrador de un proyecto sin firmas y sin el aval de ninguna autoridad, lo único que recibió para desalojar su hogar. “No es justo que nos saquen sin explicarnos nada”.

Y, al igual que ella, otros cientos de damnificados siguen sin poder regresar a sus hogares por el riesgo de que colapsen por los graves daños que sufrieron. El Gobierno dijo el martes que sí ha entregado la ayuda prometida, pero los afectados dicen lo contrario.

El 7 de septiembre de 2017 un potente terremoto de magnitud 8.2 golpeó el sureste del país dejando unos 100 fallecidos. Doce días más tarde otro de 7.1 de magnitud azotó el centro del país, incluida Ciudad de México, dejando unos 370 muertos, miles de heridos y millonarias pérdidas.

Un año después, 434 inmuebles presentan un riesgo de colapso en la capital del país y 1.008 no pueden ser ocupados y deben ser sometidos a reconstrucción, según cifras oficiales divulgadas este martes.

Muchos de los afectados en la capital se han resistido a salir de sus hogares ante el temor de que otros los ocupen, especialmente en zonas donde iniciaron los trabajos de remoción.

“Desde que pasó todo aquí comenzaron las mafias de las constructoras, también gente se ha quedado con apoyos que llegan incluso del extranjero, con material para viviendas, dinero o comida”, dijo Padilla.

Otros pobladores afectados en esa misma zona, donde un edificio se desplomó tras el terremoto y nueve personas murieron, coinciden en que detrás de la “lenta respuesta” del Gobierno se esconden otros intereses.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló la semana previa en su investigación “¿Por qué se cayó mi edificio?” que en el multifamiliar de Tlalpan hubo una seguidilla de casos de corrupción que propiciaron su caída y la de muchas otras viviendas.

Aunque esos edificios lograron resistir dos grandes sismos, el deterioro era evidente, dijo la organización. Allí se cortaron recursos para reforzar áreas afectadas y, en inmuebles nuevos, se ignoró el reglamento de construcciones haciendo modificaciones en los cálculos de ingeniería para aumentar los márgenes de ganancias, se usaron materiales de baja calidad y se construyó sobre cimientos viejos.

Con el tiempo, otros problemas han llegado a la zona como robos y el deterioro aún más severo en los departamentos, se quejaron los afectados, por lo que algunos decidieron retornar para cuidar sus casas.

“Mi hermano prefirió regresar, tanto por el miedo que nos da que nos quiten el departamento como por los robos. Ya hemos recurrido a muchas autoridades pero nadie nos hace caso”, dijo Ignacio Melo, quien ahora se ve obligado a vivir en un cuarto de madera construido precariamente en las inmediaciones del parque donde solía ir a caminar, frente a su vivienda.