Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.

En los últimos días empezó a circular en México un documento titulado “Plan de Transición al Sistema Único y Público de Salud 2019-2024.” Al leerlo queda la sensación de que quieren reinventarlo todo; eliminar lo hasta ahora existente y construir sobre cenizas. Menciona eliminar el Seguro Popular e incluso borrar por completo el artículo 77 Bis de la Ley General de Salud que le dio vida hace 17 años.

No se sabe bien a bien de dónde surgió, si es oficial o no, pero se entiende que es del próximo equipo a gobernar y ha trascendido que específicamente fue desarrollado por la doctora Asa Cristina Laurell, académica de la UAM de origen sueco y exsecretaria de Salud de la ciudad de México durante la gestión del hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador quien en julio la designó próxima subsecretaria de Salud; se dice que como compañera de lucha por muchos años es de las pocas personas que le hablan al oído al próximo primer mandatario.

Es un documento que obliga a ser leído con calma pues aparentemente delinea las primeras medidas para lograr lo que se describe como una profunda transformación del sistema público de salud de México y habla de eliminar el Seguro Popular y retornar por completo a la centralización del sector.

Algunos de los planteamientos ahí expuestos en principio suenan maravillosos porque describen un anhelo buscado desde hace mucho tiempo: integrar, ahora sí, un Sistema Único y Público de Salud, lo sintetizan como SUPS (es decir, que se pase del segmentado y fragmentado actual a uno unificado y homogeneizado), y de lograr una Política de Servicios de Salud y Medicamentos Gratuitos (PSSMG).

Hablan también de fortalecer el primer nivel de atención, así como hacer realidad el sueño de todo responsable de salud en cualquier país del mundo: dar acceso universal e igual para todos. La pregunta que surge de inmediato es: ¿Cómo lograr una transformación de ese tamaño en un sexenio? Y ¿de dónde saldrán los recursos?

El problema es cómo hacer que chequen los números. Valdría la pena que se considere a los que saben de economía de la salud y de salud pública. Justamente lo que venimos escuchando de los expertos desde hace años es sobre el gran desafío para que la inversión para salud en México se incremente y no sea de las más bajas del mundo. Hoy México invierte 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB). Elevar esa proporción en un punto porcentual como es la promesa del equipo de AMLO será fabuloso. Pero aún así no es suficiente para cubrir todas las terapias para todas las enfermedades a todos los mexicanos. Estados Unidos, el que más invierte en salud en todo el mundo, dedica 17% de su PIB a salud y no le alcanza para cubrirle todo a todos.

El punto es que en el documento mencionado se reafirman enormes expectativas sobre el equipo entrante que aún no ha empezado a gobernar, e incluso se precisan tiempos, pero no deja claro los cómos y particularmente no precisa los conqués y los con cuánto. Deja entonces la idea de que es poco realista. Sí menciona en el renglón de “Requerimientos”, una reunión con el Dr Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda donde pide que el equipo de salud participe en la elaboración del anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). Eso sí sería un gran cambio: que las autoridades hacendarias tuvieran mayor sensibilidad ante los requerimientos para la atención en salud, pero es importante que los planteamientos sean realistas.

¿Por qué mejor no una actitud de sumar con lo hecho hasta ahora y seguir avanzando? Quizá así habría más oportunidad de conseguir el anhelo de salud para todos.