Los diferentes valores de la medicina que no son parte del POS podrían ser regulados por el Ministerio de Salud.
A mediados del año pasado, en el Ministerio de Salud hubo una presentación de un poco más de una hora con datos reveladores. La ADRES, sigla que traduce un nombre difícil de memorizar (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), presentó un balance en el que incluyó unas cifras que muestran uno de los más graves problemas de la salud: el aumento de los pagos que había hecho el sistema por los medicamentos que no estaban incluidos en el llamado POS. Los datos de 2017 sorprendieron a varios de los asistentes: el Estado había pagado por este concepto $3,03 billones (US$ 982 millones), algo así como la cuarta parte de lo que costaría la primera línea del metro de Bogotá.
El incremento que se había presentado en los últimos tres años (en 2015 el gasto había sido de 2,5 billones y en 2016, de $2,8 billones) revelaba un problema que Carlos Mario Ramírez, entonces director de la ADRES, resumió en un par de frases: “Ese incremento es lo que genera una gran preocupación. Si no logramos solucionar o controlar el gasto no POS no habrá sostenibilidad del sistema”. El de 2018, como lo muestra esta gráfica, fue similar: $3,13 billones (US$ 1.000 millones).
La historia de esa grieta es muy vieja y no ha sido fácil crear estrategias para sellarla. Desde que empezó a ensancharse en la primera década de este siglo, taparla ha implicado múltiples discusiones y varios disgustos en el sector. Sin embargo, se ha convertido en una necesidad que hoy también inquieta al Ministerio de Salud. Por eso, entre sus planes hay uno que se hará realidad en las próximas semanas: poner un tope a los medicamentos que se pagan con ese dinero. Si todo sale como está previsto, los “valores máximos de recobro”, como lo llaman en el mundo farmacéutico, permitirán un ahorro del 20 %.
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Una de las primeras cosas que advierte Diana Isabel Cárdenas, viceministra de Protección Social, es que su plan no está relacionado con la regulación de precios de medicamentos, una práctica que desde el gobierno anterior se volvió usual en el lenguaje de los colombianos. A sus ojos, el próximo paso tiene que ver con un eterno dilema al que se enfrentan todos los sistemas del mundo: la manera en que se usan los recursos para la salud.
“Hoy el sistema no es sostenible y si seguimos sobregirándonos con billones de pesos todos los años, nunca lo va a ser”, dice.
A lo que se refiere es a una ruta que desde hace meses se está construyendo en el Minsalud. Para explicarla muestra una gráfica que señala cómo han sido los recobros de un antiinflamatorio y antirreumático llamado Etoricoxib. También es, apuntó la Fundación Cochrane hace un par de años, uno de los analgésicos orales más efectivos contra el dolor agudo.
El problema es que el Estado lo ha pagado a precios muy diversos. En ocasiones pagó el miligramo a más de $58 (US$ 0,01); otras veces, a $7 (US$ 0,002). Y esas cifras, multiplicadas por los miligramos que tiene cada pastilla implican varios ceros de más. La siguiente gráfica lo explica mejor: los puntos rojos son los precios más altos que han sido cancelados con recursos públicos; los amarillos, los más bajos. Son muchos y su monto es muy diverso. El plan del Minsalud es poner un tope de $29,7 por miligramo.
¿Por qué sucede eso? La pregunta tiene múltiples respuestas que la viceministra prefiere no resolver, pero la misma ADRES las ha resuelto en múltiples informes. Uno de sus ejemplos, reseñado por este diario, basta para entender la complejidad: medicinas como la velaglucerasa alfa, para tratar la extraña enfermedad de Gaucher, fueron recobradas por Sanitas (y su proveedor Cruz Verde) a un precio 33,1 % mayor que el que pidieron otras EPS en 2017. En otras palabras, por cada frasquito el Estado pagó $1,6 millones (US$ 518) de más.
Para que esto -que se replica en muchos medicamentos- no siga sucediendo, el Ministerio seleccionó, para una primera fase del proceso, cien principios activos, es decir, el “ingrediente” clave de uno o varios medicamentos. A ese grupo, dentro de los puede haber cientos de medicinas, les pondrá topes específicos. Como explica Cárdenas, se trata de valores máximos que solo operarán a la hora de hablar de recursos públicos. "No es una regulación de mercado. Si alguien quiere venderlo a un precio superior, puede hacerlo, pero el Estado no va a pagar más del valor especificado. Simplemente estamos diciendo cómo vamos a gastar los recursos del sistema", aclara.
Con la metodología (establecer un precio por principio activo y no por medicamento) el Minsalud también quiere evitar otro inconveniente que solía ser frecuente en los controles de precios: que, en ocasiones, algunos laboratorios eludieran la regulación cambiando el código del medicamento ante el Invima. Pero esa es otra compleja historia que ya fue explicada en estas páginas. Para leerla haga clic aquí: "Cambiar el código de medicamentos, una sospechosa práctica farmacéutica".
Lo cierto es que la idea no ha caído muy bien entre la industria. José Luis Méndez, presidente del gremio de laboratorios nacionales (Asinfar), cree, por ejemplo, que ese es un desgaste innecesario “basado en la desconfianza frente a los actores del sector”. “A pesar de que nos llamamos permanentemente a la autorregulación, las opiniones que se llevan a las sesiones de interacción son presentadas a oídos sordos”, señala. Para él, este tipo de normas deberían pasar por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y no por la dirección del Ministerio. Lo que pide es más "diálogo" y más "racionalidad".
"En esa forma de interacción es muy difícil lograr el acuerdo social que tanto necesitamos para bien de la salud los colombianos. Solo seguiremos desgastándonos y desconfiando unos de otros", señala
Afidro, que agremia a las multinacionales farmacéuticas, prefiere ser más cauteloso a la hora de dar una respuesta. “Hemos participado con sus comentarios técnicos a la metodología (...) y estamos atentos a los resultados de este proceso”, escribe en un párrafo escueto.
La viceministra Cárdenas, sin embargo, tiene un buen argumento que sintetiza su postura: "Estamos haciendo política pública basados en la evidencia".
La fecha para que empiece a funcionar la primera fase ese nuevo mecanismo no es precisa, pero pronto verá la luz. Según dicen en el Ministerio, la resolución se emitirá en cuestión de días. La segunda, que incluye el resto de principios activos, posiblemente quede lista en junio o julio. En caso de concretarse, quizás empiece a resolverse otro problema que hace tiempo preocupa al sistema y ha levantado múltiples sospechas: la relación de las EPS con las empresas que les suministran medicamentos. Los operadores logísticos, como los llaman, continúan siendo un actor extraño que aún no tiene quien los regule. Aunque es prudente, tal vez por eso, Gustavo Morales, hoy presidente de Acemi (gremio de las EPS) solo tiene un reparo: que esos valores máximos que planea el Minsalud se apliquen a toda la cadena y no en los pagos que la ADRES debe hacerles a las EPS, que son las que, finalmente, pasan las facturas de las medicinas al Estado.
