Las expectativas en materias ambientales del gobierno que asume, son un tremendo desafío para Chile. Se venía avanzando en políticas nacionales y compromisos internacionales, que ahora habrá que revisar, continuar y perfeccionar. Claramente, el impacto de las propuestas de la Convención Constituyente, serán motivo de análisis profundo, en las instancias que siguen, cuando sabemos que los Derechos de la Naturaleza, los Bienes Naturales Comunes y el Modelo Económico, se han transformado en los ejes de la discusión y de acuerdos al respecto, en el seno de la comisión a cargo, y en los 2/3 requeridos, del pleno. Ahora, se suma, además, la firma del Acuerdo de Escazú, que pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas y la biodiversidad.
Hoy, las soluciones a la crisis climática requieren de múltiples actores, y debemos ser conscientes que todos somos necesarios para lograr los objetivos medioambientales que nos hemos trazado como país, y cómo esto afecta al resto del planeta. No hay que olvidar que la trayectoria actual del aumento de la temperatura, hacia los 2,6 grados Celsius para fin de siglo, a pesar de los acuerdos de la COP26, podría eliminar hasta el 14% del PIB de la economía mundial, pudiendo alcanzar para Chile, incluso un 21%. Nuestro país es uno de los más vulnerables a los impactos del cambio climático, y la comunidad científica ya prevé una mayor frecuencia e intensidad de eventos de sequías, incremento en el número de incendios, aumento de olas de calor y condiciones extremas de temperatura que ya están impactando a una amplia gama de sectores, como agricultura, silvicultura, salud, y ecosistemas, entre otros. A lo anterior se suman las pérdidas en reservorios de agua, volumen de los glaciares y continuos deshielos en la Cordillera de los Andes, todo lo cual se ha traducido en la reducción en magnitud de los caudales y cauces de ríos. En definitiva, el agua es un tema urgente, más aún, cuando ya se habla de racionamiento.
El nuevo gobierno, deberá continuar con énfasis, en el avance hacia la carbono neutralidad, la generación de inversiones en torno al hidrógeno verde y la innovación a gran escala en el recurso del litio. Hay que hacerse cargo del futuro de las denominadas zonas de sacrificio, donde la acción del Estado resulta fundamental para encontrar soluciones e instaurar medidas, que vengan a paliar los impactos. En 2020, Chile entregó a la ONU la actualización de su Contribución Nacional Determinada (NDC), que establece la meta de reducir en 30% las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, llegando a una reducción de 45% si se cuenta con mercados internacionales de carbono, lo que considera alcanzar el máximo histórico de emisiones a 2025. Esta meta corresponde a un punto intermedio en el camino a la carbono neutralidad a 2050, establecida en el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, el que después de más de cuatro años, se encuentra recientemente aprobado en el Senado, en sus últimos pasos antes de ser promulgado.
El gran desafío del gobierno será equilibrar el crecimiento económico, la protección de los ecosistemas, la buena gestión de los bienes comunes, el especial cuidado del agua, la producción, extracción y el consumo sostenible. Una tarea compleja donde se deberá impregnar el sentido de urgencia, ya que es la única forma de garantizar, a mediano y largo plazo, un Desarrollo Sostenible para Chile y sus ciudadanos.
