El país sudamericano es el segundo con menor mortalidad materna de América, después de Canadá.
La semana pasada se llevó a cabo el XVIII Congreso Uruguayo de Ginecología y Obstetricia, en Montevideo. Una de las mesas de discusión estaba encargada de entregar un balance tras cinco años de la entrada en vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se falló en 2012 y entró en vigor en 2013.
Aunque según el informe presentado por el periódico La Diaria, de Chile, especifica que alrededor de 30% de los ginecólogos declararon objeción de conciencia (lo que los exime de practicar un aborto, pero los obligaría a remitir a la mujer a un colega que no sea objetor) los resultados son positivos para el segundo país con menor mortalidad materna de América, después de Canadá.
Desde que se sancionó la ley, según un estudio del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de Uruguay, el embarazo no planeado disminuyó en un 8%, sobre todo en mujeres entre los 20 y 34 años, con un nivel educativo de bachillerato cursado. También hallaron que las mujeres de ese mismo grupo que decidieron continuar con su embarazo mejoraron la calidad de los nacimientos a partir de controles prenatales.
Respecto a si después de la ley las mujeres que ya habían interrumpido embarazos antes lo volvieron a hacer, la conclusión de Iniciativas Sanitarias (una organización de investigación en temas de salud del Uruguay) es que solo el 5.6% repitió el procedimiento.
Respecto a si después de la ley las mujeres que ya habían interrumpido embarazos antes lo volvieron a hacer, la conclusión de Iniciativas Sanitarias (una organización de investigación en temas de salud del Uruguay) es que solo el 5.6% repitió el procedimiento. Según La Diaria, la tasa de repetición en otros países en donde el aborto es legal (bajo distintas causales y periodos de gestación) es mucho más alta. En Holanda es del 39%, en Estocolmo (Suecia) es del 58%.
“Cada vez que tenemos una paciente que vuelve lo entendemos como un fracaso del equipo”, dijo el ginecólogo Víctor Recchi al diario chileno, pero aclaró que también influyen los factores de la vida de la mujer como la edad, el nivel educativo –a nivel socioeconómico más bajo, mayor vulnerabilidad–, si la mujer está en pareja –repiten más las que están solas o solteras–, si hay conflictos con la pareja o situaciones de violencia, la educación sexual y anticonceptiva recibida, etc.
Así funciona un aborto legal en Uruguay
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en Uruguay, permite que una mujer aborte dentro de las doce primeras semanas de gestación. Para empezar, una vez la mujer toma la decisión de interrumpir su embarazo, debe comparecer ante una comisión médica y de trabajadores sociales. Tras cinco días, la mujer y no el tribunal médico, tendrá la última palabra.
Para que la interrupción del embarazo sea considerada legal, debe cumplir con esas condiciones, excepto si el embarazo es resultado de una violación (en cuyo caso el plazo para abortar se extiende a 14 semanas), cuando hay malformaciones en el feto, y cuando hay riesgo grave para la salud (en cuyo caso no hay semana límite de gestación).
La mujer y el equipo médico deberán actuar en la siguiente semana para programar una cita, no sin antes haberle manifestado a la mujer las características de la interrupción del embarazo y las alternativas (apoyo social, económico, dar a su hijo en adopción).
Una vez realizado el procedimiento, que por lo general se realiza con dosis controladas de Misoprostol y Mifepristona, la mujer debe asistir a una última consulta de control para determinar que el embarazo fue interrumpido en totalidad y que su vida está libre de riesgos. En en este espacio en donde se le asesora sobre métodos anticonceptivos para la prevención de un nuevo embarazo no deseado, y se le recuerda que ocho días después de un aborto médico, una mujer es fértil y puede volver a quedar en embarazo.
Los médicos pueden objetar conciencia y negarse a practicar un aborto, pero en la ley no está especificado que deban remitir a la mujer a un colega que no sea objetor (y esta ha sido una de las quejas de grupos de mujeres pro-aborto de Uruguay). Si la mujer no cumple con todos los trámites y plazos establecidos en la ley e igual se realiza un aborto, puede ser penalizada con tres a nueve meses de prisión.
Como sólo 6 de cada 10 mujeres uruguayas que interrumpieron voluntariamente sus embarazos volvieron a la última consulta, Recchi recomendó dar la información sobre anticoncepción el mismo día del procedimiento médico.
Las cifras del aborto en Uruguay
En 2013, un año después de la entrada en vigor de la ley, unas 25.000 uruguayas interrumpieron voluntariamente su embarazo de manera legal. En una entrevista realizada por Pagina 12 a Lilian Abracinskas, directora de Mujer y Salud de Uruguay, la activista dijo: “En Uruguay históricamente hubo baja mortalidad materna. Sin embargo, en la crisis económica del 2002, se recrudecieron las situaciones de aborto más inseguras y creció la muerte de mujeres y eso hizo encender la alarma. En el 2010 Uruguay incorporó la atención en salud sexual y reproductiva. También ingreso de Misoprostol al mercado clandestino que hizo el aborto más accesible y seguro. Y las estrategias de reducción de riesgos y daños (consejerías pre y post aborto) introdujeron la problemática del aborto a los sistemas de salud. Por eso tuvimos cinco años de muerte cero por aborto. Pero en el 2013, ya aprobada la ley, hubo una muerte y en febrero del 2016 otra mujer murió por aborto clandestino”.
En 2013, un año después de la entrada en vigor de la ley, unas 25.000 uruguayas interrumpieron voluntariamente su embarazo de manera legal.
Según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa uruguaya de fallecimientos vinculados a embarazo es la más baja de América Latina y el Caribe, con 14 muertes cada 100.000 nacidos vivos. Un informe de 2017 del International Journal of Gynecology and Obstetrics, citado por Pagina12, concluye que Uruguay redujo la mortalidad materna en un 59.9% en los últimos 25 años.
Estos resultados son muy pertinentes, sobre todo si tenemos en cuenta que esta semana comenzaron de nuevo los debates en el Congreso de Argentina para que decidir si se aprueba la interrupción voluntaria del embarazo, de manera legal, en las primeras catorce semanas de gestación, es decir, en el primer trimestre, cuando el feto aún no completa las conexiones del sistema nervioso que le permiten sentir dolor, de acuerdo con la investigación “Can fetuses feel pain”, del ginecólogo Stuart W. Derbyshire.
Según el New York Times, “varios países en América Latina permiten el aborto en circunstancias específicas, como embarazos resultado de una violación o cuando peligra la vida de la madre si continúa la gestación. Argentina sería el cuarto país latinoamericano en despenalizarlo sin esas restricciones, después de Cuba, Uruguay, Guayana y algunas partes de México, y el país más poblado de la región en permitir el aborto.
En Colombia, el aborto es legal en tres casos desde 2006, entre ellos, cuando el embarazo pone en peligro la salud de la madre, cuando es producto de un acceso carnal violento (es decir, una violación) y cuando el feto tiene una malformación que no le permitirá vivir fuera del útero una vez nazca. En el país la ley no puntualiza hasta qué semana de gestación es permitido abortar legalmente.
Apenas en 2011 se reportaron oficialmente 320 abortos legales en Colombia, de acuerdo con el Instituto Guttmacher, una organización con sede en Nueva York que apoya los derechos a favor del aborto, citada por el New York Times. Según calcula la organización, en Colombia se registraron 320 abortos legales en 2011, pero se calcula que se realizan unos 400.400 abortos clandestinos cada año.
"Los buenos resultados en Uruguay no sólo se deben a la despenalización, sino a los diez años previos, de 2001 a 2012, de implementación masiva del modelo de reducción de riesgo y daños de Iniciativas Sanitarias, que cambió la percepción de los equipos de salud y de la sociedad”, concluye el artículo de La Diaria.
