El documento señaló que la información sobre mutualistas no era confiable.
El Observador. La Auditoría Interna de la Nación en Uruguay advirtió en 2015 a la Junta Nacional de Salud (Junasa) que no podían asegurar que la información por la que le realizaban los pagos de metas asistenciales a los prestadores de salud fuera "íntegra, confiable y de calidad", ya que el proceso de fiscalización presentaba "debilidades". El informe recomendaba al organismo "definir controles eficaces" para asegurar que "el pago realizado sea el debido".
Esta advertencia fue hecha al Departamento de Control de Prestadores de la Junasa, que centraliza la información económica y financiera de las mutualistas y de ASSE, para luego efectuar los pagos por tres categorías: las cápitas –cuota mensual que reciben los prestadores por los usuarios–, las metas asistenciales y la sobrecuota de inversión. Estos son tres de los factores que componen los ingresos que reciben los prestadores de parte del Estado. El desfalco millonario al Fonasa no se vinculó con el pago de metas asistenciales, sino de las cápitas, pero el organismo cuestionado es el mismo.
El diputado nacionalista Martín Lema realizó un pedido de informes a la Junasa, en donde preguntó acerca de la fiscalización que realiza el organismo para efectuar los pagos a los prestadores de salud.
El cobro por las metas asistenciales está condicionado a que los prestadores de salud cumplan con las obligaciones que estipula el MSP. Cada tres meses se corrobora que embarazadas y niños estén correctamente controlados y que se fortalezcan los lazos entre el paciente y su médico de referencia. Si las instituciones cumplen con estos requisitos, reciben $ 191 por usuario, que corresponden al 6,8% de lo que los prestadores reciben de Junasa.
Además, Lema preguntó acerca de los controles para efectuar los pagos de las sobrecuotas de inversión. Este dinero que entrega la Junasa permite a las instituciones financiar obras y nueva tecnología para que tanto ASSE como las mutualistas puedan adecuarse a las necesidades de sus usuarios. Corresponde al 1% de los ingresos que Junasa le paga a los prestadores.
La Junasa aprobó el pago de 41 sobrecuotas de inversión y 35 proyectos ya finalizaron el cobro, según la respuesta al pedido de informes que fue firmada por el presidente del organismo, Arturo Echevarría. Allí también señalaba que aparte de los controles administrativos, la División Servicios de Salud "coordina el control de los avances de las obras de construcción".
En un pedido siguiente, Lema solicitó que se detallara cuántas fiscalizaciones de obra se habían hecho. Sin embargo, no recibió respuesta sobre el punto. "Los controles se limitan al tema de la documentación. Hay que ir a inspeccionar en qué están las obras", señaló.
Afiliaciones irregulares
El legislador nacionalista preguntó también por el pago de cápitas y la intermediación lucrativa –ofrecer dinero a cambio de una afiliación–. La Junasa contestó que en este período (a partir de 2015) "no existen denuncias recibidas".
No obstante, el organismo afirmó que entre 2011 y 2014 hubo 75 denuncias por afiliaciones irregulares. "En su mayoría se originan a partir de la consulta del usuario, que es derivada –si corresponde– a la Junasa", explica el documento.
Casmu, Círculo Católico, Casa de Galicia, Comeri, Universal, Asociación Española, SMI, Comef, Cudam, Comeri, Comta son las mutualistas que fueron denunciadas en ese período. Sin embargo, solo se sancionó en dos ocasiones al Casmu en 2013, según detalla el informe.
En la mayoría de los casos, los prestadores no pudieron presentar la documentación que acreditara la afiliación. Además, hubo denuncias por doble afiliación o porque el usuario no reconocía su firma en el contrato.
