EL proyecto busca cerrar todos los manicomios para 2025 y crear un nuevo sistema de asistencia.
La ley de Salud Mental aprobada por el Parlamento en agosto de 2017 con los votos de todos los partidos, y reglamentada esta semana por el Poder Ejecutivo, no cuenta con los fondos para su aplicación ya que en la Rendición de Cuentas no fue incluida.
Por eso, los colectivos de usuarios y de funcionarios esperaban que el proyecto de este año contemplara una partida presupuestal para cumplir con la ley y ahora reclaman que se busquen fondos.
Por esta ley, el país se comprometió en un acuerdo internacional a cerrar los manicomios antes de 2025 y a crear un nuevo sistema de asistencia para los pacientes crónicos de un modelo comunitario (con casas "a medio camino"). En ese sentido, modificó las normas de hospitalización, definiéndola como un "recurso terapéutico de carácter restringido".
Pese a que la ley fue votada por unanimidad, desde el momento de su sanción hubo quienes alertaron que debía haber una contrapartida de financiamiento, y que de lo contrario el proyecto sería "letra muerta". Esos planteos fueron retomados este año por colectivos sociales y algunos legisladores del Frente Amplio consideran que el reclamo es pertinente y por eso buscan la manera de reasignar a esa área unos US$ 3 millones.
"Es un tema que nos preocupa y queremos contemplarlo", dijo a El Observador el senador Marcos Otheguy, líder de Rumbo de Izquierda. Según señaló, la agrupación (que cuenta con la diputada Stella Viel en la comisión que tiene a estudio la Rendición de Cuentas) está ultimando detalles para reasignar dinero de otros incisos para el cumplimiento de la ley, así como para mejoras edilicias en el Hospital Vilardebó.
A fines de junio, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) envió un informe al Parlamento denunciando un incremento "significativo" de la cantidad de internos, lo que ha llevado a condiciones de "hacinamiento" y "sobrepoblación".
Como consecuencia el hospital está sufriendo de altas tasas de hacinamiento. Según informó La Diaria, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la INDDHH visitó el jueves 5 de junio el Hospital Vilardebó y surgió la preocupación por la sobrepoblación y el hacinamiento en la sala 11, dónde están los pacientes judicializados, es decir que están allí por orden judicial cumpliendo una sanción penal. El 40% de esos pacientes no deberían estar internados y continúan en el centro por bucrocracia judicial, debido a que los internos reciben el alta médica pero no está refrendada por la justicia.
Otheguy dijo que hay problemas que "podrían resolverse con pocos recursos", destinados a reformas y una mayor cantidad de camas disponibles.
"En total, contemplando la situación del Vilardebó y los recursos para la ley, estamos hablando de $ 100 millones", señaló el senador, y agregó que en las últimas semanas se reunieron con representantes sociales y funcionarios de la salud.
Hugo Achúgar, integrante de Federación de Organizaciones de Familiares de Salud Mental, dijo a radio Uruguay que "es criminal" que no se asigne el presupuesto necesario para la ley, y manifestó que en el contexto de los ingresos del Estado, los US$ 3 millones requeridos son "una gota en el Río de la Plata".
Las autoridades de ASSE comparecerán este jueves ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.
Reglamentación
El decreto del Poder Ejecutivo establece que cuando una hospitalización supere los 45 días corridos, el prestador de salud deberá notificar a la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental y en las hospitalizaciones judiciales se agrega la obligación de notificar a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Además le da a la comisión la tarea de controlar los centros de asistencia, y denunciar irregularidades.
