El texto sobre la Administración de Servicios de Salud del Estado abarca desde tercerizaciones hasta la estafa contra el Fonasa.
En el capítulo sobre tercerizaciones, se abarca las contrataciones presuntamente irregulares de empresas de limpieza, vigilancia, mantenimiento y conserjería, entre otras. A su vez, incluye la contratación de camas de CTI y cuidados moderados. También agrega los traslados que se tercerizaron y la contratación de estudios médicos, servicios de oxigenoterapia, de profesionales y de técnicos. De acuerdo con la denuncia, de las 70 Unidades Ejecutoras de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que se analizaron mediante auditoría externa, solo 29 proporcionaron la información solicitada. En 27 de esas se detectaron irregularidades. El Hospital Pereira Rossell, el Hospital Maciel, el Hospital Pasteur, entre otras unidades, fueron las que presentaron irregularidades en las tercerizaciones. A su vez, a partir de una auditoría interna de 2014 que relevó 20 unidades ejecutoras, resultó que todas tuvieron irregularidades.
Incremento en el gasto y compra a privados
La demanda expresa que, de acuerdo con los datos proporcionados por la Rendición de Cuentas, el presupuesto ejecutado en ASSE en 2015 fue de US$ 972 millones. Entre 2009 y 2015 hubo gastos que aumentaron de forma significativa, como el dinero que se invirtió en locomoción contratada, que subió 162%. También se incrementó el gasto en termos de oxígeno y equipos médicos, que aumentó 206% en seis años. A su vez, la demanda sostiene que los gastos en limpieza, aseo, fumigación y recolección de residuos hospitalarios subieron 205%. También crecieron los costos de servicios y estudios médicos, que se incrementaron 189%. Con respecto a algunos rubros en particular, en seis años aumentó 709% el gasto en fisioterapia y se incrementó en 1517% el dinero que se invirtió en servicios médicos, sanitarios y sociales.
Arquitectura
La denuncia expresa que hay obras de ASSE que no se inscribieron en el Banco de Previsión Social (BPS). También afirma que el control de los aportes al BPS se hace con posterioridad al pago y que se detectó en "varios casos" pagos que axcedieron el monto imposible ofertado. "Este proceso no cuenta con un control adecuado", agrega el texto . A su vez, la demanda sostiene que no se solicita planilla de trabajo del personal contratado. También afirma que se verificaron pagos referidos a avances de obra sin supervisión.
Situación particular de unidades
La demanda pide investigar particularmente las colonias psiquiátricas, el Hospital de Ojos, el Hospital de Las Piedras, el Centro de Salud de la Cosita, el Hospital de Canelones, el Centro de Salud del Cerro, el Hospital Piñeyro del Campo, el Hemocentro de Maldonado y el Hospital Filtro. En el caso de las colonias psiquiátricas, por ejemplo, constataron en recibos del BPS de pacientes que se les otorgaron préstamos. Los asistentes sociales de las colonias deberían seguir los recibos de cobro, en especial porque los pacientes con declaración de incapacidad no pueden contraer préstamos.
Aporte de suplentes de ASSE
Sobre los aportes de suplentes en ASSE, la demanda afirma que se documentaron situaciones en las que las fechas de ingreso que figuran en los recibos de sueldo de los trabajadores con contratos de suplencia no coincide con la fecha de alta en el BPS. "Esta situación genera un serio perjuicio para el trabajador y para el Estado", agrega el texto. La denuncia sostiene que como no se declara a los trabajadores en el BPS en tiempo y forma, eso "afecta en el cómputo de los servicios a efectos jubilatorios, así como en sus aportes Fonasa y su liquidación de IRPF".
Comisión de apoyo
El texto afirma que las Comisiones de Apoyo de las Unidades Ejecutoras de ASSE se caracterizan por el "consecuente incumplimiento de derechos laborales", que terminan en juicios millonarios a los que el Estado debe responder. En ese sentido agrega que la Comisión recibió a diciembre de 2014 demandas laborales por $664.653.349 (casi US$ 23 millones) y reclamos ante el Ministerio de Trabajo por $526.616.120 (US$ 18 millones). Según la denuncia, la ley 19.355 habilita a ASSE a "transferir hasta un monto de $ 300 millones (US$ 10 millones) en los ejercicios de 2016 y 2017 para atender exclusivamente las sentencias de condena (...) en juicios laborales". También expresa que en la Comisión se introducen múltiples categorías laborales con "profundas diferencias salariales" entre sí. La demanda pide investigar también por qué la Comisión de Apoyo se utiliza para promover licitaciones abreviadas.
Estafa contra el Fonasa
Sobre la estafa contra el Fonasa -que reveló que había prestadores que recibían cápitas de la Junta Nacional de Salud (Junasa) de personas que no tenían trabajo-, la demanda señala que "el escándalo dejó al descubierto las graves fallas del sistema". En ese sentido, la denuncia afirma que "llama la atención la facilidad" con la que los prestadores de salud pueden obtener "beneficios cuantiosos", ya que los organismos involucrados en la administración del Fonasa (BPS y Junasa) no ejercen la fiscalización que deberían. "Como consecuencia de esto, no aplican sanciones, por lo que se fomentó la impunidad de estas empresas", agrega. La demanda afirma también que los datos de las personas que se pueden cambiar en cada corralito mutual son de manejo exclusivo del BPS, por lo que "su filtración a estas empresas de promotores implica una falla grave del sistema o una falta grave de quien filtra la información".
