El 25% del en 2016 fue destinado a comprar medicamentos que se otorgaron a través de resoluciones judiciales.

El Ministerio de Salud Pública debió pagar US$ 5.314.067 en medicamentos considerados de alto costo en 2017 por orden judicial, ya que en la mayoría de los casos se niega a financiar tratamientos con esa clase de fármacos. El subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, dijo este jueves a la prensa que el gasto es "muy significativo" y señaló que cada año hay más sentencias judiciales que condenan al ministerio a brindar fármacos que no están contemplados dentro del Formulario Terapéutico Médico (FTM), el listado de medicamentos que todos los prestadores de salud deben ofrecer a sus usuarios.

En el MSP aseguran que detrás de los recursos de amparo que se presentan en la Justicia para conseguir los tratamientos caros "hay abogados que operan en conjunto con la industria farmacéutica", comentó el subsecretario. Algo que llama la atención en la cartera es que hay resoluciones judiciales que obligan al ministerio a comprar determinada marca, en lugar de indicar la droga que debería tomar el paciente, afirmó. "La industria farmacéutica presiona mucho para fidelizar al equipo de salud a través de un nombre comercial, que siempre es mucho más sencillo de recordar que el nombre químico", señaló.

Los recursos de amparo para acceder a fármacos considerados de alto costo no dejaron de crecer en los últimos años. Mientras que en 2011 hubo ocho resoluciones judiciales que condenaron al ministerio a financiar tratamientos, en 2017 fueron 131. Los datos fueron presentados en el seminario "Decisiones judiciales, relación médico-paciente y políticas públicas de salud" organizado por el sanatorio Mautone en Punta del Este.

El subsecretario destacó que en el MSP "hay preocupación" por el dinero destinado en los últimos años en medicamentos de alto costo, porque los recursos de amparo contemplan casos puntuales. "Pensamos que se puede gastar mejor, mucho mejor. Y cuando vemos que tenemos que gastar US$ 5 millones nos lamentamos profundamente de no poder gastarlos en mejorar la salud global de la población", afirmó.

En el ministerio buscan alternativas para disminuir los fondos destinados a tratamientos caros. Esos fármacos suelen ser recetados a pacientes que padecen cáncer, esclerosis múltiple, hepatitis C, entre otras patologías.

Una opción que podría acortar el gasto son los medicamentos genéricos, que tienen un precio mucho menor al de los fármacos originales. Sin embargo, las opciones más baratas demoran en salir al mercado porque las patentes expiran alrededor de 20 años después de que el producto fue creado.

Los plazos de exclusividad de las patentes responden a la necesidad de la industria farmacéutica de recuperar la inversión destinada a crear las nuevas composiciones. Sin embargo, Quian sostuvo que el 80% del dinero que gastan los laboratorios en investigación es proporcionado por los estados, según un estudio realizado por el economista estadounidense Joseph Stiglitz.

"¿Habría algún juez capaz de otorgar todo el porcentaje que destinamos a la salud a una sola persona y dejar al resto sin nada? Eso es lo que se hace de a pequeños trocitos cuando los recursos de amparo le dan razón al paciente y nos obligan a brindar un medicamento", sostuvo el subsecretario.

De hecho, el 25% del presupuesto de funcionamiento del MSP en 2016 fue destinado a comprar medicamentos que se otorgaron a través de resoluciones judiciales: en total, se invirtieron US$ 6.400.350 en tratamientos caros. Si bien muchos de ellos curan, algunos son paliativos, es decir, prolongan el tiempo de vida de los pacientes.

Si bien la jurisprudencia está dividida, en muchos casos se falla a favor de los usuarios y se condena al MSP o al Fondo Nacional de Recursos (FNR) a pagar los tratamientos, porque la Constitución establece que el Estado proveerá de forma gratuita los medios de asistencia a aquellos que carezcan de recursos suficientes.