En un pedido de informes el ministerio señaló que puso en práctica la normativa de pagos compartidos, pero no detalló la información.

El Observador. Un tratamiento con medicamentos de alto costo puede salir hasta US$ 150.000 por año. Si bien algunos están contemplados en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) del Ministerio de Salud Pública (MSP) –lo que significa que todos los uruguayos pueden acceder a ellos sin costo-, los especialistas suelen recetar fármacos que no están cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) y que ni los usuarios ni los prestadores de salud pueden pagar.

Como forma de evitar que estas situaciones se resuelvan en la Justicia, el MSP contempla las excepciones y creó en 2015 la Comisión Técnica Asesora, que evalúa la posibilidad de brindar el tratamiento en función del costo y la efectividad del producto. Además, en agosto de 2016 la cartera aprobó una ordenanza que abre la puerta a los copagos, es decir, que el precio de los fármacos sea compartido entre el MSP, el usuario y el prestador de salud, siempre y cuando la Comisión Técnica Asesora apruebe el tratamiento.

La nueva normativa establece que se podrá "considerar la situación económica del peticionante, para evaluar diferentes alternativas de financiamiento".

El diputado nacionalista Martín Lema hizo un pedido de informes al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, en donde preguntó cuántos fármacos se compraron a través de esta nueva modalidad. El jerarca respondió que se acordó "un convenio con la industria farmacéutica y con prestadores y usuarios", pero en los últimos dos casos no explicita cuántos fueron.

Asimismo, pese a que El Observador solicitó al MSP esa información, la cartera no respondió al planteo. "Con algunos pacientes se llegó al copago pero no dimos la cifra de cuántos", dijo una fuente del ministerio.

"El compromiso que asumió el presidente de la República se sigue sin cumplir. Si hubo cofinanciamientos, ¿por qué el ministro no dice cuántos?", señaló Lema.

El legislador hizo referencia a la respuesta que le envió Tabaré Vázquez a Luis Lacalle Pou en 2015, en donde le aseguró que abordaría el tema de los medicamentos de alto costo con "seriedad y responsabilidad".

A su vez, frente a un pedido de informe anterior del diputado Lema en el que preguntaba por qué el concepto de "beneficios clínicos debe relacionarse con los costos", Basso respondió que "a la hora de elegir un fármaco u otro, cada día resulta más importante considerar otro tipo de factores, tales como su costo".

Una excepción

El Observador accedió únicamente a un convenio de copago realizado a modo de excepción en julio de 2016, es decir, antes de que la nueva ordenanza tuviera vigencia.

En este caso, el Casmu pagó $ 122 mil (US$ 4.300) y US$ 475 para comprar una endoprótesis aortoilíaca y el MSP se hizo cargo del resto. "Analizada la situación clínica de la paciente y ante la inexistencia de otros tratamientos alternativos, la Comisión Técnica Asesora consideró pertinente acceder a lo solicitado compartiendo el gasto con su prestador de salud", establece el documento.

"Yo solo conozco un caso anecdótico, en el resto nunca he visto que salieran resoluciones favorables con copagos", dijo a El Observador el abogado Juan Ceretta, profesor referente en acciones de amparo para medicamentos de alto costo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Además, Ceretta hizo hincapié en que si la Comisión Técnica Asesora no aprueba los tratamientos mediante copagos, la financiación se resuelve en la Justicia y eso le sale más caro al Estado cuando el fallo es a favor del usuario. "El pago compartido solo se puede dar en el ámbito de la ordenanza (...), porque justamente en lo que te fundás para hacer una acción de amparo es que el ciudadano carece de recursos suficientes para el tratamiento", sostuvo.

Por otra parte, el oncólogo Eduardo Lasalvia dijo a El Observador que hay un "enjuiciamiento permanente" de la indicación médica y que se llegó a decir que los especialistas tienen "vinculaciones perversas" con la industria farmacéutica por recetar fármacos que no están incluidos en el FTM. "Yo trabajo en el mutualismo y en Salud Pública y nunca tuve conocimiento de que hubiera un copago entre el MSP y alguno de estos prestadores o con el paciente en cuestión", afirmó.

No se establecen parámetros

El abogado Juan Ceretta reclamó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no establece parámetros claros vinculados al cofinanciamiento de los fármacos de alto costo.

"¿Cuánto es tener posibilidades y cuánto no? No hay ninguna norma que diga que el que pueda afrontar el 30%, el 40%, el 50% del costo del medicamento se considerará como oportunidad de copago, por ejemplo", dijo Ceretta.
Además, el diputado nacionalista Martín Lema afirmó que la ordenanza del MSP tampoco explicita cómo se comprueba la solvencia económica del paciente para hacer frente al copago. "¿Qué se le pide? ¿Un recibo de sueldo? No hay franjas establecidas, no se saben los criterios con los que se analiza cada situación en particular", sostuvo.