La Justicia de ese país hizo lugar un recurso de amparo que solicitaron los empresarios afectados, pero el gobierno apelará.

A fines de 2017 el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que pretendía modificar las cajillas de cigarrillos. La propuesta implicaba que todos los paquetes, sin importar la marca, tendrían el mismo tipo de letra, color y diseño con un 80% de advertencia sanitaria sobre los daños del tabaco sobre el cuerpo humano. Y en la actualidad,  el Parlamento todavía no se pronunció.

Frente al silencio legislativo, el presidente Tabaré Vázquez resolvió firmar en agosto un decreto que disponía, prácticamente, el mismo contenido que el proyecto de ley, salvo algunas diferencias. Una de ellas es que, por ejemplo, las empresas tabacaleras tendrían seis meses para adaptarse a la nueva normativa, en lugar de 12, como estaba estipulado en la redacción que ingresó al Parlamento.

Una semana después de que Poder Ejecutivo emitiera el decreto, la tabacalera British American Tobacco resolvió solicitar un recurso de amparo ante el juez de lo Contencioso Administrativo, Pablo Eguren, quien en las últimas horas dio lugar al pedido y aceptó el reclamo de la empresa. Los efectos de la sentencia de Eguren sólo se aplican a British American Tobaco, por lo tanto las restantes empresas deberán cumplir con el decreto.

"El Poder Ejecutivo dictó un decreto prácticamente con los mismos términos del proyecto de ley. Y yo lo que digo que allí hay materia reservada al legislador, se limitan derechos y eso supone reserva legal. Por lo tanto esto debe ser aprobado por ley, no por decreto. De lo contrario esto causaría un perjuicio económico al Estado, si el día de mañana le quieren hacen un juicio por daños”, explicó Eguren a El Observador.

En la sentencia, el juez argumentó: "Estamos en presencia de un actuar manifiestamente ilegítimo por parte del Poder Ejecutivo", ya que el decreto es más restrictivo que el artículo del proyecto de ley sobre "empaquetado y etiquetado de productos de tabaco", que aún no tiene sanción del Poder Legislativo.

El juez dijo que los afectados argumentaron que el decreto contemplaba poco tiempo –seis meses- para que ellos incorporaran las modificaciones a las cajillas de cigarrillo y que eso les significaría un perjuicio. Ante la urgencia, la empresa recurrió al recurso de amparo.

Pero el secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma negó que ese perjuicio sea real. Según declaraciones que hizo en Televisión Nacional, el decreto “no erosiona para nada ninguna disposición internacional en ninguno de los tratados". “Vamos a seguir adelante”, sostuvo Toma y anunció que apelarán al fallo de Eguren.

El juez explicó que, si el gobierno apela, deberá presentar el caso frente al Tribunal Civil (TC), y si el organismo confirma las sentencia emitida previamente por el juez, será el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) el que resuelva posteriormente la suspensión o aprobación del decreto observado. De lo contrario, si el TC da lugar a la apelación del gobierno, el decreto volverá a activarse. Luego de eso, ninguna de las partes podría volver a apelar.