Conecta –del grupo brasileño Petrobras– e Italba Corporation -empresa de telecomunicaciones con sede en Miami- habían demandado al Estado uruguayo ante cortes internacionales por considerar que el país sudamericano había incumplido contratos en el sector petrolero y de telecomunicaciones, respectivamente.

El Observador de Uruguay. El Estado ganó dos demandas en los últimos días que le habían realizado multinacionales.

Por un lado, Uruguay ganó el litigio con la empresa Conecta –del grupo brasileño Petrobras– que demandó al país ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por incumplimientos de un contrato de concesión para el proyecto de construcción de la planta regasificadora. En concreto, la empresa consideró que no se cumplió con lo estipulado para la construcción y explotación de sistemas de distribución de gas por redes para el abastecimiento de localidades, con excepción de Montevideo, en régimen de concesión de obra pública, que fue firmado en diciembre de 1999.

Por el otro, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor de Uruguay en el arbitraje que había promovido la empresa Italba Corporation por US$100 millones por considerar que se le revocó de forma irregular una licencia de banda ancha que se le había concedido a su subsidiaria uruguaya, Trigosul SA. El secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, indicó en conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros que el demandante fue condenado a pagar casi US$ 6 millones por costas y costes.

El fallo le fue informado al gobierno este viernes, el mismo día que también se les comunicó la sentencia sobre el litigio con Conecta. En ese caso, la demanda fue presentada en abril de 2017 por US$ 80 millones y la Corte Internacional de Arbitraje había ordenado a principios de 2018 el pago de US$ 322.500 y la provisión de gasto fue fijada en US$ 645 mil.

Ambas sentencias llenaron de confianza al gobierno para ganar los litigios de Aratirí y MontevideoGas, para los que todavía no hay resolución, según indicó Toma. "Nos alientan a seguir defendiendo con todas nuestras fuerzas los arbitrajes que aún penden", afirmó. 

Detalles del caso. Conecta La firma Conecta inició acciones legales en abril de 2017 y pretendía que se declarara que el Estado incurrió "en graves y reiterados incumplimientos" del contrato de concesión. También pedía que el Estado reparara a Conecta por las pérdidas y/o daños, y por "el cobro indebido de cualquier suma improcedente bajo dicho contrato".

El Estado uruguayo contestó la solicitud de arbitraje y se opuso a las pretensiones de Conecta. Además, presentó una contrademanda, en la que pretende que se declare que existe incumplimiento de Conecta en la obligación de llevar a cabo todas las "inversiones iniciales obligatorias", según consta en la resolución oficial que autoriza la contratación de la asesoría argentina.

En el marco de la regasificadora, también la empresa MontevideoGas inició acciones legales contra el Estado, aunque el monto exacto del reclamo no ha trascendido públicamente. Tanto Conecta como MontevideoGas han argumentado que por meses le reclamaron al Estado que corrigiera inconvenientes que afectaban sus operaciones, pero al no tener respuesta optaron por los mecanismos arbitrales de solución de disputas previstos en cada uno de los contratos.

Detalles del caso Italba. La firma Italba Corporation presentó en noviembre de 2017 una demanda al Estado uruguayo ante el Ciadi, ya que alega que a su subsidiaria uruguaya, Trigosul SA, se le revocó en 2011 en forma irregular el permiso que se le había concedido en el 2000 para brindar servicios de banda ancha.

Según la empresa, eso implicó una violación al Tratado de Protección de Inversiones vigente entre Uruguay y Estados Unidos. En 2011 la Ursec detectó irregularidades en el funcionamiento de la empresa y por eso liberó las ondas del espectro radioeléctrico que Trigosul SA tenía asignadas.