Uso controlado de drogas: un debate más allá de lo político
Lunes, Agosto 28, 2017 - 11:07
Tras la alternativa de crear salas de consumo supervisado para mejorar los índices de seguridad, los expertos piden que la discusión se centre en la evidencia médico-científica.
Por primera vez, la administración del alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, Enrique Peñalosa, abre el debate sobre la posibilidad de ofrecer alternativas de tratamiento a los drogodependientes de la ciudad. Durante un foro realizado en la universidad de Los Andes, como lo informó El Espectador, el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, se mostró de acuerdo con que exista una oferta a través de la cual los consumidores de drogas, especialmente de bazuco, puedan recibir una dosis controlada de estupefacientes y, de esta manera, tengan la posibilidad de ingresar a programas de tratamiento y rehabilitación voluntarios.
En contexto, la discusión responde a la iniciativa del representante a la Cámara por Bogotá Samuel Hoyos (Centro Democrático), quien es el autor de un proyecto de ley que contempla formular mecanismos alternativos a los penales para combatir, reducir y desincentivar el consumo de drogas y la cual incluye crear las salas de consumo controlado de drogas. “Cualquier iniciativa legislativa basada en evidencia rigurosa que provea herramientas para atender adicción a las drogas debe ser bienvenida”, escribió el secretario a través de su cuenta de Twitter.
Según explicó en el foro, estas medidas podrían contribuir a reducir los índices de criminalidad que están relacionados con el consumo de bazuco y que más golpean a la ciudadanía. “Este año el hurto a personas está creciendo, mientras que los demás han caído. Y gran parte de ese delito -hay que decirlo- es cometido por quienes tienen un problema que podría ser enfrentado de una manera mucho más racional”, dijo.
Incluso aseguró que si los habitantes de calle pudieran tener una oferta de bazuco controlada, así como salas de uso supervisado, eso “abriría una puerta para políticas de tratamiento si así quieren hacerlo, y sin lugar a dudas sería una contribución importante para las cifras de seguridad ciudadana”.
A pesar de las críticas contra Mejía, quien en otros tiempos se opuso a suministrar droga de manera controlada para tratar adicciones, los expertos consideran que se debe ir más allá de lo político para centrarse en el alcance de esa iniciativa.
Para Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), después de la toma del Bronx hay un proceso de aprendizaje de la Alcaldía en el cual se plantea una serie de desafíos que le permiten contemplar distintas alternativas. “Lo que resulta contraproducente es que esta discusión se politice y que por defender lo que el gobierno pasado no hizo, se bloquee una iniciativa que podría servir para atender los problemas que la ciudad sigue teniendo”, dijo Garzón quien aseguró que, en principio, se deben diferenciar los Centros de Atención a Drogodependientes (Camad), impulsados por la administración de Gustavo Petro, y las salas de consumo controlado, propuestos por el representante Hoyos. “En los Camad no se suministraban drogas. Y lo que propone el proyecto de ley de las salas de consumo controlado es que el Estado podrá suministrar gratuitamente en el curso de un tratamiento médico de rehabilitación”.
De acuerdo con informe de esa organización, las salas “no están pensadas para el uso recreativo y experimental esporádico, sino que focalizan su atención en poblaciones que tienen un consumo problemático y riesgoso”, sobre todo en aquellas que están en situación de vulnerabilidad y que tienen dificultades para acceder a servicios médicos. Además, asegura, las salas no van a incentivar el uso de drogas y en esa medida ofrecen una ruta para que los consumidores puedan recibir atención médica y tratamientos a los que tradicionalmente no pueden acceder.
En ese sentido, el concejal Juan Carlos Flórez (ASI) dijo que le ha insistido al Distrito que se debe hacer seguimiento a las experiencias internacionales, a la literatura especializada y a establecer el estado de los avances científicos para evitar que una iniciativa como estas no se convierta en una justificación del consumo. “En esto no se puede improvisar, es un tema de una inmensa gravedad y con las drogas no se juega”, precisa.
El estudio de la FIP muestra que este tipo de salas son una alternativa cuyos resultados se han probado en los países desarrollados. Según especifica, a principios de este año funcionaban en Europa 90 salas de consumo higiénico de drogas: dos en Francia, 31 en Países Bajos, 24 en Alemania, dos en Noruega, 13 en España, una en Luxemburgo, cinco en Dinamarca, y 12 en Suiza.
Para pensar la propuesta desde lo local y plantear un plan piloto, Marcela Tovar Thomas, directora del Centro de Pensamiento y Acción para la Transición, considera que se requiere incluir a los consumidores de droga habitantes de calle en la construcción de la propuesta, para que la iniciativa “no sea de escritorio” y definir espacios de trabajo con las comunidades aledañas a los espacios de consumo supervisado.
Mientras el Distrito abre el debate sobre estas posibilidades para dar una atención alternativa a los drogodependientes, en el Congreso avanza la iniciativa del representante Hoyos que podría replantear la manera como ha sido atendido el consumo de las drogas en la ciudad. “El Distrito no puede hacerlo solo, necesita un cambio de legislación nacional y de jurisprudencia de la Corte Constitucional. Son muchos los cambios que hay que hacer.”, concluyó Flórez quien puntualiza que para hacerlo realidad los virajes que deben estar soportados en evidencias científicas muy sólidas.
