Ursula Giedion, coordinadora de Red CRITERIA en el Banco Interamericano de Desarrollo.

Colombia es un país con ciertos problemas sociales que tiene aún importantes niveles de desigualad por ingresos. Sin embargo, su sistema de salud ha logrado bastante equidad en el acceso a los servicios y su transición hacia la cobertura universal ha sido rápida y exitosa. Eso revela un estudio de la OECD del año 2015.

Más del 75% de los recursos de salud en Colombia son públicos y el gasto de bolsillo representa menos del 15% del gasto total. Los aportes que hacen los ciudadanos al sistema de salud son en función a la capacidad de pago de cada cual y no de su estado de salud. Sin embargo, mucho de lo que se ha logrado se encuentra hoy amenazado por la presión tecnológica en salud, como lo ha sostenido Alejandro Gaviria, Ministro de Salud de Colombia, en un webinar de la Red CRITERIA del Banco Interamericano de Desarrollo.

La presión tecnológica no es simplemente un reto más. Es un reto tan importante que puede poner sobre la cuerda floja la sostenibilidad de un sistema de salud.

En el caso colombiano existe un plan de beneficios que define explícitamente los servicios a los cuales toda la población asegurada, en situación de pobreza o no y con o sin aportes, tiene derecho y puede exigir a sus respectivas aseguradoras (en el Sistema de Seguridad Social en Salud operan un total 69 aseguradoras entre el régimen subsidiado y el contributivo).

Los aseguradores reciben anualmente unos US$ 206 por afiliado para garantizar la entrega de los servicios incluidos en este plan. Si bien es un monto alto y un plan bastante amplio comparado con el de otros planes de la región, resulta bajo cuando se compara con los recursos con los que cuentan los países de ingresos altos para financiar la salud de sus ciudadanos.

Por ejemplo, el gasto per cápita público está por encima de los US$ 2.000 en la mayoría de los 36 países que hacen parte de la OECD pero es de unos US$768 en Colombia. Este contraste es importante pues evidencia una realidad dolorosa: los recursos son locales mientras que el conocimiento sobre las opciones terapéuticas son universales. Lo que constituye mejores prácticas para un médico en un país desarrollado, lo sería para el mismo paciente si viviera en Colombia, pero los recursos no son los mismos.

En este contexto, se han conjugado en Colombia una serie de factores que han facilitado una presión tecnológica, expresada en la aparición de un plan de beneficios paralelo cada vez más grande. Su crecimiento ha sido espontáneo y desordenado, siguiendo el ritmo de la aparición de nuevas opciones y solicitudes de servicios – en especial medicamentos que no estaban incluidos en el plan–, que se otorgan vía mecanismos administrativos y judiciales, y que además, terminan siendo asumidos con cargo al erario público.

En la cúspide de este fenómeno, uno de cada cinco pesos de la contribución que hacían los afiliados al régimen contributivo se usó para financiar este plan paralelo compuesto por los servicios no incluidos en el plan obligatorio de salud. Por otro lado, la ausencia de una regulación de precios de medicamentos en Colombia incentivó a las compañías farmacéuticas a vender sus medicamentos en Colombia a precios más altos a los registrados en otros países.

El gobierno colombiano financiaba todo lo que se le pedía dentro de un contexto en el cual la población está acostumbrada a que el Estado asuma casi la totalidad de la carga financiera en salud y donde no se ha abordado plenamente el debate sobre el conflicto entre los derechos individuales y colectivos en el acceso a la salud en un contexto de recursos escasos y presión tecnológica.

Cada vez quedaba más claro que el gobierno tenía que volverse más estratégico a la hora de definir qué tecnologías financiar y a qué precio. Es con esta idea, que Colombia ha creado un Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que informa las decisiones de ajuste del plan de beneficios. Asimismo, con el objetivo de fortalecer la capacidad de “ver antes de comprar”, se ha consolidado una política de regulación de precios de medicamentos que va encaminada a alinear los precios con el valor terapéutico de los productos. En esencia, Colombia ha aprendido la necesidad de mirar con lupa las tecnologías, evaluar sus aportes y precios a la luz de la responsabilidad de un Estado con la salud de todo un colectivo.