Por Luis Manuel Arellano Delgado, para Excélsior.

Año 2018. En México los activistas que han luchado contra el sida se encuentran en jaque, inmóviles. Están fuera de la narrativa gubernamental, y del presupuesto para enfrentar la epidemia.

En el contexto de su lucha contra la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador suspendió la transferencia de recursos a todas las organizaciones sociales, sindicales, civiles o del movimiento ciudadano. El ejecutivo nunca habló de VIH ni de sida pero al contralor de la Secretaría de Salud le pareció que la medida se debería extender a esta dependencia y ordenó suspender la convocatoria anual del Centro para la Prevención y el Control del VIH/Sida, una atinada estrategia que financia intervenciones de detección y protección en poblaciones clave y de difícil acceso.

Hace 20 años detener recursos para prevención del VIH habría provocado movilizaciones radicales, como en 1987 cuando el Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH logró que el Instituto Mexicano del Seguro Social comprara las primeras terapias triples que salvarían la vida de muchos pacientes. ¿Por qué hoy no se toman nuevamente las calles? Sin proponérselo, López Obrador puso la pelota en la cancha de las organizaciones que luchan contra el sida y con ello se abrió un sano debate que exhibe la aletargada realidad del VIH dentro de las comunidades.

De hecho, tampoco hay movilización contundente contra el desabasto criminal de antirretrovirales en el IMSS ni solidaridad con quienes denuncian la irresponsabilidad administrativa del ISSSTE donde se carece de un programa estructural contra el sida. De no ser por algunos médicos que han sostenido su compromiso profesional al interior del IMSS e ISSSTE, hoy se tendría que generalizar respecto a la violación de la norma oficial 010 dentro de esas instituciones.

La suspensión de la convocatoria del CENSIDA, sin embargo, no es lo más importante; pocos han observado que actualmente el interlocutor gubernamental en materia de VIH/sida está en otro lado, pues con quien la Secretaría de Salud negocia y acuerda el manejo de los recursos públicos es con el poderoso consorcio farmacéutico que ha hecho de la epidemia un millonario negocio, respaldado en cabilderos profesionales e incluso en activistas que se oponen a la compra de genéricos.

Sea por la parsimonia de los líderes históricos o por la perplejidad de los activistas emergentes realmente comprometidos, el affaire de estas organizaciones civiles revela el agotamiento no solo humano sino también conceptual. Se tiene que decir: desde 2006 un segmento importante de dichas organizaciones se vinculó a la agenda gubernamental, que ha ofrecido recursos para financiar intervenciones preventivas de VIH aunque desde la óptica institucional y bajo formas, contenidos y tiempos incómodos aceptados por los activistas.

Incluso, las asociaciones, colectivos y organizaciones no gubernamentales suscribieron las reglas establecidas desde el Estado. En el 2004 se promulgó la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y Otras Normas Aplicables, una herramienta jurídica que les ofrecía recursos pero que las despolitizaba disolviendo su carácter autónomo e identidad.

El dilema enfrentado por los activistas contra el sida de ninguna manera es nuevo. Está enmarcado en la crisis sustancial de prácticamente toda la sociedad civil mexicana donde las posiciones radicales y vanguardistas proyectaron el germen de partidos, de fundamentalismos (como suponer que la ciudadanía solo podía expresarse desde la izquierda) así como disputa por liderazgos e incluso confrontación entre activistas sean ambientalistas, feministas, universitarios o de la diversidad sexual.

En 1999 el académico Alberto J. Olvera alertaba respecto de esa “confusión conceptual” que acompañaba la movilización de miles de organizaciones ciudadanas. “Una gran diversidad de aspiraciones, proyectos y procesos identitarios se superponen unos a otros, todos reclamando para sí la paternidad o el uso exclusivo de la categoría de sociedad civil”, escribió.

Ese entorno no limitó la lucha comunitaria contra el sida, que asumía la importancia de proyectarse independiente,  ante la necesidad de ocupar los vacíos institucionales de atención, respuesta y contención de la epidemia. Fue sin duda en los años 90 cuando se generó el reconocimiento moral a la movilización de activistas, muchos de ellos enfermos o diagnosticados con el VIH. Fue una verdadera gesta, que además se orientó en contra de los estigmas asociados con la infección, así como el conservadurismo clerical y político, que se tradujo en prohibiciones, negación de servicios, rechazo de la homosexualidad, la educación sexual, así como la promoción y distribución de condones.

Sin duda CENSIDA resolverá este entuerto y van a fluir los recursos comunitarios. Esa medida, sin embargo, no apagará el verdadero foco rojo marcado por dos indicadores: 1) la distancia creciente entre los activistas y las poblaciones que dicen representar; 2) la pérdida de su relevancia simbólica, pero sobre todo política.

Es sano decirlo: no todo lo que pulula como sociedad civil en VIH es sociedad civil. Hay simulación y lastre, pero las organizaciones no gubernamentales se mueven. Definitivamente necesitan reposicionarse. Olvera lo dice mejor: “es en la institucionalización de nueves espacios de acción, de nuevos derechos, donde la acción estratégica y la eficacia operativa se convierten en lógicas fundamentales”.