Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.

La enfermedad renal crónica es un renglón muy grueso dentro de la grave crisis de salud que los mexicanos estamos viviendo como parte de la epidemia de diabetes y obesidad y en general de las enfermedades crónico degenerativas.

Sin embargo, la salud renal no ha sido seriamente abordada; no existe una estrategia o definición del Estado en torno al problema de salud pública en que se ha convertido el evidente crecimiento del daño renal entre la población nacional.

No hay registro formal de la enfermedad, y por tanto no se tienen cifras claras, pero es muy sabido que la situación es dramática y nos ha rebasado. Justamente ahora que el Senado aprobó el registro de cáncer, se abre la esperanza para el de registro de enfermos renales que no es menos importante y por el cual se viene pugnando desde hace décadas.

En el III Congreso Nacional y I Latinoamericano de Pacientes Renales celebrado el jueves y viernes pasado en esta capital jalisciense se dieron muchas cifras y elementos que reflejaron la gravedad de la insuficiencia renal: no sólo se trata de un severo problema epidemiológico, sino que tiene magnitudes sociales y económicas muy delicadas por la discapacidad que genera y por el gasto catastrófico que representa para miles y miles de familias, aunadas las consecuencias irremediables para los sistemas nacionales de salud.

Hablando de México, estimaciones oficiales conservadoras hablan de entre 8 y 9 millones de mexicanos con insuficiencia renal crónica (IRC). Son pacientes que en su gran mayoría adquirieron el daño renal por complicación de la diabetes o a raíz de la hipertensión arterial, y que terminan requiriendo terapia sustitutiva: diálisis, hemodiálisis o trasplante.

Lo malo es que son proporcionalmente muy pocos los que reciben alguna de esas terapias de remplazo.

La situación es que para que el sector salud cubra la terapia de daño renal necesita una fortuna: más de 32.500 millones de pesos (US$ 1.756 millones) anuales, según cálculos del 2016. Simplemente es el doble de lo que el Seguro Popular dedica a 12 de sus principales intervenciones, incluido el cáncer, bajo el Fondo de Gastos Catastróficos. No se ve por dónde podrían salir los recursos para esa cobertura.

Pero se quedó en claro en el Congreso de Pacientes que por lo menos hay que empezar por algo. No se pueden ignorar a centenares de miles de familias que están asumiendo gastos catastróficos por la enfermedad renal.

Es muy importante la movilización de los pacientes. El Congreso citado reunió a agrupaciones renales de México con las de distintos países de la región y de España. Llegaron representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá.

En el evento hubo mensajes esperanzadores. Se dijo que en México la Secretaría de Salud que lleva el doctor José Narro recién formó un grupo de trabajo con especialistas, académicos y una gama de distintos expertos para diseñar una Política de Salud Renal con miras a anunciarla en breve. El compromiso lo asumió el secretario Narro hace un tiempo en un foro internacional de especialistas y ya se ha empezado a caminar en ello.

El doctor Malaquías López-Cervantes, director general de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) de la dependencia, enlistó ocho puntos donde en principio se perfilan las prioridades en materia de salud renal: intersectorialidad, capacitación de los equipos de trabajo, desarrollar investigación, desarrollar un sistema de información, prevención de los factores de riesgo, detección y tratamiento tempranos, tratamiento integral de las enfermedades y mejorar la calidad de las terapias de remplazo.

Si lo logra, será un mensaje de gran aliento que el presente gobierno aun en su fase final, defina la postura del Estado mexicano en torno al grave problema de salud renal.