Luego de 20 años que caracterizaron a Chile como un lugar de “baja conflictividad social”, en 2011 se vivió una inédita secuencia de movilizaciones estudiantiles y sociales, las que se han prolongado por siete meses.
Han abarcado todo el país, la totalidad de las universidades públicas y gran parte de las privadas; un amplio conjunto de establecimientos educacionales del nivel secundario, las organizaciones de los profesores, entre otros grupos. El apoyo a la movilización en la población ha oscilado entre el 80% y el 71% de las chilenas y chilenos 8según cifras de Adimark).
Las reivindicaciones se sintetizan en educación pública, gratuita y de calidad, oponiéndose al lucro empresarial en la educación, a la falta de regulación del sistema en su conjunto y a los altos aranceles que se deben pagar –y la alta deuda que contraen los universitarios-, tanto si estudian en instituciones del Estado, como si lo hacen en planteles privados. En definitiva, plantean reformar radicalmente la institucionalidad educacional organizada en 1981 por la dictadura militar, sancionada el último día de su ejercicio en 1990 por la Ley Orgánica Constitucional de Educación. Esta ley fue débilmente reformada en 2009, luego de la masiva movilización de los estudiantes secundarios durante dos meses en 2006. Sin embargo no incluyó ninguna de las demandas expresadas en esa época. Por ello, el movimiento educacional en 2011 ha estado marcado por su alta desconfianza hacia las formas institucionales y toda instancia de diálogo y negociación con el gobierno y el Parlamento.
Un primer efecto político del movimiento fue la caída del ministro de educación Joaquín Lavín, luego de un fuerte descenso de su alta popularidad. El sector educacional ha seguido siendo, sin embargo, el peor evaluado por la ciudadanía (sobre el 70% en todo el período), superado sólo en el mes de noviembre por el manejo de la delincuencia. Así como las demandas educacionales reciben amplia adhesión ciudadana, el manejo del gobierno respecto del conflicto recibe amplio rechazo. La estrategia de éste ha sido defender el modelo mixto de provisión de educación –esto es la competencia desigual entre organismos públicos y privados-, incrementando en cierta medida su financiamiento para el año 2012. Para ello se rebajó la tasa de interés del crédito estudiantil con aval del Estado, lo cual garantiza tanto a las instituciones financieras como a las universidades privadas un enorme mercado. También se incrementa la cantidad de becas disponibles para estudiantes universitarios. No se impone, sin embargo, a las universidades un arancel (el llamado “arancel de referencia”) que pueda cubrirse con la beca o el crédito. En otras palabras, estas pueden aumentar su spread vía precios, gracias a los recursos del Estado, sin someterse a estándares públicos.
Por su parte, el movimiento por la educación también ha experimentado problemas luego de varios meses de intensas movilizaciones (más del 50% de la población no está de acuerdo con los métodos utilizados, hacia fines del año) y de la falta de una expresión político institucional de sus demandas. La enorme mayoría de los jóvenes chilenos no está inscrita para votar en las elecciones y las fuerzas políticas en el ejecutivo y el parlamento no representan sus intereses. El propio Partido Comunista ha visto disminuida su presencia en el movimiento luego de la derrota de Camila Vallejos para la presidencia de la FECH y el descrédito de su líder en el Colegio de Profesores.
En síntesis, los actores de la educación, liderados por los estudiantes y apoyados por la ciudadanía, han planteado con la fuerza de la movilización social la necesidad de una reforma radical a un sistema que se implantó hace 30 años sin deliberación, ni consenso democrático. Eso requiere de un cambio político, que el gobierno de Sebastián Piñera, con poco apoyo ciudadano (entre 25 y 33%), en sus últimos dos años de ejercicio y liderado actualmente por su fracción más neoliberal –la UDI-, difícilmente aceptará realizar. La Concertación opositora, que aspira a sucederlo en 2014, aparece como corresponsable de los problemas existentes y cuenta con bajísima adhesión ciudadana (entre 14 y 17% en las últimas mediciones). Se abren para el próximo período importantes desafíos políticos para el país: o los movimientos ciudadanos se radicalizan y aíslan, al no encontrar una respuesta relevante a sus demandas, o bien se construye una nueva mayoría social y política diferente y más amplia que la que hizo posible la transición a fines de los 80, que exprese y de cauce a lo que la nueva sociedad chilena está requiriendo.
