Hace un par de días, la Secretaría de Educación Pública suspendió, de manera indefinida, los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior de los maestros. Estos procesos son parte fundamental de la Reforma Educativa aprobada en 2013: suspenderlos equivale al desmantelamiento de la misma.

Muchas veces lo dije en este espacio y otras voces lo señalaron una y otra vez también: lo realmente importante con relación a las reformas estructurales no era que fueran aprobadas, sino que fueran implementadas adecuadamente. A pesar de ello, el gobierno federal las celebró e, inclusive, nos dijo que, ahora sí, llegó la hora de "mover a México".

¿Ahora qué nos van a decir Peña Nieto y los suyos? ¿Que la reforma no estaba bien diseñada? ¿Por qué, entonces, insistieron en que se aprobara? Si estamos ante un problema de diseño, estamos también, luego entonces, ante un problema de incompetencia: ¿quién redactó el contenido de la reforma, quién la concibió? ¿Nadie en el equipo del presidente se dio cuenta de que esa reforma no estaba bien planeada?

Ahora bien, si el asunto no es que la reforma haya estado mal diseñada sino que, simplemente, el gobierno ha sido derrotado por quienes se oponen a la misma, entonces estaríamos también ante un problema de incompetencia: el Poder Ejecutivo no puede cumplir con sus funciones, es decir, aplicar la ley. En este caso (y esto es justamente lo que ha pasado: ¡nadie lo dude!), estaríamos igualmente ante una cuestión de pésimo manejo político y de total debilidad de parte de las autoridades: el gobierno ha sido doblegado por la CNTE, la cual recurrió a la violencia para conseguir lo que quería.

Ha quedado claro, pues, que el país está en manos de un gobierno incapaz, que no se sabe conducir políticamente y que, no se nos olvide, está sumido en acusaciones de corrupción. De hecho, la victoria de la CNTE no es sorpresiva: su contraparte, es decir, la autoridad federal, perdió toda credibilidad y margen de maniobra como resultado del entramado de la Casa Blanca.

Y ahora, lo peor está por venir: los poderes fácticos -esos que, se supone, serían socavados gracias a las reformas- tienen ahora clara la ruta para desbancar al gobierno: violencia, violencia y más violencia, es decir, el camino seguido por la CNTE. No nos sorprendamos, pues, cuando empecemos a ver en las calles a grupos que, genuinamente o financiados y dirigidos por los grupos de interés correspondientes, pidan con lujo de violencia la "suspensión indefinida" de la Reforma Energética, de la Reforma en Telecomunicaciones, etcétera.

Lo que todo esto significa es sumamente preocupante: ha quedado nítidamente demostrado que, lamentablemente, quienes pensamos que en nuestro país las leyes son una pérdida de tiempo y que, en esencia, México se rige por la ley de la selva, no estamos alejados de la verdad. En otras palabras, las elecciones, el marco legal, los legisladores, los gobernadores, los presidentes municipales, los jueces, los ministros, los secretarios de Estado, etcétera, no sirven de mucho: a final de cuentas, cualquier grupo bien organizado, que se comporte violentamente, que sepa dónde y cómo apretar a la autoridad, termina imponiéndose sobre ésta incluso si quienes están en el poder fueron elegidos democráticamente, si los procesos legislativos se cumplen y si los jueces emiten resoluciones apegadas a “derecho”.

Y por si eso fuera poco, no hay que olvidar que, todo eso que no nos sirve, lo pagamos todos (y a precio de oro).

Pobre país. Así no se puede.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.