Comencemos por el principio: una intervención de los Estados Unidos (y algunos de sus aliados) en Siria no sería legal bajo el derecho internacional.
La Carta de las Naciones Unidas contempla sólo dos casos en los cuales es legal el uso de la fuerza: en legítima defensa ante una agresión armada (cosa que no ha ocurrido), y cuando lo autoriza el Consejo de Seguridad de la ONU (cosa que no va a ocurrir). Y ello pese a que la acusación de los Estados Unidos contra el régimen sirio involucra cuando menos dos delitos de suma gravedad bajo el derecho internacional: el empleo de armas químicas (el cual constituye un crimen en sí mismo, como establece la Convención sobre Armas Químicas), y específicamente, el haberlas empleado contra blancos civiles (lo cual configuraría además un crimen de lesa humanidad). Pero incluso en caso de que esa acusación sea verdadera, el derecho internacional no autoriza a cualquier Estado a actuar de motu proprio, sin el aval del Consejo de Seguridad.
El argumento en favor de una intervención por ende podría plantearse en los planos ético y político, pero no en el plano legal. En el plano ético, sería ocioso abundar en la escasa autoridad moral que el gobierno de los Estados Unidos tiene en la materia. Citemos los ejemplos más relevantes: documentos desclasificados de la CIA prueban que en 1988 el gobierno de los Estados Unidos brindó información de inteligencia a Saddam Hussein, a sabiendas de que este empleaba armas químicas en su guerra contra Irán en una escala sensiblemente mayor a la que habría ocurrido en Siria. El propio documento oficial que revela la evidencia sobre el empleo de armas químicas en Siria, admite que contaban con indicios de que el gobierno sirio se preparaba para usarlas tres días antes de que fueran lanzadas: ¿por qué no advirtieron cuando menos a sus aliados en la insurgencia? Por último, el documento en mención se basa esencialmente en información de inteligencia que no es revelada “Para proteger fuentes y métodos” operativos: es decir, el mismo tipo de “evidencia” que se empleó para justificar la invasión de Irak en busca de armas de destrucción masiva que, como sabemos, no existían.
Pero nada de eso cambia el hecho de que el régimen sirio es una de las dictaduras más despiadadas del mundo, que ha victimizado a mansalva a sus propios ciudadanos durante más de 40 años, y que existen indicios concurrentes (aunque no concluyentes), de que empleó armas químicas contra civiles indefensos. Aun concediendo la carencia de sustento legal, y el doble estándar estadounidense, ¿no se justificaría una intervención militar si esta pudiera poner fin (o cuando menos brindar alivio), al calvario que padece el pueblo sirio? Aunque existen razones para responder de manera afirmativa a esa pregunta, el problema radica en la premisa que implica: a saber, que el tipo de intervención planteada podría poner fin, o cuando menos brindar alivio, al sufrimiento del pueblo sirio.
Tenemos un atisbo de respuesta en el sufrimiento adicional que la amenaza de una intervención inflige ya al pueblo sirio: el flujo de refugiados hacia países vecinos se ha incrementado en días recientes, en previsión de un ataque. Por lo demás, como señala la organización no gubernamental británica Artículo36 en carta dirigida a su gobierno, algunos de los principales blancos militares sirios están en zonas urbanas densamente pobladas, y un ataque contra ellos causaría nuevas bajas civiles. Si nos atenemos al argumento oficial estadounidense, los objetivos de un ataque serían disuadir al régimen sirio de volver a emplear armas químicas, y degradar su capacidad para usar esas armas en el futuro (en caso de que la disuasión no funcione). Si se tiene en consideración que más del 95% de las muertes entre civiles se produjeron con armas convencionales, las masacres podrían continuar al ritmo actual aún sin recurrir a las armas químicas.
Existe por último un argumento que Obama no se atreve a esgrimir, pero que sería el más cercano a la realidad: aunque la intervención militar tendría en lo esencial fines políticos (como preservar la credibilidad de las amenazas que profiere el gobierno estadounidense, o privar a Irán y Hezbolá de su principal aliado en la región), podría como efecto colateral aliviar la crisis humanitaria. Ese sería el caso si la intervención cambia la relación de fuerzas entre los contendientes lo suficiente como para inducirlos a buscar una solución negociada (que Estados Unidos preferiría a una victoria de la insurgencia por temor a las facciones extremistas que abundan dentro de ella, o por temor a que esta diese lugar a una nueva guerra civil entre los vencedores, como ocurrió en Afganistán tras la expulsión de las tropas soviéticas). Pero se trata de una apuesta riesgosa, dado que se basa en la presunción (plausible, pero incierta), de que el régimen sirio preferiría encajar el costo de una intervención limitada, antes que propiciar una escalada regional. Y según un estudio reciente de Reed Wood, Jason Kathman y Stephen Gent, las intervenciones militares en favor de grupos insurgentes suelen incrementar las bajas civiles, producto de una respuesta desesperada por parte de fuerzas gubernamentales que se encuentran súbitamente a la defensiva.
