Puede sonar paradójico pero, después de todo, a Andrés Felipe Arias le va a convenir su extradición a Colombia. Esto, en primer lugar, porque a él jamás le van a levantar la pena de 17 años de prisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia; el Cartel de la Toga, valga decirlo. Si acaso, una improbable segunda instancia podría determinar una leve rebaja, pero más de eso no parece posible.

Por eso, su intento de obtener asilo político en Estados Unidos significaba no poder volver nunca al país ni poder visitar muchas otras naciones pues siempre pendería sobre él esa terrible espada de Damocles de ser un fugitivo de la justicia al que le espera una larga condena en su patria. Una apuesta riesgosa que muchas personas han perdido ya en el ocaso de sus vidas, pues la mano de la «justicia» suele ser bastante larga.

Para fortuna suya, el régimen judicial colombiano es garantista en exceso y los 17 años y 5 meses pueden terminar convertidos en cerca de siete que ya estaría muy cerca de cumplir. En efecto, aquí los reos reciben una sustancial rebaja de una tercera parte de la condena por trabajo o estudio, merced que no se le niega a nadie y constituye apenas un formalismo, con lo que la pena se reduciría a menos de doce años.

Adicionalmente, los condenados suelen beneficiarse de la figura de libertad anticipada por el cumplimiento de las tres quintas partes de pena, lo cual, aplicado a los doce años, resultaría en poco más de siete. Hay que tener en cuenta que él pagó alrededor de dos años en Colombia y cerca de tres en Estados Unidos, y todo eso se debe sumar. Por tanto, le estarían faltando solamente unos dos años de cárcel, a menos, claro, que la Corte prefiera seguir prevaricando y le niegue los beneficios a los que tiene derecho.

Valga decir también que mientras en los Estados Unidos se encontraba en una cárcel de máxima seguridad, bajo un durísimo régimen penitenciario, en nuestro país estará recluido en una guarnición militar, en dignas y cómodas condiciones de confinamiento, como ha sido usual para funcionarios de su rango. Yéndole mal sería enviado a una casa fiscal de alguna de las cárceles del país como La Picota, en donde ya estuvo confinado dos años. En todo caso, un régimen más suave que el gringo.

Aunque, por supuesto, bien sabemos que cualquier cosa puede esperarse en un país en el que hay cárcel para el uribismo y catamarán para el terrorismo. Todo indica que Jesús Santrich ya está en Cuba, luego de que la Corte Suprema (además de la Justicia Especial para la Paz, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado) lo ayudara a escaparse. Que el presidente de la Suprema no se justifique con el cuento de que los magistrados fueron engañados y burlados, pues habría que creer que se trata de una suerte de bazar de los idiotas y no de un alto tribunal lleno de gavilanes que venden sentencias por miles de millones de pesos como se ha puesto de manifiesto.

Y mientras los compañeros de ruta de este mafioso y terrorista no dicen nada sobre su fuga, andan ardidos porque no hubo foto de Arias encadenado a su regreso a Colombia y porque su reclusión no sería en una cárcel común. Alegan que no se le deben dar comodidades justo ahora que se está tratando de eliminar el beneficio de la casa por cárcel para los corruptos. Pero valdría la pena recordarles que la misma Corte Suprema reconoció en su sentencia que Arias no se robó un peso y que los beneficiarios irregulares del programa Agro Ingreso Seguro devolvieron hasta el último centavo. No se perdió nada. Por el contrario, su impacto en el agro fue positivo.

Lamentablemente, Arias seguirá impedido para hacer política más o menos hasta el 2027, debido a la sanción de 16 años impuesta por el procurador Ordóñez, que lo inhabilita. Una sanción con la que quiso parecer neutral después de sancionar a gente de izquierda como Piedad Córdoba y con la que se quitaba de encima un rival de su propio partido en el camino a la presidencia. También en la Procuraduría se cuecen habas.