Salta a la vista que el controvertido “gasolinazo”, término que expresa el enmascarado ajuste tributario de enero a los precios de los energéticos (gasolina, electricidad y gas), ha generado un alarmante brote inflacionario en la primera quincena de este mes fatídico, tanto por esta misma turbulencia monetaria como por la persistente hostilidad de la nueva presidencia norteamericana contra México en sus lamentables primeros diez días.
Es innegable que la sostenida volatilidad cambiaria y los inciertos ingresos petroleros durante todo el año pasado fondean en buena medida esta impopular decisión de política económica, aunque de ninguna manera ambos factores explican y justifican toda la desestabilizadora política de precios de energéticos que Peña Nieto y sus tecnócratas anunciaron a finales de diciembre pasado.
Revisemos primero las cifras básicas de la primera parte de la dura “cuesta de enero” de este año con la última información del INEGI. Esta primera quincena el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) tuvo una variación de 1,51% (respecto a la segunda quincena de diciembre de 2016), que la convierte en la primera quincena del año más inflacionaria de los últimos 17 años, es decir, del siglo XXI. Esta tasa quincenal quedó muy por encima de la fechada en 2015 (donde hubo una deflación leve: negativa, de –0.19%) y lo mismo respecto a la fechada en 2016 (0,03%, cercana a 0). El año antepasado fue excepcional, pues se registró la tasa de inflación más baja de los últimos 45 años (2,13%). Estos dos años fueron, sin duda, muy holgados para aterrizar la halagada política monetaria del Banco de México.
No se puede dejar de subrayar que, obviamente, ahora la tasa quincenal del subgrupo de los “Energéticos” fue la más elevada: 12,66% exorbitante dentro del INPC. No debe sorprender que las gasolinas (de bajo y alto octanaje) y el gas doméstico hayan sido los tres bienes (genéricos) que más incidieron a esta escalada inflacionaria quincenal.
Y algo más para documentar enfáticamente el brote inflacionario: dos localidades fronterizas donde hubo una inflación quincenal arriba del 1,51% referido, fueron aquellas precisamente donde ha habido movilizaciones ciudadanas intensas y constantes en esto días de enero: Mexicali (2,86%) y Tijuana (2,89), allá en Baja California, hoy enardecida por ésta y otras razones locales (“hídricas”, de un enorme potencial inflacionario depredador para los pobres y las clases medias de esa parte del país). Así, la reacción social ante el “gasolinazo” allá fue proporcional al tamaño del palo recibido. Matamoros (Tamaulipas) y Acuña (Coahuila), también ciudades fronterizas norteñas, fueron las más inflacionarias de todo el país: con 3,29% y 2,97%, respectivamente. Sorprende que allí los ánimos sociales todavía no se desbordaran como en Baja California, pero no hay que ser brujo para anticipar que allí esto no se quedará sosegado.
Ante la imparable movilización ciudadana espontánea contra el “gasolinazo”, alentada tímidamente por la oposición política en el Congreso, el gobierno peñanietista reaccionó confusa e improvisadamente con el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía”. Se trata de un documento de obvia intención apaciguadora frente al ascendente movimiento ciudadano contra el “gasolinazo”. Destaco y comento brevemente sólo dos cuestiones medulares que allí se exponen: a) se sostiene allí que se trata de “mantener la estabilidad de precios de la canasta básica”; b) y se promete realizar “acciones necesarias a efecto de evitar que se observe un incremento injustificado en los precios de la canasta básica”.
Los últimos datos del impacto inflacionario del “gasolinazo” desmienten rotundamente el primer punto. Ya ha habido efectos claramente de “segundo orden” en la primera quincena de enero y precisamente en muchos productos y servicios básicos, que se reflejan en buena parte en lo que en los medios se ha llamado el “tortillazo”. Subrayo que hay un término vago en el lenguaje gubernamental usado en este posicionamiento: “canasta básica”. ¿Se refieren al “Indice de la Canasta Básica” (ICB) de 82 genéricos derivado del INPC, cuya canasta tiene hoy 283 genéricos, y que muchos confunden con la canasta del ICB? No es claro este asunto, y no es menor.
El tema que hay que debatir y revisar sobre esto no es puramente técnico, sino fundamentalmente social y político -en el mejor sentido de esta palabra-. El ICB fue un invento desventurado de la tecnocracia salinista de finales de 1987 para (supuestamente) comenzar a darle seguimiento y protección a la canasta de los pobres y de los empobrecidos clasemedieros por la brutal inflación de ese año (160% anual) y, obviamente, por la inflación acumulada en los años previos (1982-1986).
Esa ramplona canasta del ICB no ha sido nunca un referente serio para ninguna política económica o social orientada a “defender la economía familiar”. Omite, por ejemplo, productos básicos como el pollo, el chile, el tomate y la cebolla e incluye ridículamente la “gasolina de alto octanaje”. El costo de la vida de la mayoría de las familias mexicanas debería medirse y evaluarse idealmente por este ICB si estuviera bien hecho, pero no es el caso. Si este documento de intención apaciguadora de Peña Nieto nos remite al inadmisible ICB, no hay nada que hacer en ese sentido que tenga un gramo de credibilidad.
Pero hay opciones institucionales superiores a este fantasioso ICB para medir el costo de la vida de las familias mayoritarias del país: los dos índices fundamentales del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social). Me refiero al Índice de la Canasta Alimentaria y al Índice de la Canasta No Alimentaria, que miden ambos con cierto rigor y con mucha credibilidad el impacto de la inflación en el costo de vida de tales familias. Si dicho “Acuerdo” aspira (es un decir) a proteger en serio la “canasta básica”, con estos dos índices habría que medir la magnitud del daño inflingido por este brote inflacionario inducido por el gobierno. En unos días más se podrá ver esto y lo comentaré en este espacio. La reparación social y económica de este daño es la otra cosa que hay que revisar con eficacia y rapidez, pero que ahora tampoco rasco.
¿Cómo le harán los hacedores de la política económica del Peña Nieto para identificar y estimar los aumentos “injustificados” en los precios de la “canasta básica”? ¿Se volvieron en unas cuantas semanas “populistas”, como ellos han etiquetado peyorativamente a los que, por ejemplo, pugnan por cualquier control de precios durante algún momento económico difícil y atípico, quizá como el de ahora? Y lo inconcebible: ¿qué harán para sancionar a esos “infractores” de no se qué “ley” que permite diferenciar con rigor la inflación justificada de la inflación injustificada?
La tecnocracia de estirpe liberal lleva 33 años predicando duro y dale con el credo sobre lo eficientes que son los libres precios de mercado en sus felices vaivenes, sin regulación de ningún tipo y ahora…. ¿quieren pasar de contrabando y hacer patéticamente suyas las tesis de sus opositores y adversarios “populistas”? Andan urgidos de un discurso político e ideológico que la gente se los crea mínimamente y, sobre todo, que sea eficiente para mitigar ilusamente (sin revertir la medida tributaria, claro) los múltiples efectos devastadores de este inocultable brote inflacionario.
Mientras el Congreso siga impasible y cómplice de Peña Nieto, este repentino episodio monetario alimentará irremediablemente el conflicto social. La segunda embestida de precios de los energéticos anunciada para el 4 de febrero, si la concretan, hará más grande la hoguera que ya encendieron. Como parece que ya los despabiló el instinto político y electoral priista, habrá que decir premonitoriamente: “no hay loco que coma lumbre”. Ya veremos luego si ellos comen lumbre o no.
