El debate público suele verse influenciado por la opinión popular del momento aun cuando se trate del enfoque equivocado para lograr mayor beneficio para todos. La lucha política se centra en ganar la atención de las mayorías y así se fija una agenda alejada de las posibilidades reales. El subdesarrollo se explica en parte importante por esta dinámica.

Es fácil invocar el espíritu nacionalista y visiones de supuesta independencia para convocar mayorías momentáneas. Hoy la Argentina, con la expropiación de YPF, se aleja todavía más del desarrollo al apropiarse sin pago previo y con procedimientos heterodoxos del control de una importante compañía petrolera por la que Repsol pagó cerca de US$15 mil millones.

El enfoque es errado. La interdependencia en el comercio, la inversión y el movimiento de personas e ideas, a pesar de no ser intuitiva es clave para el progreso y es una realidad desde los albores de la civilización. Barcos hundidos en el Mediterráneo de la época de Tutankamon llevaban a bordo productos de, al menos, doce culturas. Ya entonces la autarquía era una utopía y en el mundo actual es impracticable.

La mirada correcta es ver qué dice la experiencia. Cuando la producción de petróleo y gas estuvo en manos privadas en los noventa se alcanzó la mayor producción de la historia de Argentina. Antes de privatizarse, YPF tenía diez veces más del personal para funcionar, las reservas caían y perdía millonarias cifras. Desde el 2000 la intervención del sector con precios y medidas irracionales provocó efectos que sufrimos los chilenos, como falta de gas en uno de los países con reservas más altas del planeta, incumplimiento de los contratos e importación de energía a precios elevadísimos. La expropiación no resolverá estos problemas e implicará consecuencias negativas de largo plazo que pagará el pueblo argentino.

Aunque no tan aguda, en Chile vivimos una situación parecida. Los estudiantes con pésimos métodos y malas propuestas impusieron en nuestra sociedad la idea que mejorar la educación es tarea fácil y sin costo. Las propuestas de desmunicipalizar, coartar la libertad educativa, gratuidad, cambios tributarios, nacionalizaciones y otras no respondían a un diagnóstico de lo realizado y lo pendiente y van contra la experiencia en los muchos logros alcanzados.

Desgraciadamente los líderes políticos se dejaron llevar por el ambiente y hoy vemos que el Ejecutivo propone una reforma tributaria que no estaba en su programa y la enlaza con cambios en educación.

No existe o no se ha hecho público un análisis desde el enfoque correcto. Si se quiere cambiar impuestos, se debe estudiar qué ayuda a nuestro crecimiento de largo plazo y tener también un diagnóstico de la situación fiscal. La bonanza externa, en particular por el cobre, no debiera nublar la vista de las debilidades de largo plazo. Al menos debemos aumentar nuestra inversión cinco puntos del producto y, como ya nuestra posición externa es deficitaria, ello debe venir de ahorro interno. Las empresas no gastan; sólo ahorran, emplean e invierten y el alza de impuestos no ayudará a los chilenos ni tampoco permanentemente a la educación. Las cifras fiscales no han sido bien aclaradas y existen aumentos de recaudación muy por sobre las estimaciones de las autoridades. Ello, unido al aumento del gasto público casi cinco puntos del producto desde el 2008, indicaría que lo que se piensa recaudar más bien tiene como objeto cubrir gastos nuevos, como el Transantiago, o afrontar mayores costos, como en Codelco.

Desgraciadamente los impuestos que suben serán difíciles de bajar y la experiencia muestra que los que bajan han sido fáciles de subir. Se crea un nuevo concepto, los “impuestos verdes” a elementos tan variados como pilas, ampolletas, baterías y neumáticos, por supuestas externalidades negativas por contaminación. El precedente es grave. No hay un estudio que mida externalidades negativas y positivas y sirva de base para la propuesta, pero se abre una puerta para opinar livianamente y proponer impuestos que frenan el progreso. Se plantean cambios para combatir la elusión cuando algunos eran diseños del sistema, que en el caso del uso de las pérdidas permitía a empresas y personas capitalizarse más rápidamente promoviendo la movilidad empresarial, característica que paulatinamente hemos perdido.

Es difícil discrepar con la marea cuando parece muy fuerte. Pero si no modificamos nuestro enfoque, el costo lo pagarán los pobres con menos progreso.

Las cifras fiscales no han sido bien aclaradas y existen aumentos de recaudación muy por sobre las estimaciones de las autoridades. Ello, unido al aumento del gasto público casi cinco puntos del producto desde el 2008, indicaría que lo que se piensa recaudar más bien tiene como objeto cubrir gastos nuevos, como el Transantiago, o afrontar mayores costos, como en Codelco”.

*Esta columna fue publicada con anterioridad por el centro de estudios públicos ElCato.org.