Analizando la anatomía de la negociación entre el gobierno de Michelle Bachelet y los actores clave del sector educación, podemos ver que el actual ministro de esa cartera, Nicolás Eyzaguirre, todos los anteriores y los futuros ministros, tienen y tendrán siempre muy poca capacidad de negociación. Esta falta de "poder en la mesa" se manifiesta en que la principal acción de los ministros siempre ha sido la de ceder de a poco, de manera errática a las demandas de los actores que tienen más poder en la mesa de negociación.

La carencia de tacto negociador de los ministros para llegar a acuerdos tiene su origen en tres elementos que elaboran un escenario de negociación adverso: número de involucrados, limitado plazo de acción (cuatro años de gobierno) y la temporalidad de los efectos de la reforma.

Los actores involucrados son demasiados (universitarios, secundarios, profesores, votantes, oficialismo, oposición, etc.) y son muy diversos en su naturaleza, en sus capacidades y disposición a negociar. Ordenar los intereses de una diversidad tan grande de actores tiene un costo demasiado alto, toma demasiado tiempo y desgasta a cualquier negociador. Sobretodo cuando cualquiera de ellos, por sí solo, tiene el poder para remover la agenda de la autoridad.

Adicionalmente, los efectos que traiga la reforma, sean estos positivos o negativos, se verán en muy largo plazo. De esta manera, no es fácil probar un caso o una propuesta, lo que limita el ámbito de acción de quien debe facilitar un acuerdo y potencia las posiciones del tipo "demanda", ya que hay pocos elementos que legitiman la no aceptación de las demandas perentorias.

Otro problema que limita el poder en la mesa para el ministro es que los tiempos que cada actor dispone para abordar este proceso son desiguales. El gobierno de turno no sólo aspira a materializar la mejor reforma educacional posible, sino que también aspira a ser reelegido en cuatro años más (incluido el ministro). Cualquier gobierno de turno piensa en ventanas de cuatro años. Esto acorta los espacios de acción y entrega mucho poder a quienes tienen más tiempo para jugar y los recursos para facilitar o dificultar su reelección.

En una negociación, quien tiene la presión de tiempo siempre tiene menos poder en la mesa. En este proceso, los gobiernos cuentan con un tiempo muy acotado, tienen mucho que perder y poco que ganar. En la otra vereda, los actores (estudiantes, profesores, políticos, etc.) tienen muy poco que perder, ya que en el peor de los casos siguen como están, pero tienen mucho que ganar y mucho más tiempo para jugar.

En un proceso de negociación con esta anatomía, las acciones de los gobiernos siempre tenderán a ceder, y las de los actores antagónicos siempre tenderán a competir. En el modelo de competencia un agente no negocia: exige.

No es que este gobierno o los anteriores sean malos en sus capacidades de negociación. Simplemente, es que el escenario de negociación tiene deficiencias estructurales que resultan en que ningún gobierno tendrá un buen poder de negociación en la mesa. Por lo tanto, la única forma de balancear el escenario de poder en esta negociación, y otorgar más poder a la autoridad, es con un cambio estructural del mapa. 

Una manera de hacer esto es elaborando un "Consejo de Educación", cuyo plazo en ejercicio no sea de cuatro años; por el contrario, de mucho más, con miembros inamovibles durante un período largo y que su composición sea diversa en lo técnico y político, para así legitimar sus propuestas.

Este "Consejo de Educación" actuaría como el Banco Central, siendo una entidad independiente del gobierno de turno y no sería preso de los intereses acotados de unos pocos actores con poder. Definiría las políticas públicas y cambios estructurales al modelo de educación y sería responsable de monitorear sus resultados y modificar los elementos que sean necesarios para una mejora continua.

Al tener un horizonte de acción superior a los cuatro años, la institución y sus miembros serían inmunes a las presiones ilegítimas y de corto plazo que ejercen los actores políticos y nos aseguraríamos todos que hay una entidad objetiva y especialista en la materia, diseñando el futuro en educación.

De esta manera, el gobierno y sus órganos serían los administradores de la estructura definida por el "Consejo de Educación", y sus acciones estarían orientadas en verificar calidad y correcta ejecución legal.

La mejor manera de enriquecer un escenario que afecta nuestro poder de negociación es quitar ese escenario en primer lugar y redefinir el campo de juego a nuestro favor. En este caso, a favor de la educación.