La reciente catástrofe ambiental ocurrida con el incendio del relleno sanitario Santa Marta, ubicado en la localidad de Talagante, en el Gran Santiago, dejó en evidencia la mala gestión operativa del lugar por parte de los ejecutivos del homónimo consorcio (empresa que administra el relleno), traduciéndose las múltiples falencias en un mal manejo de la situación a nivel gubernamental.
Consecuentemente, las comunidades aledañas al relleno han experimentado momentos de incertidumbre en cuanto a los posibles efectos nocivos que puede producir en la salud el humo emanado por el incendio, en el corto, mediano y largo plazo. Y no sólo eso, porque también existe un peligro latente debido a la posible contaminación de las capas subterráneas de agua y de los terrenos agrícolas que están más próximos al relleno.
Durante los primeros días del incendio, la empresa Santa Marta redactó en su página web tres comunicados de prensa. En el primero, fechado el 16 de enero, informa sobre un deslizamiento de material que ocurrió el viernes 15, y que afectó aproximadamente a un décimo de la superficie del lugar. En el mismo comunicado se indica también, entre otros puntos, que se dio aviso inmediato a las autoridades; que se activaron todos los protocolos de seguridad y contingencia, y que se implementaron las medidas de mitigación respecto a los inconvenientes que experimentan los sectores cercanos.
Posteriormente, en el segundo comunicado, fechado el 18 de enero, la empresa comenta que "como era de esperar ante un evento de este tipo, el residuo domiciliario expuesto a las altas temperaturas, que responden a una inusual ola de calor en la Región Metropolitana, se generó un foco de fuego localizado, lo que provoca una gran emanación de humo". En el mismo comunicado se expresa además que "en concordancia con el compromiso y profesionalismo exhibido en el tiempo con la comunidad y el medio ambiente, resaltamos que no escatimaremos en recursos para dar solución a la urgencia que hoy nos atañe".
Un tercer comunicado fue publicado el 19 de enero, a través del cual se explica que "respecto de las razones que gatillan esta emergencia, creemos que es la autoridad pertinente la que debe referirse a este punto…". Claramente, tales comentarios se contradicen con los primeros expresados por la empresa, en relación a la génesis del incendio.
De forma adicional, la empresa presenta en su web un apartado dedicado a la Responsabilidad Social Empresarial, indicando su compromiso con temas sociales: "Para nuestra empresa es fundamental que los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial se trabajen en conjunto entre las localidades aledañas y la empresa, de manera de lograr generar un cambio real en las personas, mejorando su nivel de vida y manteniéndolo en el tiempo". Asimismo, Consorcio Santa Marta expone un breve video donde hace públicas las diversas acciones de apoyo que ha otorgado a la comunidad de Lonquén.
No obstante lo anterior, a la fecha la empresa a cargo del relleno cuenta con 45 sanciones por irregularidades en sus operaciones y por otra parte ha pagado más de 145 millones de pesos en multas (más de US$200.000). De igual modo, existen denuncias constantes por parte de la Coordinadora de Asambleas Ciudadanas de Talagante que los ha acusado previamente sobre presunto mal funcionamiento del relleno.
Frente al desastre ambiental del incendio y considerando la información expuesta por la empresa, cabe preguntarse ¿cuáles son los protocolos que la empresa indica haber activado frente al incendio? ¿De qué forma minimiza el impacto presente y futuro que puede afectar negativamente a la ciudadanía? ¿Quién garantiza la veracidad de la información proporcionada por la entidad? ¿Por qué no se utilizaron otros medios de comunicación sobre las acciones cometidas para hacer frente al desastre? ¿Por qué la entidad no asocia las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que desarrolla con los potenciales impactos de su actividad?
Sin lugar a dudas, las interrogantes pueden ser muchas más y en ese sentido debemos destacar que las empresas socialmente responsables han adoptado mecanismos de información orientados a transparentar las actuaciones realizadas en beneficio de las comunidades y del medioambiente, los cuales quedan materializados en informes no financieros que están estructurados en base a diversos principios universales de actuación empresarial, cuyo caso no es el de Consorcio Santa Marta.
En consecuencia, de cara a los variados escándalos empresariales que hemos conocido en el último tiempo, y en especial a este último desastre ambiental, es hora de que las autoridades políticas consideren la transparencia informativa empresarial como un derecho ciudadano, exigiendo a las empresas que operan en Chile la exposición de información financiera y no financiera, a fin de generar un juicio fundamentado y un monitoreo ciudadano del comportamiento empresarial que, directa o indirectamente, transforma nuestro entorno social y ambiental, afectando tanto a las actuales generaciones como también a las futuras.
