Chile está mal. La economía ha perdido dinamismo y su potencial se ha reducido, las principales instituciones están en crisis, los empresarios hacen trampas y los políticos han perdido credibilidad. No lo dice el pesimismo, sino los categóricos resultados recientes de las encuestas CEP y CERC-Mori.

Contrasta el país de hoy con ese Chile pujante, de inicios de la transición a la democracia, que pudo crecer, generar empleos y disminuir la pobreza; el mismo país que, cuando se presentaban controversias, encontraba una tranquilizadora respuesta en Ricardo Lagos: "Hay que dejar que las instituciones funcionen".

Hoy día las instituciones se encuentran en crisis y no aseguran tranquilidad, excepto para los poderosos. Pareciera que las agudas desigualdades, la corrupción y el "sálvese quien pueda" propios del neoliberalismo nos están pasando la cuenta.

Los resultados de la encuesta CEP, anunciados el pasado 13 de junio, muestran un inédito deterioro de la gestión del presidente, Sebastián Piñera. El 50% de la población desaprueba su trabajo y sólo el 25% está conforme, quien además obtiene calificaciones rojas en todas sus políticas públicas. Estas cifras contrastan con ese 37% de aprobación que recibió en la misma encuesta CEP, en diciembre 2018.

Durante la campaña electoral, Piñera y su sector político habían generado una alta expectativa sobre el mejoramiento de la economía y el empleo. Sin embargo, 61% de la población siente hoy día que la economía está estancada y 15% la cree en decadencia. Por cierto, las preocupaciones de la opinión pública no son sólo económicas; también les afecta la delincuencia, las pensiones y la salud.

El gobierno ha gastado mucho tiempo en responsabilizar al gobierno de Michelle Bachelet y a la oposición parlamentaria por la disminución del crecimiento. Mucho se ha insistido sobre el sistema impositivo, pero no hay avances. En este y otros temas, las iniciativas gubernamentales han sido infructuosas porque al gobierno le cuesta conciliar posiciones.  

En realidad, la disminución del ritmo de actividad económica no es sólo coyuntural, tiene fundamentos estructurales. La frontera productiva se ha estrechado. Y esto no es culpa de Piñera. Economistas y políticos, de la Concertación-Nueva Mayoría y de la derecha no han querido reconocer que hay un agotamiento del modelo productivo o, si se quiere, de la estrategia de desarrollo. El modelo productor de materias primas ya no da los frutos de antes. Se requiere, ahora, en el siglo XXI, una economía diversificada, fundada en el conocimiento. El senador Guido Girardi es uno de los pocos políticos que se atreve a decirlo (El Mercurio, 20-06-19).

En consecuencia, para potenciar el crecimiento y avanzar a una fase superior de desarrollo es insoslayable impulsar un modelo productivo que favorezca la creación de mayor valor agregado a nuestros bienes y servicios. Para ello es indispensable un aumento sustancial de la inversión en ciencia, tecnología e innovación; y, al mismo tiempo, el Estado debe generar los incentivos necesarios para que la empresa privada se comprometa en este esfuerzo.

Sólo una economía diversificada, fundada en el conocimiento, podrá ampliar la frontera productiva, potenciar el crecimiento, mejorar el empleo y las remuneraciones. Si ello se alcanza tendremos resultados positivos en productividad y mejoramiento de la capacidad competitiva.

La situación del país no se reduce a lo económico, como muchos creen, y tampoco afecta sólo al presidente Piñera. Golpea la clase política, al empresariado y a las instituciones de la República.

Según los resultados de la última encuesta CERC-MORI (mayo, 2019), existe una caída abrupta de la confianza en las instituciones. En efecto, la ciudadanía cree cada vez menos en la FF.AA., Carabineros, el Poder Judicial y los partidos políticos. Asimismo, también disminuye la credibilidad de sus tradicionales representantes: los políticos alcanzan 6%, senadores y diputados 7%, partidos apenas el 5% y las organizaciones empresarias 14%.

Las instituciones del país y sus representantes se encuentran en su momento más negro, desde hace 30 años. Por ello la lucha contra la corrupción debe ser implacable porque es, en gran medida, explicativa de este fenómeno. Nunca antes se había conocido un fraude generalizado en los altos mandos del Ejército y Carabineros; tampoco se conocían evidencias tan extensas de empresarios corruptores, que se coludieran sistemáticamente contra consumidores, pagaran a parlamentarios y a altas autoridades de gobierno, para imponer leyes, favorecer sus negocios y multiplicar ganancias; y, resulta preocupante que el Servicio de Impuestos Internos, de reconocida integridad, protegiese a políticos y empresarios corruptos, en vez de querellarse contra ellos. Ello explica que el 64 por ciento de la ciudadanía no se identifique con ninguna posición política (CEP) 

El Poder Judicial también ha perdido prestigio, porque no ayuda al saneamiento de las instituciones. Ninguno de los empresarios y políticos que delinquieron, con la ley de pesca o en los casos Penta y Soquimich, están presos. Una señal más de las desigualdades que imperan en Chile. Estas son muestras del privilegio de los ricos y poderosos por sobre las personas sencillas, las que difícilmente sustentan a sus familias con sus bajas remuneraciones y además sufren de una justicia parcial.

En suma, la disminución de la actividad económica, la corrupción, la crisis de las instituciones y la desafección con la política son fenómenos vinculados, que revelan que el país está mal y es preciso cambiar. El desarrollo de Chile requiere un nuevo modelo productivo, una lucha implacable contra la corrupción, justicia igual para todos, y una rigurosa vigilancia ciudadana sobre empresarios y políticos, que asegure la transparencia de sus actividades.