Dentro de las metáforas del poder está el mito de Fausto, que plantea que es posible -o necesario- pactar con el mal para conseguir un bien. Y en el escenario actual de Chile está cobrando sentido este mito, ya que tras 30 años del retorno de la democracia, por primera vez se visibiliza para la ciudadanía la dicotomía entre el régimen político y el modelo económico, donde están aquellos que lo sustentan servilmente o aquellos que lo combaten inútilmente.

El paso y el peso del tiempo llevó a observar una "lógica de la vaguedad", los razonamientos aproximados en la lógica "fuzzy", que no es más que un lenguaje borroso, difuso, donde nada parece definirse bien. En palabras de Bertrand Russell: "las cosas son lo que son, sólo el lenguaje es vago".

Y en estos tres decenios, los ciudadanos no sólo escuchaban y observaban lo anterior, sino que además, desconocían la trazabilidad de las decisiones de quienes estaban llamados a tomarlas por ellos, ya que vía el voto –legitimidad de origen- habían estado eligiendo representantes que con el tiempo percibieron que los representaban menos –legitimidad por rendimientos.

¿Dónde está el mal en todo lo anterior? Para Spinoza el mal es "aquello que sabemos a ciencia cierta que impide que poseamos lo que es bueno". Y al parecer, buena parte de los ciudadanos de a pie terminaron asumiendo que lo "bueno" no les era accesible, y con ello la "reprobación" de la que habla Axel Honneth, que en su origen es una acción comunitaria amorfa, que solo resulta “perceptible en la práctica", se manifiesta de manera "callada" y termina en una reprobación explícita a las elites superiores con sus representaciones bien elaboradas de justicia, que a las clases inferiores o la población juvenil les genera "una consciencia de injusticia", que se expresa, en la calle.

En esto los intelectuales tienen su responsabilidad, porque como bien dicen Carreras y Cortina: "si por algo son necesarios algunos intelectuales es por su capacidad de resumir, criticar, demoler y tranquilizar al mismo tiempo en cuestión de segundos". Pero su responsabilidad es más difusa, ya que se representan a sí mismos, aunque adscriban a uno de los dos niveles descritos.

Ellos, junto a académicos, líderes de opinión y los de "siempre" serán convocados a buscar las soluciones, no en el palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, sino en el Congreso Nacional.

Y esto porque las protestas ciudadanas han generado una agenda de políticas públicas como respuesta desde el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, las que -con más o menos apoyo-, deben ser negociadas con la oposición en el Congreso Nacional, algo paradojal, ya que quienes llaman a negociar hoy son los mismos que han bloqueado sistemáticamente desde 1990 las reformas que hoy se exigen en la calle y no en la sede del Ejecutivo o Legislativo.

Las preguntas que se instalan, entonces, es si la democracia son controles, entonces ¿quién controla a los congresistas una vez iniciado el proceso de respuesta legislativa a las demandas ciudadanas? ¿Y si pactar con el mal para conseguir un bien es un paso esquivo, que no lleva a ninguna parte, o impide que poseamos lo que es bueno? Tal vez la respuesta esté en un actor político que -aunque siempre ha estado- no se le considera relevante para solucionar los problemas nacionales: los alcaldes.

Estos representantes han aparecido en los medios de comunicación durante la crisis como aquellos capaces de canalizar las demandas, a través de un ejercicio que conocen bien: reunir y canalizar las demandas ciudadanas. Y los cabildos comunales aparecen como el espacio natural para su realización. Esto significa desnacionalizar la política y asumir que en los alcaldes puede estar el control de la agenda de problemas y de las negociaciones que están en curso, aunque ello los obligue a pactar con el mal.