La democracia no es sostenible en el tiempo en sociedades donde la corrupción define las normas de negociación, Venezuela es un ejemplo concreto de esta realidad. No sin equivocarse, Peter Eigen, fundador de Transparencia Internacional afirmó: “La corrupción es el talón de Aquiles de la democracia”. Y sin democracia no puede desarrollarse la economía de mercado, fundamentada en el derecho de elección de los consumidores y el derecho inviolable a la propiedad privada.
La corrupción es uno de los peores males que azota a la humanidad y es una amenaza latente para las democracias latinoamericanas. Desde el entorno de los derechos humanos, la corrupción es el principal obstáculo para que una sociedad goce de los privilegios de protección de sus derechos, precisamente porque erosiona las instituciones que los garantizan. Asimismo, los sistemas políticos corruptos niegan la posibilidad de la participación democrática, porque la esencia de este flagelo social es acrecentar los derechos y privilegios de pocos en detrimento de muchos.
La corrupción tiene tan innumerables efectos nocivos en las sociedades, que incluso pone en riesgo la supervivencia biológica, cuando le niega la asistencia médica a los enfermos, porque un grupo de personas se ha apropiado del presupuesto e insumos destinados a ese fin. En las sociedades corruptas todo cuesta más, por los intrincados eslabones de un tejido de relaciones de intermediarios que para construir una autopista, un hospital o una escuela cobran comisiones ilegales que reducen la eficiencia económica y la productividad, especialmente porque las obras públicas tardan más en realizarse de lo que deberían en condiciones de transparencia y en muchos casos se realizan con insumos de mala calidad, afectando así a miles o millones de personas en beneficio de unas pocas.
Se puede afirmar que la corrupción impone amenazas a la democracia, al crecimiento económico y al estado de derecho, porque genera todo tipo de costos y derroche de recursos. Por ejemplo, la compra de votos, el reparto de subsidios a las clases marginadas de la sociedad a cambio de favores políticos, acciones que deslegitiman los poderes públicos y generan costos en la economía, desacreditando al Estado y la democracia.
Mientras la democracia se fortalece con la protección a las libertades civiles y los derechos humanos, la autonomía institucional, la transparencia en el uso de recursos públicos, la división plena de los poderes públicos, la descentralización del Estado, la libre competencia de mercado; la corrupción logra exactamente lo contrario, erosionar las democracias hasta extinguirlas. La corrupción es esencialmente egocentrista, sin moral, busca privilegios injustos, ataca la meritocracia, usa sin escrúpulos las necesidades de los más débiles, provocando un mal uso del poder dado por los ciudadanos a unos representantes para que se vuelvan en contra de las necesidades de las mayorías.
La corrupción tiene la habilidad de multiplicarse y extenderse como el cáncer si no se le pone control a tiempo, filtrándose en todas las dimensiones de la sociedad, con el riesgo de institucionalizarse, en cuyo caso el sistema democrático (con sus valores de libertad de expresión y voluntad ciudadana) se vuelve un estorbo para su desarrollo metastásico.
De acuerdo a Transparencia Internacional este flagelo tiene muchas formas de manifestarse, algunas de ellas son los sobornos empresariales, la legitimación de capitales, las mafias del crimen y los cárteles de la droga, el poder económico de clases políticas para comprar votos, la concentración de la propiedad en pocas manos bajo la máscara de Estado socialista, la manipulación de la información pública, la carga tributaria sobre los agentes privados para sostener el peso de un Estado corrompido, y especialmente la cleptocracia (cuando los recursos públicos se consideran patrimonio propio de una élite que acumula todo el capital de la sociedad).
Cuando la corrupción es generalizada, como es el caso de Venezuela, sustrae el patrimonio de la sociedad civil, llevando a violaciones constantes de derechos económicos y humanos, deterioro de la economía, desempleo, pobreza, hambre y todo tipo de miserias. Justamente la radiografía actual de un país, que además de haber dejado de ser democrático por la inexistencia de mecanismos institucionales para garantizar los derechos ciudadanos, tiene la inflación y la pobreza económica más alta del mundo, esto a pesar de haber percibido entre 1999 y el 2015 unos 975 mil millones de dólares por exportaciones petroleras, y sin embargo hoy apenas cuenta con 10 mil millones de dólares en reservas internacionales, mientras su deuda externa se estima en aproximadamente 300 mil millones de dólares.
La transparencia y control de la corrupción es uno de los principios que debe guiar la administración de los recursos públicos, para fortalecer la economía, democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, en Venezuela la corrupción se ha impuesto en diferentes niveles como una variable permanente. De hecho, de acuerdo a los últimos reportes que arroja el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Venezuela se encuentra entre los países con índices de corrupción desenfrenada, manteniéndose siempre en los últimos 20 puestos del ranking desde el 2007.
Estando Venezuela entre los países con corrupción desenfrenada, debe destacarse que a pesar de haber recibido ingresos extraordinarios por la exportación petrolera, así como ingresos tributarios significativos, ha desmejorado el nivel de los indicadores de hogares pobres (73% de los Hogares según la Encuesta de Condiciones de Vida de las Universidades Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela y Simón Bolívar). La realidad económica muestra además que a pesar de los recursos que ha manejado el Estado, se ha generado una profunda erosión del aparato productivo, una inflación que alcanzó el porcentaje de 800% al cierre del año 2016 y una amplia tasa de desempleo formal.
Venezuela es una muestra fehaciente de lo que le ocurre a las democracias cuando la corrupción se impone, un espejo en el que necesariamente deben mirarse el resto de las naciones democráticas latinoamericanas para evitar que una tragedia social similar pueda repetirse.
