De repente en Bolivia, durante unos pocos días la atención de la opinión pública estuvo concentrada en la votación autonómica en Occidente del país, no sólo por la premura para llevarlo adelante por la caída petrolera permanente del último año y, por tanto, la caída directa de ingresos, sino porque finalmente desnuda los desafíos de la nueva estructura pública administrativa territorial que se viene implementando en el país frente a una crisis económica internacional de nueve años.
A la vez que el problema debió ser abordado con menor ligereza, también debió tomarse en cuenta el hecho de que la economía boliviana entró en una importante desaceleración previa a la caída de ingresos petroleros, entró en una fase de ajuste que permite identificar aquellos negocios y proyectos inviables que jamás debieron financiarse aunque existieran los recursos necesarios.
Ahora, al haberse incentivado el consumo de todo el stock de capital de los años 90, y adelantado consumo futuro mediante la reducción arbitraria de la tasas de interés, finalmente llegó el momento en que los bienes de capital están dejando de ser utilizados en producción para ser transformados en bienes de consumo, los medios de subsistencia indiscutiblemente han empezado a agotarse, la estructura productiva que fue expandida por adelanto deberá contraerse generando pérdida, destrucción de capital y pobreza, alineándose perfectamente a la crisis internacional.
Una de las lecciones más importantes de la Gran Recesión es que la implementación de agresivos planes de austeridad y la modificación de la estructura son determinantes para cualquier economía que desee una recuperación sana y sostenida luego de registrar auges insostenibles.
Por ejemplo, un país como España, con una estructura administrativa territorial muy similar a la de Bolivia, muestra cuáles han sido los errores que mantienen desde el retorno a la democracia, tanto como para que la sostenibilidad de su recuperación actual sea fácilmente cuestionada: se establecieron planes de austeridad tímidos en proporción y magnitud de la burbuja, y no se ha modificado la estructura económica, sobre todo la administrativa territorial como para que las Comunidades Autónomas sean capaces de generar ingresos propios no mediante el incremento de impuestos, sino mediante la creatividad empresarial.
Al menos por el momento, España se ha enredado en un sinnúmero de propuestas de Pacto Fiscal y otro de chantajes políticos como caldo de cultivo perfecto para experimentos políticos radicales que incluyen la secesión violenta catalana. En Bolivia esto ya es algo que viene sucediendo mucho antes de la desaceleración y posterior caída de ingresos petroleros. Una auténtica estructura autonómica al menos hubiera permitido hacer una comparación respecto de qué departamento es el que atrae y acoge capital.
Pero aquí viene la arista más importante del problema: España tiene el euro, pero Bolivia, en su resistencia a modificar su hipertrófica estructura burocrática, incluso en sus niveles autonómicos departamentales, al contar con una moneda nacionalizada en más de un 90%, no existen garantías para que no se recurra a la devaluación cambiaria en busca de una compensación nominal y proporcional a la caída de los ingresos. Si la situación en España no permite ser demasiado optimista aun contando con instituciones democráticas relativamente sólidas, no es pues difícil imaginar lo que podría suceder en Bolivia si a una eventual crisis económica semejante además se le agrega más inflación.
De hecho, los resultados el referéndum autonómico reciente en el Occidente del país ha sido muestra suficiente del debilitamiento de las instituciones democráticas, el ausentismo denota que estas prácticas ya no generan el efecto de legitimidad, ni mucho menos de conformidad general sobre los efectos de la política económica de los últimos años.
Esto constituye un mensaje más que importante para empezar a asumir una seria crisis económica en al menos tres niveles: la administración pública territorial, la política económica y el Estado de Derecho.
