La discusión y aprobación de una nueva normativa legal en Ecuador -el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF)- sacude las pesadas alfombras del poder. A diferencia de otros debates, sobre todo de aquellos marcadamente políticos (p.ej.: Constitución de 2008), jurídicos (p. ej.: Nuevo Código Penal) e ideológicos (p.ej.: Ley de Comunicación), el actual convoca con luz propia. La diferencia de ésta con aquéllas es de fácil comprensión: el COMF lleva en sus entrañas un conjunto de nuevas reglas que se aplicarán al viejo mercado del dinero nacional, en un país, recordémoslo bien, cien por ciento dolarizado.

Legislar sobre la riqueza monetaria social que administra el sistema financiero privado y público, en un país que desde hace 14 años y medio no emite moneda propia, conlleva pinceladas de audacia y temeridad. No por casualidad, esta reforma se convertirá en el nuevo punto de quiebre político aupado por el gobierno de Rafael Correa, que tiene en ascuas a muchos actores, entre ellos, a los jefes de los grandes y medianos grupos financieros locales. Razones para comerse las uñas no les falta, pero no son los únicos que deben preocuparse. Sería un espejismo pensar que lo que acaba de aprobar la Asamblea Nacional es asunto de la vereda del frente, cuando esta reforma, en mayor o menor medida, sacudirá el bolsillo de todos, el suyo y el mío.

Inaugurada la dolarización (enero 9, 2000), el viejo y corrupto esquema monetario quedó sepultado en sus cenizas. El crac financiero-bancario de 1999, que mató al sucre y evaporó al gobierno de Mahuad, tuvo además honda secuela en otras instancias del aparato estatal y del sector público. Quien no ha reparado en este detalle histórico debe saber que ese crac causó un terremoto poco visible dentro del decrépito barco estatal que regulaba un mercado del dinero, para entonces completamente desfigurado y saqueado, que hacía agua por los cuatro costados.

El terremoto financiero del 99 dejó enclenque todos los armazones de la red estatal: el ejecutivo (Junta Monetaria, Junta Bancaria, etc.), el administrativo (Banco Central, CFN, etc.) y el de control (Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, etc.). Aquella debacle no fue muy perceptible para gran público ecuatoriano, que andaba más ocupado buscando la forma de sobrevivir al crac. Pero en las instancias del poder político y económico, todos sabían que la Junta Monetaria estaba deshauciada, luego de prestar sus altos servicios a los especuladores de oficio y a los políticos inescrupulosos que pasaron por ahí; que la Junta Bancaria oficiaba de sacristán en las misas negras donde se licuaban las deudas de los grandes estafadores; que el Banco Central, heredero de una importante institucionalidad, quedó para vestir santos, esto es, para cumplir tareas menores, al quedarse sin su gran pastel: la emisión, regulación y control de la moneda nacional; que la Superintendencia de Bancos era el monumento perfecto a la corrupción rampante y a la ineficacia preventiva; que la Superintendencia de Compañías, igual de corrupta, se tapaba los ojos ante el escandaloso "by-pass" creado en la época de los hermanos Ortega-Trujillo, puente que permitió el surgimiento de enormes agujeros negros (p. ej.: evasión y elusión tributarias) en el movimiento accionarial entre sociedades financieras y sociedades mercantiles...Y así puedo seguir contando una y mil historias que hoy de pronto nadie recuerda o nadie quiere recordar, pues, como me dijo un banquero hace poco, "es que todavía hay mucha ropa tendida...".

Por paradójico que resulte, la dolarización hizo posible lo imposible: convirtió en cascarón el dorado nido de águilas y demás aves carroñeras de la moneda nacional. La dolarización, fruto del desastre, nunca virtud elaborada de las elites que gobernaron entonces el país, convirtió a muchos zares del dinero en cuasi fugitivos sociales; cambió el modelo del negocio monetario (antes, basado en la usura; luego, en la demencial carrera consumista), pero nunca lo sustituyó, ni estaba para eso. La muerte del sucre implicó el fin de una forma de obtener ganancia; la llegada del dólar solo inauguró otro formato de acumulación de capital.

En este trajín, el Estado -el contribuyente ecuatoriano- tuvo que pagar muchos platos rotos; fue forzado a costear la orgía monetaria de un club financiero donde cotizaban pocos socios (algunos de ellos buscados por la Justicia, otros, lucrando hoy de la dolarización). En el trienio 2000-2002, la sociedad absorbió los brutales costos de la transición monetaria, pagando alto precio por el crac financiero (p. ej.: alta inflación en dólares, desempleo creciente por la quiebra en línea de miles de fábricas). En ese período, la legislación monetaria fue detrás de la realidad dolarizada-heredada de Mahuad. Las tristemente célebres leyes Trole I y Trole II son buenos ejemplos de esa etapa de la historia económica nacional.

En general, todas las instituciones reguladoras del sistema financiero hicieron lo mismo, sobre todo aquellas que nacieron específicamente para sufragar la crisis con cargo al erario nacional (particularmente la AGD y la CFN). En ese mismo lapso, los actores privados acomodaron sus cargas al nuevo momento que se veía auspicioso. En concreto, si se mira con rigurosidad las cifras fundamentales del negocio bancario durante el período 2003-2004 (les recomiendo que lo hagan de verdad) apreciarán que la banca privada tuvo excelentes ganancias luego del desastre ocurrido apenas tres años atrás. Pasado el terremoto, solo podía venir la bonanza. Así ocurrió.

Cuando Rafael Correa subió al poder (enero 15, 2007), la dolarización había entrado en un tercer momento histórico, el del crecimiento y maduración de un esquema basado en la moneda estadounidense. Los costos sociales de la crisis estaban asumidos (los migrantes sostenían el modelo); los costos financieros de la crisis estaban absorbidos en las cuentas fiscales (los bonos emitidos para cubrir el robo de los banqueros saqueadores consta desde entonces en los sucesivos presupuestos del Estado). ¿Qué quedaba? La cosecha política. En cierto sentido, si no hubiera surgido el fenómeno político llamado Rafael Correa, quizá el país habría tenido que inventarlo.

Hoy, tres lustros después, Ecuador navega en la cuarta fase de la dolarización. En esta instancia histórica se han tendido puentes y se han tejido nuevas tramas. Miremos dos aristas particularmente importantes: i) Desde el lado político, el correísmo se muestra en su etapa madura (90 meses de manejo del poder pesa porque pesa) y exhibe una agenda cada vez más distante de la de los días felices, propia de la eucaristía política de un gobierno que arrasó en las urnas en noviembre del 2006. Por eso no es casual que hoy se imponga el pragmatismo (a ratos, mezclado con un insufrible tufillo autoritario) y se relativice el concepto para amoldarlo a la agenda del momento. ii) El estatismo económico ha llegado a niveles profundos, en tanto la economía da muestras de agotamiento en las esfera de la inversión pública (no porque no haya dónde invertir, sino por el creciente problema de financiamiento, toda vez que las cuerdas tributaria y petrolera están estiradas casi al máximo).

En este contexto, la Asamblea aprobó el Código Orgánico Monetario y Financiero. Si nos distanciamos del momento y lo ubicamos bajo el prisma histórico, este cuerpo legal ni cae del cielo ni es la panacea. Llega en un momento y en lugar determinados: en el Ecuador que acumula casi 15 años de dolarización, con un gobierno todavía fuerte y no menos inflexible que lleva siete años y medio en el poder, con una economía profusamente estatista y con destellos riesgosos de recalentamiento, mientras la empresa privada, en típica actitud oportunista, deshoja margaritas y no se atreve a jugarse, como clase, ni a favor ni en contra del gobierno... sino todo lo contrario.

Visto así el naciente COMF, nadie puede garantizar nada y es mejor que nadie se atreva a hacerlo. Una ley es eso, un cuerpo legal que se acopla a una realidad dada, Ocurrió en la época de Rodrigo Borja cuando se aprobó la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado (y ya sabemos lo que pasó); ocurrió en la época de Sixto Durán-Alberto Dahik cuando se aprobó la Ley de Instituciones Financieras y la Ley de Mercado de Valores (y ya sabemos lo que pasó); ocurrió en la época de Jamil Mahuad cuando se aprobó la Ley de la AGD (y ya sabemos lo que pasó); ocurrió en la época de Gustavo Noboa cuando se aprobaron las leyes Trole I y II (y ya sabemos lo que pasó)...

Lo que tenemos hoy como economía y sociedad, como acabo de describirlas, puede ser bueno, regular o malo. Ante esta disyuntiva, al menos yo no me atrevo a juzgar. En todo caso, ante el juicio crítico de la historia, es claro que no existe una honesta ni categórica respuesta. Por tanto, los epígonos de hoy y de ayer pueden ufanarse de anunciar el eterno desastre nacional. Y los corifeos, vanaglóriense de apoyar a la madre de todas las leyes para conducirnos al paraíso monetario. Da igual. Quienes hemos visto y estudiado de cerca el poco escrupuloso, engañoso y laberíntico mercado del dinero (dentro y fuera del país), tenemos un solo antídoto heredado a fuerza de necesidad y de honestidad intelectual: el escepticismo razonado.

*Esta columna fue publicada originalmente en el blog Rienda Suelta, apuntes de Hernán Ramos.