La reciente Asamblea de la OEA celebrada en Cochabamba merece una evaluación política en al menos dos aspectos: por una parte, la estrategia derivada de las acciones realizadas por Bolivia para posicionar la demanda marítima con soberanía como un tema regional o hemisférico en un contexto más amplio de demandas políticas. Un segundo aspecto dice relación con la instalación de una plataforma de críticas tendiente a consolidar una creciente deslegitimación de este organismo hemisférico, en términos que no es una instancia eficiente de convergencia para abordar los problemas políticos en la región. 

Si bien la OEA se mantiene como el principal organismo hemisférico, su capacidad de influencia y resolución de conflictos en los países tiende a disminuir y a transformarse en un ente burocrático más del sistema internacional. Frente a ello, el surgimiento de Unasur y otras instancias de articulación gubernamental -con evidentes énfasis económicos y comerciales- está dejando a la región sin un espacio de convergencia político que permita desarrollar estrategias conjuntas, cooperativas y eficientes de todos los países respecto a temas centrales en el desarrollo futuro, tal como sucede con la seguridad alimentaria que era el tema principal de esta Asamblea, pero cuyos acuerdos y debates pasaron desapercibidos y quedaron confinados a una agenda secundaria y a propuestas de proyectos. 

Un primer análisis de esta reunión hemisférica da como resultado la presencia de al menos dos grupos de países: aquellos pro-globalización, como es el caso de Colombia, México, Perú y Chile; y aquellos que se enmarcan en una línea argumentativa anti-globalización, como es el caso de los países del ALBA. A estos se adicionan aquellos países que se ubican en una zona gris y cuya definición más certera es la de regímenes nacional-populares cuyo comportamiento político combina acciones proteccionistas de distinto grado junto a propuestas de naturaleza nacionalista.

El ejemplo más claro es el de Argentina. Por su parte, Brasil -por su tamaño y objetivos estratégicos- se encuentra en una dinámica que obliga a su comparación y análisis con las potencias emergentes instaladas en torno al Brics.

En este escenario, la Asamblea de la OEA es la expresión natural de una tendencia creciente a la fragmentación y surgimiento de fracturas a las propuestas de integración política enarboladas hasta hace algunos años como un eje de desarrollo estratégico por todos los países. En la actualidad los foros regionales o subregionales se encuentran desarrollando actividades que dan cuenta de su existencia pero sin mostrar avances sustantivos. 

La manera en que se producen los alineamientos políticos de los países en esta asamblea en torno a cuestiones centrales revela la instalación de un escenario de conflictividad en tres dimensiones superpuestas: una político/diplomático, una segunda en el ámbito económico/comercial, y una tercera asociada a la situación interna de cada país y el uso de su política exterior. 

Veamos un mayor detalle. El discurso de Evo Morales, en su calidad de anfitrión, marcó el tono de en que se dieron los debates. Señaló que “…O la Organización de Estados Americanos (OEA) muere al servicio del imperio o renace para servir a los pueblos de América”, agregando que este organismo está “sometido” a los intereses de EE.UU. Para iniciar la refundación propuso eliminar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la Junta Interamericana de Defensa, el Colegio Interamericano de Defensa y el Instituto Hemisférico de Cooperación en Seguridad (ex - Escuela de las Américas, según señaló). 

Agregó la necesidad de que el Estado mantenga la propiedad de los recursos naturales, expresando la voluntad política de avanzar en nuevas nacionalizaciones y en la recuperación plena de los recursos naturales y su explotación por parte del Estado. A ello agregó lo que era esperable: la demanda marítima con soberanía de Bolivia.

Las afirmaciones del presidente boliviano fueron apoyadas por los países del ALBA, configurando una evidente alianza política, que incluso incorporó a Argentina con su objetivo de reivindicación de las islas Malvinas en una estrategia tendiente a instalar los temas de soberanía en la agenda regional, buscando un apoyo político para su solución.

Si bien Bolivia fracasa en lograr una resolución oficial de la OEA, sí consigue un posicionamiento político y mediático que no pasa desapercibido. Al efecto, la certeza jurídica de Chile puede ser considerada un obstáculo insalvable para Bolivia, pero se relativiza si aglutina un respaldo regional que presione a Chile, y por defecto a Inglaterra en el caso argentino, tendiente a abrir un diálogo orientado a la renegociación del Tratado de 1904, como efectivamente lo aseveró Morales.

La puesta en escena realizada por el gobierno boliviano le permite generar condiciones de adhesión interna hacia un escenario de reelección para el 2014.

A nivel regional aprovecha el interés que despierta la última fase en el litigio presentado por Perú ante La Haya, lo que asegura a Bolivia tribuna y espacio medial para presionar políticamente a Chile. En este contexto la utilización del caso del Canal de Panamá sirve como argumento para sus fines.

A lo anterior se debe adicionar el férreo cuestionamiento a la OEA y sus instituciones, donde la crítica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se articula sobre el eje de su irrestricta defensa de la libertad de expresión.
De esta forma Bolivia plantea una paradoja, por una parte deslegitima a la OEA como espacio de convergencia y, por otra, utiliza su cobertura para plantear sus demandas y propuestas, con lo cual socaba el sistema regional desde el interior, logrando además una expectación mediática que consolida una estrategia simple pero efectiva: sensibilizar políticamente a una opinión pública regional al instalar sus temas en los ámbitos de la injusticia y la victimización.

Consecuencia de la anterior, es esperable que Bolivia mantenga su estrategia político mediática en los demás foros regionales e internacionales, desplegando un accionar político tendiente a neutralizar el argumento jurídico de Chile, aprovechando que este se encuentra sometido a una evaluación por parte de la Corte de La Haya en virtud de la demanda peruana.