Si lee con alguna frecuencia esta columna tal vez recuerde que en ella sostuvimos que, en lo que respecta al conflicto comercial entre China y los Estados Unidos, lo más probable era que se alcanzara un acuerdo hacia fines de 2019 que redujera las tensiones entre las partes. Pues bien, China y los Estados Unidos alcanzaron en 2019 un acuerdo parcial que deberá suscribirse en enero de 2020. La pregunta ahora sería, ¿qué sigue a futuro?

Lo primero que habría que recordar es que, incluso en los casos en los que suscribió acuerdos en materia de comercio, la Administración Trump continuó lanzando amenazas de sanciones comerciales contra sus socios por razones ajenas al contenido de esos acuerdos. En el caso de México, por ejemplo, después de suscrito el acuerdo que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (pero antes de su ratificación por el Congreso), la Administración Trump amenazó al gobierno de México con aranceles punitivos si ese país no resolvía el problema de los migrantes que intentan ingresar de manera indocumentada a los Estados Unidos desde territorio mexicano. Japón, por su parte, suscribió un acuerdo comercial favorable a los intereses estadounidenses para evitar sanciones, sólo para descubrir que estas volvían a entrar en agenda por temas tales como la contribución japonesa al financiamiento de las bases militares estadounidenses en su territorio. Si se pregunta qué podría llevar a la Administración Trump a aplicar sanciones contra China por razones ajenas a los temas comerciales, le ofrezco dos posibles respuestas: el Acta sobre la Democracia y los Derechos Humanos en Hong Kong y el Acta sobre la Política de Derechos Humanos hacia los Uigur, ambas aprobadas hacia fines de 2019 por el Congreso de los Estados Unidos.

La otra fuente probable de sanciones contra China son los temas comerciales en conflicto que no resolvió el acuerdo parcial que estaría a punto de suscribirse. Como vimos en columnas anteriores, dos de las demandas que planteó la Administración Trump para justificar las sanciones contra China (es decir, respetar los derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses y que no se exija a empresas extranjeras transferir tecnología para poder acceder al mercado chino), son cada vez menos relevantes. En realidad, más allá de Trump, la prioridad del gobierno de los Estados Unidos no es impedir que empresas chinas adquieran tecnologías ya existentes de sus pares estadounidenses, sino que produzcan nueva tecnología de punta con el respaldo de su propio gobierno.

Es decir, lo que realmente preocuparía a los Estados Unidos es que empresas como Huawei consigan el liderazgo en la producción y comercialización de avances tales como la tecnología 5G con respaldo del gobierno chino. Estamos hablamos de la quinta generación en redes de telecomunicaciones, superior a la tecnología 4G no sólo por ser bastante más rápida sino además por permitir nuevos usos.

Por ejemplo, según un reportaje del diario The Wall Street Journal, para propósitos como ese la empresa china Huawei habría recibido en décadas recientes subsidios directos o indirectos del gobierno chino por setenta y cinco mil millones de dólares. Según el reporte, esos subsidios consistirían en exoneraciones tributarias, créditos en condiciones preferenciales y la provisión de bienes y servicios a precios por debajo de sus niveles de mercado.