El crecimiento sigue y es previsible que los estados busquen un mayor endeudamiento ante el impacto negativo que las haciendas estatales sufrieron debido a la baja en los precios del petróleo y la consecuente disminución en las participaciones que se habían proyectado para 2016 (9% menos tan sólo en enero de este año).
Así comienzan los problemas en muchos campos de política pública: el número de comisionados sindicales en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no fue problema hasta que escaló y llegó a 20 mil; la edad de jubilación de los trabajadores no fue problema cuando bajó de 65 a 64 o a 63 años, hasta que llegó a los 55 y el esquema de pensiones reventó; el dinero que se entregaba a los grupos parlamentarios no parecía excesivo, hasta que se descubrió que alcanzaba 25% del presupuesto del Congreso.
La peligrosidad de la deuda de los estados no se determina únicamente por el monto y el ritmo de su crecimiento, sino por la forma en que se contrata, se procesa, se utiliza y se esconde. La deuda de los estados es, digámoslo con todas sus letras, un jugoso negocio para los gobernadores y en el que frecuentemente incurren, cayendo así en la clásica definición de corrupción: el uso de recursos públicos para beneficio privado.
Lo vimos con el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien hizo crecer la deuda del estado de 323 a 36.500 millones. Lo vemos en Veracruz, estado con una deuda de 37,4 mil millones más "un pasivo circulante que no fue precisado". Lo vemos ahora en Puebla -de una manera, si se quiere, más sofisticada- pues, aunque sólo se reconoce una deuda por 5 mil 900 millones (Imco), hay, cuando menos, otros 26 mil millones (Facultad de Economía UAP) que se disfrazan detrás de un esquema llamado Proyecto de Prestación de Servicios para que las obligaciones financieras que adquiere el estado no se reflejen como deuda estatal, aunque lo cierto es que no dejan de ser pasivos.
Más escandaloso aún es el modus operandi que ha puesto al descubierto el amparo interpuesto por el Dr. Enrique Cárdenas en donde se muestra que el impuesto del 3% sobre la nómina que se cobra en Puebla no llega a la Tesorería del Estado, sino que pasa directamente a un fideicomiso encargado de pagar a proveedores y contratistas de proyectos que han sido autorizados por el secretario de Finanzas. O sea, el 3% del impuesto sobre la nómina es afectado en su totalidad para el fin que decida el gobernador, y sin ningún escrutinio, ya que al lavar este dinero por fuera de las finanzas públicas no hay que transparentar ni rendir cuentas. Mírese como se mire, el fideicomiso se convierte en garantía de pago a cargo del ingreso que se generan por el impuesto sobre la nómina; mírese como se mire, las obligaciones millonarias a no sabemos cuántos años son pasivos del Estado.
El mecanismo está relativamente blindado, pues el gobernador y sus compinches en el Congreso local tuvieron y ejecutaron la idea de incorporar a la legislación la figura de los Proyectos de Inversión y de cambiar también las leyes de Presupuesto, de Deuda y de Obra Pública. Gracias a estos cambios, basta un dictamen de la Secretaría de Finanzas para afectar los ingresos del estado como fuente de pago o garantía de todo tipo de obligaciones del gobierno del Estado y para desclasificar los proyectos de infraestructura como deuda.
Esta figura y los cambios legales que la acompañan pueden ser, tal como lo ha mostrado el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, “contrario(s) a las disposiciones constitucionales en materia de deuda pública, así como a los criterios obligatorios que ha establecido la Corte”. De esta forma, es evidente que todo el esquema es una triquiñuela -mejor llamada red de corrupción- para ganar discrecionalidad en la asignación del presupuesto, esconder el monto real de la deuda pública y sustraerse al escrutinio del gasto público.
Puebla no es el único estado que ha intentado con éxito fórmulas para esconder la deuda. Actualmente, hay en curso investigaciones similares en Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila. A estas fórmulas novedosas se agregan otras como las reveladas la semana pasada por la Auditoría Superior de la Federación: un subejercicio en la Cuenta Pública del 2014 por un monto de 63 mil millones, con el consecuente incumplimiento de metas y objetivos de los programas, así como la posibilidad de un ulterior uso indebido de los recursos. No es que haya que cifrar demasiadas esperanzas en ella, pero sí hay que hacer notar en este contexto que la Ley de Disciplina Financiera sigue en la congeladora.
Si sumáramos todos los quebrantos al patrimonio público que ha revelado la ASF, se vale preguntar, ¿habría sido necesario el recorte por 132 mil millones recién anunciado por el gobierno?
*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.
