No se trata en absoluto de un triunfo de las protestas sociales, por el contrario. La cancelación de las cumbres no hará que las exigencias justificadas de los manifestantes, en su mayoría pacíficos, vayan a ser satisfechas más rápidamente o de mejor manera. Aun cuando el presidente chileno haya vendido su decisión de ese modo, la verdad es que su Gobierno está cediendo ante la violencia de una pequeña pero brutal minoría. Una minoría de la cual, hasta el momento, la mayoría pacífica de los manifestantes no se ha distanciado, y que en los medios ha recibido demasiado poca atención.

Los enmascarados, que no solo tiran piedras y palos, sino que también han destruido deliberadamente casi todas las estaciones del metro de Santiago de Chile, han saqueado los supermercados y las tiendas, y han incendiado edificios de varios pisos, con gran número de personas adentro, son los que ganaron. A su cuenta van, según informaciones actuales, la mayoría de las víctimas mortales de las últimas semanas, y también una gran parte de los heridos. Y ahora también han logrado demoler perdurablemente la imagen de Chile en el mundo, dañar sus relaciones económicas y, con eso, hacer que el bienestar, que debería distribuirse de manera más justa, disminuya.

Puede que el Gobierno chileno ahorre un poco con la anulación de estos dos grandes eventos, sin embargo, los más de 1.200 millones de dólares de los daños provocados por los violentos no lo compensa. Mucho peores son las consecuencias a largo plazo. ¿Quién querrá invertir en un país que debe cancelar una cumbre económica porque no logra controlar los problemas de seguridad? ¿Y a quién se le ocurriría llevar a cabo otros eventos de esa envergadura en América Latina? La COP25 acaba de recibir una negativa del presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, para quien el cambio climático no existe. Luego, recibió una postulación de Costa Rica, que no cuenta con las capacidades para realizarlo. Y ahora, Chile.

La cancelación de la COP25 podría hacer incluso que los activistas climáticos más intransigentes se alegren, pero también plantea, de hecho, otra cuestión: si es necesario que miles de personas tengan que volar a través del planeta justamente para asistir a una cumbre sobre la protección del clima. Sin embargo, la próxima pregunta sería quién deberá hacerse cargo de la urgente implementación de los objetivos climáticos si no es la clase política. Y cabe preguntarse también qué tiene de positivo renunciar a una cumbre cuya planificación ya tuvo tan altos costos. Tampoco los protectores del medioambiente tienen motivo alguno para alegrarse en secreto.

Muy por el contrario, los sucesos en Chile son motivo de preocupación para todos aquellos que aspiran a alcanzar sus objetivos con manifestaciones pacíficas, ya que la violencia ensucia también sus metas y provoca resistencia en quienes, en principio, podrían solidarizarse con ellos. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, está cayendo bruscamente en las encuestas. Pero la declaración del estado de excepción y la imposición del toque de queda contó con la aprobación de la mayoría de los chilenos, y eso, a pesar de las experiencias de la dictadura, que hacen que la presencia de militares en las calles sean algo especialmente problemático en Chile. Piñera levantó esas medidas tan pronto como la gente volvió a manifestarse pacíficamente, con el resultado de que, ya al día siguiente, los enmascarados aparecieron otra vez, y la violencia volvió a dominar la escena de las protestas.

Si los manifestantes llevan consigo bidones de combustible, ya no se puede hablar de una expresión espontánea de descontento social, y las protestas legítimas acaban allí donde los saqueadores están al mando. En Chile, una pequeña minoría paralizó ex profeso al Estado, obligándolo a tomar una decisión que no beneficia a nadie. Si este tipo de situación se vuelve la regla en el futuro, ya no está en serio peligro solo el derecho a manifestarse, sino también la democracia.